Latest Event Updates
Conciliación y teletrabajo
Cada vez se demandan más mecanismos de conciliación efectivos.
La digitalización del trabajo ha mostrado la relevancia del Trabajo a distancia (TAD) para la conciliación.
Uno de los efectos indirectos que desencadenó el confinamiento durante la pandemia fue la digitalización. El teletrabajo fué la principal herramienta para permitir el cuidado de menores y enfermos confinados sin necesidad de suspender la prestación laboral. Tras la pandemia, muchos teletrabajadores están volviendo a sus centros de trabajo pero la sociedad sigue demandando mecanismos de conciliación que permitan a las personas trabajadoras compatibilizar su vida profesional y personal donde el teletrabajo ha demostrado ser una de las herramientas más prácticas.
En este contexto aparece la nueva ley de trabajo a distancia, la Ley 10/2021 pero las reticencias empresariales hace que las cuotas de TAD se están concertando por debajo de los umbrales previstos en el art. 1.
El TAD como mecanismo de conciliación es un derecho de la persona trabajadora regulado en el ET. Así la Ley 10/2021 se convierta en una ley transversal que refuerza las garantías legales de igualdad y no discriminación y que tiene, como una de sus finalidades, el TAD como medida de conciliación (Art. 4.5) para la que remite a la normativa ordinaria (DF 2.2).
El teletrabajo como medida de conciliación no surge de la libre concurrencia de voluntades sino que es un derecho de la persona trabajadora relacionado con los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación y por tanto es una obligación empresarial dar una respuesta práctica y proporcionada a esta necesidad.
El Art 34.8 del ET introduce el “derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.” en línea con la Directiva UE 2010/18.
Se pueden establecer criterios para su trámite en la negociación colectiva, pero si este no existe se solicitará por escrito podrá solicitar la adaptación de su jornada, por escrito abriéndose un proceso de negociación de un máximo de 30 días tras el cual la empresa comunicará su decisión. En caso de desacuerdo se puede impugnar la decisión en la Jurisdicción Social (art.139 Ley 36/2011).
Las resoluciones judiciales siguen una línea constante que se concreta en las circunstancias del caso analizado y que tienen como referente la ponderación entre la naturaleza y finalidad del derecho conciliatorio y la adaptación del mismo a la organización y capacidad productiva de la empresa.La denegación de la prórroga del teletrabajo al amparo de la normativa COVID considera que los criterios para su implantación no son los mismos que los del ET para el teletrabajo como medida de conciliación ordinaria por lo cual no se considera un derecho preferente continuar teletrabajando. Dependiendo del tiempo de teletrabajo pactado será de aplicación o no la Ley 10/2021.
Municipalismo libertario
En el anterior artículo se llegó a vislumbrar el teletrabajo como potencialmente revolucionario en una sociedad en la que está colapsando el sistema capitalista concentrado en megaurbes pobladas por personas trabajadoras cada vez más infelices. Y como signo de ello hablamos del fenómeno de “la gran renuncia”. Hablábamos también de como el trabajo a distancia permite una parcial liberación de los actuales centros de trabajo donde impera la jerarquía y la dominación. El nomadismo y la posibilidad de abandonar la megaurbe que facilita el teletrabajo puede ser la oportunidad para que los libertarios encuentren su asiento en municipios donde poner en práctica las teorías municipalistas.
Pero, ¿qué es el municipalismo libertario? Nos valdremos de las ideas del ecoanarquista Murray Bookchin para responder a esta pregunta.
El proceso general de “comunalización” sería un proceso que se expresa en la capacidad de autoorganización colectiva que emana directamente de la propia libertad de los individuos. Más concretamente, el municipio será la unidad de convivencia básica que puede facilitar que ese proceso de comunalización fluya y adopte la forma de democracia directa en asambleas municipales y, yendo más allá, creando un espacio de interacción racional, ética y pública. El municipalismo libertario se construye como política orgánica, es decir, como una política que emerge de la base de una asociación cooperativa humana, dirigiéndose hacia la creación de un auténtico cuerpo político y de formas participativas de ciudadanía.
