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El negocio de la guerra: La asociación para la paz
Tras una supuesta tregua, como vaticinaba Gorbachov, ha estallado una fuerte confrontación entre Rusia y Occidente en Ucrania; los múltiples conflictos en Asía central, el Cáucaso y Oriente Medio se han reflejado en este conflicto que afecta directamente a Europa pero que aumentará la cuenta de resultados de algunas empresas.
El conflicto de Ucrania, como todos los conflictos, ha sido creado y será sostenido por los intereses de unas minorías que controlan los recursos, los negocios y los Estados. Nos matamos entre nosotros pero los mercaderes de muerte siempre ganan sin que el resultado del conflicto sea relevante. Abrimos esta serie de artículos para desarrollar varios aspectos de este juego macabro.
Para iniciar por algún sitio, en este continuum histórico que es la guerra y violencia, elegimos el 25/12/1991 cuando se disolvió formalmente la URSS con la independencia de sus 15 repúblicas (Armenia, Azerbaiyán, Bielorusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán). En la década de los 80, la URSS enfrenta importantes problemas de desarrollo económico y tensiones independentistas de algunas repúblicas. En 1987 se firma un acuerdo URSS-EEUU para detener y desmantelar una parte de su arsenal nuclear sovietico. En 1989 cae el bloque sovietico y se reunifica Alemania.
El 11/01/1994 queda aprobado oficialmente como programa de la OTAN la Asociación para la Paz (Partnership for Peace, PfP) incluyendo a las 15 repúblicas ex-soviéticas y otros estados europeos hasta un total de 35. Los objetivos de Asociación para la Paz son básicamente de transparencia y coordinación operativa.
A partir de 1990 el gasto militar se mantuvo una década volviendo a incrementarse a partir del año 2.000 pasando de 742 B USD a 1.900 B USD en el 2020; este gasto pasa del 3,3% del PIB al 2,3% en el mismo periodo. En el 2021 EEUU realizó el 39% del gasto militar mundial. La OTAN no ha cesado de expandirse estos años y 12 miembros del PfP procedentes del bloque sovietico (Albania, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia) se han unido a la OTAN. Ante este escenario la actuación imperialista de Rusia no es, como argumenta Taibo “el resultado de políticas occidentales caracterizadas por la prepotencia y la agresividad.”
El momento elegido por Rusia es crítico: una presidencia debilitada en EEUU, crisis energética en Europa y el reto de la recuperación de una pandemia para todos.
La guerra de Ucrania está aumentando el ritmo del rearme y la OTAN trata de recuperarse de su profunda crisis. Los mensajes belicistas están siendo utilizados por los Estados para olvidar actuaciones reprobables durante la pandemia, pedir más esfuerzo a sus ciudadanos e incluso para reprimirlos de forma más contundente si fuera necesario. Pasamos de una emergencia sanitaria a una bélica que, si gestionamos bien, representará un nuevo retroceso para la mayoría de la sociedad.
Visibilizar a las personas refugiadas
Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional. La definición de refugiado se puede encontrar en la Convención de 1951 y en los instrumentos regionales relativos a los refugiados, así como en el Estatuto del ACNUR.
Según ACNUR a finales del 2020 había 82,4 millones de personas refugiadas (alrededor del 1% de la población mundial). Los principales países de origen eran Siria (6,7 M), Venezuela (4 M), Afganistan (2,6 M) y Myanmar (1,1 M). El conflicto de Ucrania ya suma 3,5 M ese año. Los refugiados palestinos de la UNRWA son 5,7M. El 73% de estas personas son acogidas en países vecinos y los niños representan el 42% (son el 30% de la población mundial). Estas cifras son publicadas anualmente en los reportes de Tendencias Globales y Llamamiento Mundial.
España concedió 4.359 estatutos de refugiado en 2020, 1.401 solicitudes de protección subsidiaria (no reúnen los requisitos de refugiadas pero el regreso a su país de origen podría suponerles daños graves) y se recibieron 88.826 solicitudes de protección internacional. Informe AIDA.
