Pensiones

El proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones supera su primer examen parlamentario

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El proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo al rechazar la enmienda a la totalidad de devolución presentada.

Esta iniciativa tiene como objeto la modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre para “favorecer la existencia de fondos de pensiones de empleo” e impulsar su implantación efectiva.

Esto se debe, según su exposición de motivos, a que en España el nivel de ahorro a través de estos instrumentos económicos “no llega al 1% de la masa salarial de la población activa ocupada alcanzando a poco más del 10% de la población activa ocupada, mientras que en Europa el nivel de personas empleadas protegidas va en un rango amplio del 25 al 90 por ciento”.

Continúa en: https://elderecho.com/proyecto-ley-plan-pensiones-congreso

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El macrofondo de pensiones privadas de Escrivá detraerá millones de euros del sistema público

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Por cada trabajador que se adhiera a los planes privados de empleo, la Seguridad Social recibirá 400 euros menos al año. El movimiento pensionista clama contra un plan que debilita el sistema público de pensiones y derivaría, en el caso de tener éxito, miles de millones de euros a las grandes entidades financieras privadas.

La aprobación del macrofondo de pensiones de empleo impulsado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sido una de esas noticias escondidas entre titulares sobre la crisis del PP y el ataque ruso a Ucrania. 

Fue el 22 febrero en el Consejo de Ministros, en donde el Gobierno dejó lista la ley para su debate y votación en el Parlamento, una iniciativa impulsada al margen de la negociación con sindicatos y patronal. En el contenido de la ley se han cumplido las peores previsiones y el texto final ha recogido más ayudas públicas para fomentar este fondo privado de pensiones. En el caso de que estos planes de empleo se extiendan supondría un agujero de millones de euros en las cuentas de la seguridad social, según denuncian desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe). 

Continúa en: http://www.elsaltodiario.com/pensiones/macrofondo-pensiones-empleo-privadas-escriva-detraera-millones-euros-sistema-publico

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Llamamiento a movilización pensionista del 12 de febrero

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Desde CGT llamamos a tparticipar, junto a las organizaciones convocantes de pensionistas de diferentes Pueblos y Comunidades, a esta movilización conjunta y descentralizada en defensa del sistema público de pensiones y contra la nueva reforma que pretende aplicar el IPC medio anual en la revalorización de las pensiones, y no el IPC real, reduciendo así el poder adquisitivo y precarizando aún mas a todas las personas pensionistas en situación de vulneración social, y avanzando hacia la privatización de las pensiones, cuando las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado. A continuación reproducimos el manifiesto:


 En 2015 bajo la presidencia de Rajoy se pretendió reducir la revalorización anual de las pensiones a solo un 0,25%, contraviniendo el artículo 50 de la Constitución. La movilización social de los pensionistas durante tres años fue determinante para bloquear la aplicación del decreto que establecía esa mísera subida y, también, acelerar la caída del gobierno Rajoy. Se reestableció el “Índice de Precios al Consumo Anual Acumulado” (“IPC Acumulado”, o “IPC Real”) como índice para la revaloración anual de las pensiones. Este es el mejor sistema para medir el coste de la vida y el que siempre se usó en pensiones y salarios para garantizar su poder adquisitivo.


Pero la Ley 21/21 que el actual gobierno de coalición presentó al Parlamento, y este aprobó por amplia mayoría, establece ahora como referencia de revalorización anual de las pensiones, el llamado “IPC Medio”, el promedio de los IPC de los 12 meses del año. Usar el “IPC Medio” en lugar del “IPC Real” supone hacer trampa. Es rebajar las pensiones y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas. Este año el “IPC Real” desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021 (año contable 2021 a efectos de revalorización) ha sido del 5,5%; sin embargo, el “IPC Medio” fue solo el 2,5%. El resultado de aplicar este nuevo indicador será perder un 3% de poder adquisitivo en las pensiones contributivas. Por cierto, un 3% en 2021 y otro 3% en 2022 ya que no habrá más paguillas. Todo ello cuando más de la mitad de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Más de dos millones y medio de personas reciben una renta que no supera los 650 euros, entre ellas figuran la viudedad, capacidad permanente u orfandad. Son las prestaciones más precarizadas.


Entre los dos millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, ocupando el vagón de cola están las personas que cobran pensiones no contributivas. Su precariedad tiene mayoritariamente rostro de mujer: dos terceras partes de los pensionistas con complementos a mínimo son mujeres, titulares de pensiones de viudedad o de jubilación miserables, consecuencia de las particulares condiciones salariales, de empleabilidad, de cotizaciones más cortas y bases reguladoras más bajas. Es escandaloso que en plena campaña electoral en Castilla y León el presidente del gobierno proclame que a ellos se les va a realizar la mayor subida de la historia, al prometer aumentarles un 3% salidos de los presupuestos del Estado. En realidad, también para ellos será la mayor bajada que ha hecho cualquier gobierno, ya que la subida del IPC es un 5,5% y por tanto van a perder el 2,5% de poder adquisitivo.