De una forma más sencilla lo explica Janet Biehl: el lugar de partida del municipalismo libertario es una comunidad de individuos cuyas viviendas están dispuestas en torno a un espacio público (una plaza, un parque, una calle concreta y diferenciada) donde la vida privada se transforma en vida pública. Aquí la gente se encuentra regularmente y “cara a cara”. La proximidad residencial y los problemas e intereses comunes son los que constituyen la vida cívica compartida. Este sería el embrión del ámbito político de la comunidad. Las personas se transforman de individuos aislados a ciudadanos interdependientes y comprometidos con el bienestar común. Crearán instituciones políticas, o transformarán las existentes, que se regirán por la participación comunitaria, recuperando así la capacidad de autoorganización.
De la utopía a la posibilidad real.
El municipio libertario ha sido hasta ahora un lugar prácticamente utópico. Principalmente por la dificultad de tener unos ingresos dignos procedentes del campo o de la artesanía. La pequeña comunidad sólo tiene cabida en el ámbito rural (aunque también pueda desarrollarse en los barrios de las ciudades), donde el principal problema era la sostenibilidad económica. Las posibilidades económicas que ofrece la agricultura y ganadería de subsistencia son escasas. Las necesidades básicas actuales para el desarrollo personal y familiar no se pueden cubrir con un empleo rural a no ser que se posean grandes cantidades de terreno. Sin embargo, el teletrabajo permite unos ingresos procedentes del exterior que harían sostenible la vida en el municipio y que muy pronto empezarían a repercutir en su interior. A estos ingresos habría que añadir las posibilidades de autonomía que se podría alcanzar a nivel alimentario y energético con las consiguientes repercusiones medioambientales. Las posibilidades asociativas surgirían a todos los niveles ayudadas por el aumento de tiempo libre que implica la vida en un pequeño municipio.
Después de una gran crisis económica que comenzó en el 2008, después de una pandemia que comenzó en el 2020 y con el comienzo ahora de una guerra en Europa, se espera una transformación profunda donde cobra más importancia un municipalismo donde la verdadera democracia vuelva a tomar fuerza. Vivimos en una situación de distintas crisis que se solapan y que parecen dirigirse hacia el colapso. Desde el 2008 vemos cómo la desigualdad económica y la pobreza va creciendo haciendo cada vez más evidente “la explotación del hombre por el hombre” (Marx). Desde el 2020 padecemos una pandemia cuya causa se relaciona con la pérdida de biodiversidad haciendo cada vez más evidente el “alcance destructivo del hombre sobre la naturaleza” (Boockchin). Ahora una guerra generada por una potencia nuclear evidencia el poder destructivo que tiene “el hombre sobre el hombre” (Se utiliza el término hombre en el sentido que le da la filosofía, es decir, idéntico al ser humano).
Una eco-comunidad municipal democrática permite un equilibrio con la naturaleza y posibilita la cooperación e igualdad. Y ahora es posible gracias a que la tecnología digital permite la información y el trabajo a distancia. La ecotecnología permite una autonomía mediante energía solar o eólica y aplicable también a la alimentación sana mediante huertos inteligentes y ecológicos. Permite sobre todo recuperar la libertad política, que es la libertad para poder decidir sin delegar en nadie el rumbo de nuestro destino en comunidad.Puede parecer que esto sería para unos pocos, solo para los trabajos que puedan admitir el teletrabajo y solo para aquellos que opten por lo rural. Pero se trataría de algo mucho más amplio (Por ejemplo: jubilados compran una aldea), donde todas las personas ganarían, sería una oportunidad para que los trabajadores y trabajadoras volvieran a tomar conciencia de clase y recuperasen la solidaridad y la capacidad de transformar la sociedad; un éxodo a lo rural supondría un semivaciamiento de lo urbano que haría las ciudades más habitables y saludables, donde también habría más posibilidades de crear espacios de participación política en los barrios. El crecimiento en población de los pequeños municipios rurales también generaría nuevos puestos de trabajo por la necesidad de servicios. El desarrollo más detallado de estas posibilidades lo dejamos para otro artículo. Continuará.