Extranjería tiene más de 165 mil expedientes sin resolver en España, con retrasos importantes de hasta 150 días ( la ley marca 90 días de límite). La crisis de Ucrania ha aumentado estas cifras con 10 millones de desplazados, 4 de refugiados, de los cuales 10.000 están protegidos en España y se prevé escolarizar a 100.000 menores) y mostrado el doble rasero de Europa para los ucranianos.
Las personas refugiadas son invisibilizadas, estigmatizadas y excluidas:
- 50% a favor de cerrar las fronteras
- Abandono en campos de refugiados
- Uso excesivo de la fuerza
- Devoluciones masivas
- Devoluciones en caliente
- Mafias de tráfico de refugiados
- Dificultades para ser acogidos
- Centros de detención: Australia, Grecia, Israel, ..
- Malos tratos en los CIEs de España
- Consideración de refugiados a las victimas de trata de personas
- Trata y explotación de refugiados
- Problemas sociales
- Exclusión sanitaria
- Acceso a la vivienda
- Exclusión bancaria
Dificultades presentes siempre en los refugiados de la frontera Sur que cuya desesperación será respondida con la repatriación.
Absolución a los 6 de Zaragoza
El caso de los 6 de Zaragoza ha sido denunciado en distintas ocasiones , en las calles e instituciones, pero el TSJA eleva de seis a siete años de prisión a 4 de los 6 compañeros antifascistas de Zaragoza.
El Tribunal de Justicia de Aragón ha endurecido, aún más, las condenas contra cuatro de los seis antifascistas acusados por desorden público y atentado hacia la autoridad, sin pruebas evidentes, tras participar en una manifestación en Zaragoza, contra un acto organizado por el partido ultraderechista Vox.
La condena se eleva de seis a siete años de prisión y una multa de 20.516 euros como responsabilidad civil.
La Plataforma de Madres y Padres por la Absolución de los 6 de Zaragoza junto a la Coordinadora Antifascista de Zaragoza mantienen una campaña para dar a conocer el caso y pedir la absolución de los 6 compañeros antifascistas.
Somos testigos, una vez más, de la desproporción y de la injusticia con la que se trata al moviento antifascista por parte del sistema judicial en el Estado Español.
Se ha recordado en varias ocasiones que las pruebas que se ofrecen en el juicio no son válidas, ya que no son capaces de identificar la presencia de estos jóvenes antifascistas en los altercados de los que se les acusa.
No podemos obviar que la Audiencia de Zaragoza está presidida por el magistrado Carlos Lasala, cuyo historial está vinculado desde hace décadas con un sistema judicial que persigue y condena la movilización social.
Javitxu, uno de los seis antifascistas procesados, solicita ayuda en la difusión de este caso en este video, llamando a la solidaridad para que se conozca esta nueva injusticia hacia el movimiento antifascista.
Desde CGT Metal Madrid, volvemos a denunciar la persecución, represión y hostigamiento que sufren los movimientos antifascistas, sindicatos alternativos, feministas, artistas comprometidos, y cada vez un más largo etc, por parte del aparato judicial y policial del Estado español, amparados, una vez más, por una ley mordaza que queda lejos de su más que prometida derogación.
¡Son inocentes porque no hay pruebas objetivas. Y no las hay porque son inocentes! ¡¡Absolución a los 6 de Zaragoza!!
El derecho de información
El derecho de información “pasiva”, es decir, el derecho a recibir información que ostentan los representantes de los trabajadores se recoge principalmente en el Art 64 ET.
Se entiende por información “la transmisión de datos por el empresario al comité de empresa, a fin de que este tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen”. También exige que “el empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores”.
La jurisprudencia ha fijado ciertos aspectos:
- La obligación de información por escrito (aunque algunas sentencias limitan esta exigencia a solo algunas cuestiones).
- Momento, manera y con un contenido apropiado que permita proceder a su examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe correspondiente.
- El derecho de información implica una limitación del derecho de dirección del empresario. No deberá interferir más de lo necesario en lo que es competencia del empresario, ni podrá superar los límites fijados por la ley o por el convenio.
- En cada caso concreto se ha de analizar la procedencia de la entrega o no de un documento solicitado valorándose si la información es necesaria para la finalidad concreta.
La falta de información se califica como infracción grave (Art. 7.7 LISOS) con sanciones de 701 € hasta 7.500 € según su graduación.