Finalmente denunciamos que a pesar de que se reconoce que el Sistema Público de Pensiones (SPP) es sólido y viable, con el RD se avanza hacia la privatización de las pensiones convirtiendo a la Seguridad Social en una Agencia y abriendo paso a una segunda etapa de la reforma que regule su privatización. Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado. Hay que defender el carácter público y de reparto del SPP e impedir los intentos de privatización. Hay que reclamar la mejora inmediata de las condiciones laborales, derogando de una vez la Reforma Laboral y subiendo el salario mínimo, ya que la precariedad laboral, genera la precariedad de las pensiones. Por ello llamamos a pensionistas y ciudadanía a movilizarse este 12 de febrero, para exigir a quienes nos gobiernan que cumplan de verdad sus promesas. Las leyes lo mismo que se aprueban se pueden derogar y reformar. El Gobierno tiene la mayoría suficiente para legislar en beneficio de todos y no solo del poder financiero.


Llamamos a la ciudadanía y pensionistas a defender unas pensiones dignas, su carácter público y unas condiciones de trabajo dignas para EXIGIR:


• Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del incremento del “IPC real” (el “IPC Acumulado Anual”) tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el 2021.


• Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.


• Garantizar pensiones públicas dignas justas y suficientes y el carácter público del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021, y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula.

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Revalorización de las pensiones para 2022

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La subida es del 2,5% para las pensiones contributivas y del 3% para las mínimas y no contributivas

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto para la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2022.

La subida de las pensiones, efectiva desde el 1 de enero de este año, supone un incremento del 2,5% de las pensiones contributivas y de las Clases Pasivas del Estado, mientras que el incremento de las pensiones mínimas y de las no contributivas (al igual que lo hace el Ingreso Mínimo Vital) será del 3%.

En concreto, el aumento del 2,5% para 2022 es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, según indica la fórmula acordada con los agentes sociales el pasado mes de julio e incluida en la Ley de pensiones aprobada el pasado mes de diciembre. De esta forma, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo.

Esta subida está recogida en la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Continúa en: https://elderecho.com/revalorizacion-de-las-pensiones-para-2022

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MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS

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GRUPO COLABORATIVO, LA VOZ DE LAS PLATAFORMAS

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Planes de Pensiones Privados

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Una de las medidas propugnadas en relación con las pensiones es el fomento de los Planes de Pensiones de Empleo.
Estos fondos de gestión privada serán garantizados por el Estado con fondos públicos. Se busca extenderlos a través de los Convenios Colectivos sectoriales.

La Seguridad Social y la Dirección General de Seguros han empezado a trabajar en el fondo de pensiones de empleo de garantía pública aprobado los PGE de 2021 donde se pretenden invertir 100.000 millones de euros.  Debemos indicar que los Fondos de Pensiones en España a finales del  2020 tenían un patrimonio de 118.522.584.000 € por lo que se pretende duplicarlos.

El fondo de pensiones colectivo siguiendo la recomendación 16 del Pacto de toledo  tiene como objetivo generalizar que las empresas doten a sus trabajadores de un sistema de ahorro con el que complementar la pensión de la Seguridad Social acogiendo los pocos Planes de pensiones de Empleo que funcionan hoy en grandes empresas y otros nuevos.  En la actualidad hay 1,9 millones de partícipes de estos Planes de Pensiones de Empleo, frente a los 7,5 millones que tienen planes individuales.

El proyecto prevé multiplicar por 6 en menos de 10 años los trabajadores adscritos a planes de empleo, llegando a 13 millones en 2030 reduciendo las comisiones de funcionamiento.

Es necesario que el Gobierno desarrolle un proyecto de Ley que le de soporte jurídico. 

Estos fondos con supervisión y garantía pública podrían ser de gestión privada (modelo NEST británico). En España solo existe un sistema parecido: el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en el País Vasco. La intención es extender estos planes de pensiones a través de los Convenios Colectivos sectoriales. Es necesario recordar que estos Convenios son negociados en su mayoría solo por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) que a su vez son partícipes de las principales Gestoras de Fondos de Pensiones.

Para esta evolución se está considerando, en principio, que la adscripción y las aportaciones sean voluntarias. El Gobierno también ha estudiando la posibilidad de adscripción a estos planes de empleo “por defecto” como en el Reino Unido, por el que las empresas deben ofrecer un plan de empleo a sus trabajadores, aunque luego ellos pueden voluntariamente no sumarse a ellos. El Ejecutivo ha reducido las deducciones de los planes individuales, de un máximo de 8.000 € al año a 2.000 € para fomentar los planes de empresa cuyas aportaciones se pueden desgravar hasta 8.000 €.

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Pensionistas, categoría social en la aldea global

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La reforma Escrivá acaba de comenzar y ya presenta más aspectos negativos que positivos. Está por ver si el Estado se hace cargo de los gastos impropios que provocan el déficit de la Seguridad Social

Los sistemas de pensiones varían tanto de un país a otro que no resulta fácil compararlos. La mayoría son modelos mixtos, público y privado. El caso español resulta excepcional por la escasa implantación de las pensiones privadas de empleo, salvo en el País Vasco, donde las promueven instituciones y sindicatos. Es una modalidad que requiere capacidad de ahorro para poder dedicar parte del salario a financiar una pensión privada. El objetivo fundamental es que los trabajadores asuman íntegro el coste de su pensión, liberando al estado y a los empresarios de ese elevado gasto. De paso la banca de inversión hace un gran negocio.

Continúa en: http://www.eldiario.es/euskadi/blogs/viento-del-norte/pensionistas-categoria-social-aldea-global_132_7834573.html

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