PERTEs relacionados con el Metal
La estrategia española para canalizar los fondos europeos por la crisis del COVID-19 está en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, a través de reformas e inversiones, pretende construir un futuro más sostenible. Uno de sus mecanismos son los PERTEs que financiarán el sector del metal los próximos años.
Un PERTE es un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica. Son concebidos como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado.
Estos proyectos tienen un alto componente de colaboración público privada y transversales a las diferentes administraciones e incluyen grandes financiaciones públicas por lo que son aprobados por el consejo de ministros.
El registro de empresas interesadas en los PERTE (REPERTE), no exento de incertidumbres, incluirá la inscripción de todas las entidades, públicas o privadas que hayan sido acreditadas por algún departamento ministerial como interesadas en un PERTE aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros y que cumplan las condiciones técnicas, económicas y jurídicas exigibles.
El objetivo del Gobierno es publicar convocatorias y licitaciones relativas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por valor de 24.000 millones de euros en el primer semestre de 2022.
Hasta el momento están aprobados 6 PERTEs de los cuales los siguientes son relativos a el sector del metal:
- PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado: La creación del ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados mediante el impulso a la industria del automóvil.
- PERTE para la industria naval: Diversificar el sector naval hacia nuevos productos, su digitalización, la mejora de su sostenibilidad medioambiental y la capacitación de sus empleados.
- PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento: Apuntalar áreas asociadas a la transición energética como las energías renovables, la electrónica de potencia, el almacenamiento o el hidrógeno renovable.
- PERTE Economía circular: Lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.
- PERTE Aeroespacial (en estudio): Mejorar y generar capacidades tecnológicas e industriales en el sector aeroespacial, así como avanzar en un mejor posicionamiento estratégico de la industria radicada en España.
Transversalidades: Salud-energía-guerra
Las guerras y la contaminación son causantes de muchas de las muertes, enfermedades.
La contaminación nos mata lentamente y mata a nuestro planeta; la producción y distribución de petróleo y gas está detrás de muchos de los conflictos armados y violaciones de los derechos humanos.
Detrás de todo esto están las grandes empresas energéticas y la geopolítica que estas dictan a los estados.
9 millones de muertes (una de cada seis) en el mundo en 2021 estuvieron relacionadas con enfermedades causadas por la contaminación (ONU). Las víctimas de los 34 conflictos armados registrados durante el 2020 son difíciles de obtener pero han sido más de 60.000 y 235 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria en 2021 (ECP). Contaminación, guerras y cambio climático son consecuencias de nuestro sistema de consumo.
La quema de combustibles fósiles crea contaminantes conocidos como partículas finas, de menos de 2,5 micras, que pueden transferirse directamente al torrente sanguíneo en los pulmones. Una vez absorbidos por el cuerpo, promueven enfermedades cardíacas y pulmonares, que producen enfermedades y, en algunos casos, causan la muerte. Las enfermedades atribuidas a las partículas finas tienen consecuencias económicas como facturas médicas, pérdida de ingresos y reducción de la productividad (estudio del MIT).
Pero la relación entre los tres fenómenos no termina ahí ya que buena parte de las causas de los conflictos armados tienen de telón de fondo el control de la producción y distribución energética, siendo el consumo de energía la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero derivada de las actividades humanas y el cambio climático (Agencia Europea del medio ambiente).
Los combustibles fósiles, incluidos el carbón, el petróleo y el gas, todavía suministran más del 80% de la energía primaria consumida. En los 60 los avances en el abastecimiento, el transporte y la refinación de petróleo y gas permitieron que esos combustibles de alta densidad energética superaran al carbón y se convirtieran en la principal fuente de energía.