Contenido del derecho de información
- Situación económica de la empresa (Art. 64 ET): Evolución general del sector, situación económica de la empresa, evolución reciente y probable de sus actividades, actuaciones medioambientales, producción y ventas, incluido el programa de producción. Balance, memoria y cuenta de resultados y demás documentos que se den a los socios., y en las mismas condiciones que a éstos.
- Contrataciones (Art. 64 ET): Copia básica de los contratos, situación de la plantilla y evolución del empleo, previsión de nuevos contratos, contratos a tiempo parcial, previsión de horas complementarias, prórrogas y denuncias. Modelos de contratos de trabajo y documentos de terminación de la relación laboral. Contratos celebrados con TRADES (12.1 LETA y Art. 7 RD 197/2009). Contratos de puesta a disposición y motivo de utilización y copia básica (Art. 9 LETT). Horas extraordinarias (DA 3.ª b) RD. 1561/1995. Contratas y subcontratas Art. 42.4 ET.
- Índice de absentismo y las causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Art. 64.2 ET): Siniestralidad, estudios del medio ambiente laboral y mecanismos de prevención.
- Igualdad (Art. 64.3 ET): Proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles, medidas para fomentar la igualdad e información sobre el plan de igualdad,en su caso. Registro retributivo (RD 902/2020). Información para elaborar el Plan de Igualdad (RD 901/2020).
- Sanciones (Art. 64.4 ET): Sanciones impuestas a los trabajadores por faltas muy graves.
- Modificación de condiciones laborales: Trabajos de categoría inferior (Art. 39.2 ET), traslados individuales (Art. 40.1 ET), desplazamientos temporales (Art. 40.4 ET), modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter individual (Art. 40.3 ET).
- MSCT colectivas, EREs y ERTEs: De acuerdo con el Art. 41 ET para MSCT y RD 1483/2012 para ERE/ERTEs.
Transmisión de empresas (Art. 44.6 ET): Fecha, motivos, consecuencias jurídicas, económicas y sociales y medidas sobre los trabajadores
Reingreso tras excedencia voluntaria
“El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.” (Art 46.2 ET).
El Art 46.5 ET establece que “El trabajador en excedencia voluntaria conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.” Esto supone que debe existir cierta equivalencia entre la plaza dejada en excedencia y que se pueden considerar las de toda la empresa.
Finalizada la excedencia voluntaria y solicitada la reincorporación, el trabajador tiene derecho al reingreso siendo éste un derecho potencial o expectante, condicionado a la existencia de vacante en la empresa, y no un derecho incondicional. Recomendamos que las comunicaciones no se hagan por medio de mensajería instantánea mail. Para una mayor certeza de las comunicaciones, en caso de judicialización del asunto, ello debe hacerse mediante burofax.
Si tras haber solicitado la reincorporación, la empresa ocupa alguna plaza equivalente se puede demandar a la empresa que tendría que despedirte (con la indemnización que corresponda) o reingresarte en cualquier centro de trabajo.
Jurisprudencia marzo 2022
- TJUE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el derecho de las empleadas de hogar a la protección por desempleo
- TJUE. Cuando un trabajador, incluso en prácticas, deviene definitivamente no apto para ocupar su puesto debido a la aparición de una discapacidad, un cambio de puesto puede ser un ajuste razonable si no supone una carga excesiva para el empresario
- TS. La cesión ilegal de trabajadores efectuada por una ETT debe sancionarse como falta muy grave (art. 8.2 LISOS) y no como grave (art. 18.2 c) LISOS)
- TS. El complemento por maternidad (ex art. 60 LGSS) debe ser reconocido a los hombres con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante.
- TS. Es nulo el despido de una mujer que se produce tras anunciar que va a contraer matrimonio solicitando los correspondientes días de permiso
- TS Excedencia voluntaria. Solicitud de reingreso que es negada por inexistencia de vacantes, advirtiendo de que, si se produjese, se la comunicaría para ocuparla. Centro de trabajo cerrado existiendo otros en la empresa. No cabe entender que se ha producido despido
Análisis de CGT de febrero (todos los análisis incluyendo sentencias). Base de datos de la FESIM
Conciliación y teletrabajo
Cada vez se demandan más mecanismos de conciliación efectivos.
La digitalización del trabajo ha mostrado la relevancia del Trabajo a distancia (TAD) para la conciliación.
Uno de los efectos indirectos que desencadenó el confinamiento durante la pandemia fue la digitalización. El teletrabajo fué la principal herramienta para permitir el cuidado de menores y enfermos confinados sin necesidad de suspender la prestación laboral. Tras la pandemia, muchos teletrabajadores están volviendo a sus centros de trabajo pero la sociedad sigue demandando mecanismos de conciliación que permitan a las personas trabajadoras compatibilizar su vida profesional y personal donde el teletrabajo ha demostrado ser una de las herramientas más prácticas.
En este contexto aparece la nueva ley de trabajo a distancia, la Ley 10/2021 pero las reticencias empresariales hace que las cuotas de TAD se están concertando por debajo de los umbrales previstos en el art. 1.
El TAD como mecanismo de conciliación es un derecho de la persona trabajadora regulado en el ET. Así la Ley 10/2021 se convierta en una ley transversal que refuerza las garantías legales de igualdad y no discriminación y que tiene, como una de sus finalidades, el TAD como medida de conciliación (Art. 4.5) para la que remite a la normativa ordinaria (DF 2.2).
El teletrabajo como medida de conciliación no surge de la libre concurrencia de voluntades sino que es un derecho de la persona trabajadora relacionado con los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación y por tanto es una obligación empresarial dar una respuesta práctica y proporcionada a esta necesidad.
El Art 34.8 del ET introduce el “derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.” en línea con la Directiva UE 2010/18.
Se pueden establecer criterios para su trámite en la negociación colectiva, pero si este no existe se solicitará por escrito podrá solicitar la adaptación de su jornada, por escrito abriéndose un proceso de negociación de un máximo de 30 días tras el cual la empresa comunicará su decisión. En caso de desacuerdo se puede impugnar la decisión en la Jurisdicción Social (art.139 Ley 36/2011).
Las resoluciones judiciales siguen una línea constante que se concreta en las circunstancias del caso analizado y que tienen como referente la ponderación entre la naturaleza y finalidad del derecho conciliatorio y la adaptación del mismo a la organización y capacidad productiva de la empresa.La denegación de la prórroga del teletrabajo al amparo de la normativa COVID considera que los criterios para su implantación no son los mismos que los del ET para el teletrabajo como medida de conciliación ordinaria por lo cual no se considera un derecho preferente continuar teletrabajando. Dependiendo del tiempo de teletrabajo pactado será de aplicación o no la Ley 10/2021.
Municipalismo libertario
En el anterior artículo se llegó a vislumbrar el teletrabajo como potencialmente revolucionario en una sociedad en la que está colapsando el sistema capitalista concentrado en megaurbes pobladas por personas trabajadoras cada vez más infelices. Y como signo de ello hablamos del fenómeno de “la gran renuncia”. Hablábamos también de como el trabajo a distancia permite una parcial liberación de los actuales centros de trabajo donde impera la jerarquía y la dominación. El nomadismo y la posibilidad de abandonar la megaurbe que facilita el teletrabajo puede ser la oportunidad para que los libertarios encuentren su asiento en municipios donde poner en práctica las teorías municipalistas.
Pero, ¿qué es el municipalismo libertario? Nos valdremos de las ideas del ecoanarquista Murray Bookchin para responder a esta pregunta.
El proceso general de “comunalización” sería un proceso que se expresa en la capacidad de autoorganización colectiva que emana directamente de la propia libertad de los individuos. Más concretamente, el municipio será la unidad de convivencia básica que puede facilitar que ese proceso de comunalización fluya y adopte la forma de democracia directa en asambleas municipales y, yendo más allá, creando un espacio de interacción racional, ética y pública. El municipalismo libertario se construye como política orgánica, es decir, como una política que emerge de la base de una asociación cooperativa humana, dirigiéndose hacia la creación de un auténtico cuerpo político y de formas participativas de ciudadanía.