La producción y el consumo energético está bastante desequilibrado y ciertas zonas como Europa y Asia necesitan importantes trasvases de energía de las zonas productoras. La grán mayoría de este trasvase se produce por medio de 290 millones de kilómetros de oleoductos y 957 de gaseoductos que atraviesan 162 países. Las empresas que poseen la mayoría de estas infraestructuras son de EEUU, Canadá, Rusia y China. Esta red tiene más de 200.000 km de expansiones planificadas con un coste estimado de 1 billón de dólares. Estos proyectos están muchas veces detrás de los conflictos armados y violaciones de derechos humanos en los países por los que discurren (Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Chechenia, Líbano, Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán-Armenia, Georgia, El Magreb, Asía central, Ucrania, etc. El trazado y control de estas infraestructuras tiene un gran valor geopolítico lo que hace que las grandes potencias actúen con todos sus recursos muchas veces a costa del sufrimiento de las poblaciones por donde estos discurren.
Precios, salarios y otras zarandajas
Las crisis han hecho disminuir el poder adquisitivo de la mayoría de la población en un 5%. Pero las crisis sobre todo sirven para redistribuir la riqueza aumentando las desigualdades.
El IPC se ha disparado y con una tasa interanual en marzo del 9,8% debido a un encarecimiento es generalizado de la mayoría de productos, pero sobre todo en alimentos y energía. El IPC Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 9,8% . En enero fue del 7,2% en la OCDE. En marzo veremos los efectos de la guerra de Ucrania (precios) y del paro de los transportistas.
La gran mayoría de los trabajadores y pensionistas han reducido su poder adquisitivo entre un 7,8-9,8%. La subida salarial media de los 1.694 convenios activos alcanzó solo el 2,26%. Las cláusulas de garantía salarial desaparecieron de muchos convenios y solo están presentes en el 16%. Los incrementos para los trabajadores públicos han sido del 2%, las pensiones contributivas un 2,5% y las no contributivas y el IMV un 3%. Las medidas paliativas son solo temporales.
La situación empeorará para la gran mayoría. Solo el 30% de los trabajadores con convenio registrado este año (se espera el 50% en todo el 2022) tienen cláusula de garantía salarial . El Banco de España está en contra de estas garantías. La inflación hará que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca la compra de bonos y suba los tipos de interés lo que supondrá que mayor rentabilidad del dinero, hipotecas más caras y el empleo crece menos.
A causa de la guerra en Ucrania, «Europa se encuentra ya probablemente en recesión» y esto agravará la dinámica descrita.
Pero las crisis son grandes redistribuciones de riqueza. Las grandes empresas utilizan su posición de ventaja para aumentar su beneficio, eliminar competidores, adquirir propiedades a precios de saldo o vender soluciones a las crisis ya se llamen inversiones, vacunas o armamento.
Durante el 2020 las tres principales eléctricas han acumulado 6.500 millones de beneficios, y el beneficio neto conjunto del IBEX35 ha alcanzado el récord de 58.543 millones. El informe sobre la desigualdad mundial 2022 indica que los ingresos del 10% más rico multiplica por seis los que obtiene la mitad de la humanidad y este 10% acumula el 76% de la riqueza global y el 50% más pobre sólo el 2%.
La guerra está abriendo oportunidades de negocio. Y después de la crisis llega la reconstrucción y la ayuda económica que se condiciona a recortes y liberalizaciones ofreciendo recursos para pagar la deuda y dando entrada a los grandes capitales con la excusa de reactivar la economía y generar empleo; pero sólo se ocupan de sus beneficios lo que aumenta la desigualdad.La ecuación inflación-salarios-interés-deuda hace que la carga de las crisis sea asumida una vez más por los que menos tienen que sufrirán en sus cuerpos, sus libertades y sus bolsillos las pandemias y guerras que sean menester para mayor beneficio de las grandes fortunas y gloría de sus políticos de turno.