De una forma más sencilla lo explica Janet Biehl: el lugar de partida del municipalismo libertario es una comunidad de individuos cuyas viviendas están dispuestas en torno a un espacio público (una plaza, un parque, una calle concreta y diferenciada) donde la vida privada se transforma en vida pública. Aquí la gente se encuentra regularmente y “cara a cara”. La proximidad residencial y los problemas e intereses comunes son los que constituyen la vida cívica compartida. Este sería el embrión del ámbito político de la comunidad. Las personas se transforman de individuos aislados a ciudadanos interdependientes y comprometidos con el bienestar común. Crearán instituciones políticas, o transformarán las existentes, que se regirán por la participación comunitaria, recuperando así la capacidad de autoorganización.
De la utopía a la posibilidad real.
El municipio libertario ha sido hasta ahora un lugar prácticamente utópico. Principalmente por la dificultad de tener unos ingresos dignos procedentes del campo o de la artesanía. La pequeña comunidad sólo tiene cabida en el ámbito rural (aunque también pueda desarrollarse en los barrios de las ciudades), donde el principal problema era la sostenibilidad económica. Las posibilidades económicas que ofrece la agricultura y ganadería de subsistencia son escasas. Las necesidades básicas actuales para el desarrollo personal y familiar no se pueden cubrir con un empleo rural a no ser que se posean grandes cantidades de terreno. Sin embargo, el teletrabajo permite unos ingresos procedentes del exterior que harían sostenible la vida en el municipio y que muy pronto empezarían a repercutir en su interior. A estos ingresos habría que añadir las posibilidades de autonomía que se podría alcanzar a nivel alimentario y energético con las consiguientes repercusiones medioambientales. Las posibilidades asociativas surgirían a todos los niveles ayudadas por el aumento de tiempo libre que implica la vida en un pequeño municipio.
Después de una gran crisis económica que comenzó en el 2008, después de una pandemia que comenzó en el 2020 y con el comienzo ahora de una guerra en Europa, se espera una transformación profunda donde cobra más importancia un municipalismo donde la verdadera democracia vuelva a tomar fuerza. Vivimos en una situación de distintas crisis que se solapan y que parecen dirigirse hacia el colapso. Desde el 2008 vemos cómo la desigualdad económica y la pobreza va creciendo haciendo cada vez más evidente “la explotación del hombre por el hombre” (Marx). Desde el 2020 padecemos una pandemia cuya causa se relaciona con la pérdida de biodiversidad haciendo cada vez más evidente el “alcance destructivo del hombre sobre la naturaleza” (Boockchin). Ahora una guerra generada por una potencia nuclear evidencia el poder destructivo que tiene “el hombre sobre el hombre” (Se utiliza el término hombre en el sentido que le da la filosofía, es decir, idéntico al ser humano).
Una eco-comunidad municipal democrática permite un equilibrio con la naturaleza y posibilita la cooperación e igualdad. Y ahora es posible gracias a que la tecnología digital permite la información y el trabajo a distancia. La ecotecnología permite una autonomía mediante energía solar o eólica y aplicable también a la alimentación sana mediante huertos inteligentes y ecológicos. Permite sobre todo recuperar la libertad política, que es la libertad para poder decidir sin delegar en nadie el rumbo de nuestro destino en comunidad.Puede parecer que esto sería para unos pocos, solo para los trabajos que puedan admitir el teletrabajo y solo para aquellos que opten por lo rural. Pero se trataría de algo mucho más amplio (Por ejemplo: jubilados compran una aldea), donde todas las personas ganarían, sería una oportunidad para que los trabajadores y trabajadoras volvieran a tomar conciencia de clase y recuperasen la solidaridad y la capacidad de transformar la sociedad; un éxodo a lo rural supondría un semivaciamiento de lo urbano que haría las ciudades más habitables y saludables, donde también habría más posibilidades de crear espacios de participación política en los barrios. El crecimiento en población de los pequeños municipios rurales también generaría nuevos puestos de trabajo por la necesidad de servicios. El desarrollo más detallado de estas posibilidades lo dejamos para otro artículo. Continuará.
PERTEs relacionados con el Metal
La estrategia española para canalizar los fondos europeos por la crisis del COVID-19 está en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, a través de reformas e inversiones, pretende construir un futuro más sostenible. Uno de sus mecanismos son los PERTEs que financiarán el sector del metal los próximos años.
Un PERTE es un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica. Son concebidos como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado.
Estos proyectos tienen un alto componente de colaboración público privada y transversales a las diferentes administraciones e incluyen grandes financiaciones públicas por lo que son aprobados por el consejo de ministros.
El registro de empresas interesadas en los PERTE (REPERTE), no exento de incertidumbres, incluirá la inscripción de todas las entidades, públicas o privadas que hayan sido acreditadas por algún departamento ministerial como interesadas en un PERTE aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros y que cumplan las condiciones técnicas, económicas y jurídicas exigibles.
El objetivo del Gobierno es publicar convocatorias y licitaciones relativas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por valor de 24.000 millones de euros en el primer semestre de 2022.
Hasta el momento están aprobados 6 PERTEs de los cuales los siguientes son relativos a el sector del metal:
- PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado: La creación del ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados mediante el impulso a la industria del automóvil.
- PERTE para la industria naval: Diversificar el sector naval hacia nuevos productos, su digitalización, la mejora de su sostenibilidad medioambiental y la capacitación de sus empleados.
- PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento: Apuntalar áreas asociadas a la transición energética como las energías renovables, la electrónica de potencia, el almacenamiento o el hidrógeno renovable.
- PERTE Economía circular: Lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.
- PERTE Aeroespacial (en estudio): Mejorar y generar capacidades tecnológicas e industriales en el sector aeroespacial, así como avanzar en un mejor posicionamiento estratégico de la industria radicada en España.
Transversalidades: Salud-energía-guerra
Las guerras y la contaminación son causantes de muchas de las muertes, enfermedades.
La contaminación nos mata lentamente y mata a nuestro planeta; la producción y distribución de petróleo y gas está detrás de muchos de los conflictos armados y violaciones de los derechos humanos.
Detrás de todo esto están las grandes empresas energéticas y la geopolítica que estas dictan a los estados.
9 millones de muertes (una de cada seis) en el mundo en 2021 estuvieron relacionadas con enfermedades causadas por la contaminación (ONU). Las víctimas de los 34 conflictos armados registrados durante el 2020 son difíciles de obtener pero han sido más de 60.000 y 235 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria en 2021 (ECP). Contaminación, guerras y cambio climático son consecuencias de nuestro sistema de consumo.
La quema de combustibles fósiles crea contaminantes conocidos como partículas finas, de menos de 2,5 micras, que pueden transferirse directamente al torrente sanguíneo en los pulmones. Una vez absorbidos por el cuerpo, promueven enfermedades cardíacas y pulmonares, que producen enfermedades y, en algunos casos, causan la muerte. Las enfermedades atribuidas a las partículas finas tienen consecuencias económicas como facturas médicas, pérdida de ingresos y reducción de la productividad (estudio del MIT).
Pero la relación entre los tres fenómenos no termina ahí ya que buena parte de las causas de los conflictos armados tienen de telón de fondo el control de la producción y distribución energética, siendo el consumo de energía la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero derivada de las actividades humanas y el cambio climático (Agencia Europea del medio ambiente).
Los combustibles fósiles, incluidos el carbón, el petróleo y el gas, todavía suministran más del 80% de la energía primaria consumida. En los 60 los avances en el abastecimiento, el transporte y la refinación de petróleo y gas permitieron que esos combustibles de alta densidad energética superaran al carbón y se convirtieran en la principal fuente de energía.
La producción y el consumo energético está bastante desequilibrado y ciertas zonas como Europa y Asia necesitan importantes trasvases de energía de las zonas productoras. La grán mayoría de este trasvase se produce por medio de 290 millones de kilómetros de oleoductos y 957 de gaseoductos que atraviesan 162 países. Las empresas que poseen la mayoría de estas infraestructuras son de EEUU, Canadá, Rusia y China. Esta red tiene más de 200.000 km de expansiones planificadas con un coste estimado de 1 billón de dólares. Estos proyectos están muchas veces detrás de los conflictos armados y violaciones de derechos humanos en los países por los que discurren (Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Chechenia, Líbano, Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán-Armenia, Georgia, El Magreb, Asía central, Ucrania, etc. El trazado y control de estas infraestructuras tiene un gran valor geopolítico lo que hace que las grandes potencias actúen con todos sus recursos muchas veces a costa del sufrimiento de las poblaciones por donde estos discurren.