Nuevos contratos temporales tras la reforma laboral 2022 (vigentes desde 30/03/2022)
Tras la reforma laboral 2022 (con efectos desde 30/03/2022) solo podrán celebrarse el contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora
– Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre (reforma laboral 2022). Se modifica el art. 15 del ET con efectos de 30/03/2022:
– Desaparecen las antiguas modalidades de contratación temporal de obra o servicio determinado, eventuales y de interinidad.
– El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.
– Solo podrán celebrarse el contrato de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.
– Se establece un régimen transitorio para los contratos de duración determinada vigentes a 31/12/2021 (D.T. 3.ª del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre): se mantendrá la regulación normativa bajo la que fueron concertados hasta duración máxima (en el caso del contrato de obra tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo).
– Se establece un régimen transitorio para los contratos de duración determinada concertado entre el 31/12/2021 y el 30/03/2022 (D.T. 4.ª del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre): se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se han concertado y su duración no podrá ser superior a 6 meses.
Continúa en: https://www.iberley.es/temas/contratos-temporales-vigentes-desde-30-03-2022-65896
El 30 de marzo, último día para dar de alta contratos de obra o servicio
Fin del contrato por obra o servicio. A partir del 31 de marzo de 2022, desaparece esta modalidad contractual, tal y como se establece expresamente en el RD-Ley 32/2021,de 28 de diciembre (nueva «Reforma Laboral).
En concreto, la Disp. Transitoria Cuarta del Real Decreto-ley 32/2021 (BOE de 30 de diciembre de 2021), establece lo siguiente:
«los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se han concertado y su duración no podrá ser superior a seis meses».
Por tanto, a partir del 31 de marzo de 2022 ya no será factible realizar un contrato temporal de obra o servicio. Y en este periodo transitorio (hasta el 30 de marzo de 2022), los contratos por obra que se formalicen no podrán durar más de seis meses.
Continúa en: http://sincrogo.com/blog/actualidad-laboral/el-30-de-marzo-ultimo-dia-contratos-de-obra/
El proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones supera su primer examen parlamentario
El proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo al rechazar la enmienda a la totalidad de devolución presentada.
Esta iniciativa tiene como objeto la modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre para «favorecer la existencia de fondos de pensiones de empleo» e impulsar su implantación efectiva.
Esto se debe, según su exposición de motivos, a que en España el nivel de ahorro a través de estos instrumentos económicos «no llega al 1% de la masa salarial de la población activa ocupada alcanzando a poco más del 10% de la población activa ocupada, mientras que en Europa el nivel de personas empleadas protegidas va en un rango amplio del 25 al 90 por ciento».
Continúa en: https://elderecho.com/proyecto-ley-plan-pensiones-congreso
Despido y detectives: Revocada la declaración de procedencia de un despido al entender que la prueba (grabaciones en el domicilio particular) vulneró el derecho a la intimidad
Recurrir a detectives para recabar pruebas que justifiquen una sanción o despido es lícito siempre y cuando se respeten una serie de requisitos (idoneidad, proporcionalidad y necesidad). A esto se suma que las pruebas no pueden haberse obtenido de forma ilícita o vulnerando el derecho a la intimidad.
En esta sentencia se revoca la declaración de procedencia del despido de un trabajador al entender que la prueba aportada (imágenes de vídeo en el domicilio particular del trabajador) vulneró el derecho a la intimidad. Al no existir otras pruebas que acrediten los hechos imputados en la carta de despido, se declara improcedente (Sent. del TSJ de Galicia de 17 de enero de 2022).
Continúa y conoce el caso enjuiciado en: http://sincrogo.com/blog/tribunales/despido-y-detectives-revocada-la-declaracion-de-procedencia-de-un-despido-al-entender-que-la-prueba-grabaciones-en-el-domicilio-particular-vulnero-el-derecho-a-la-intimidad/