Pensiones

Planes de Pensiones Privados

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Una de las medidas propugnadas en relación con las pensiones es el fomento de los Planes de Pensiones de Empleo.
Estos fondos de gestión privada serán garantizados por el Estado con fondos públicos. Se busca extenderlos a través de los Convenios Colectivos sectoriales.

La Seguridad Social y la Dirección General de Seguros han empezado a trabajar en el fondo de pensiones de empleo de garantía pública aprobado los PGE de 2021 donde se pretenden invertir 100.000 millones de euros.  Debemos indicar que los Fondos de Pensiones en España a finales del  2020 tenían un patrimonio de 118.522.584.000 € por lo que se pretende duplicarlos.

El fondo de pensiones colectivo siguiendo la recomendación 16 del Pacto de toledo  tiene como objetivo generalizar que las empresas doten a sus trabajadores de un sistema de ahorro con el que complementar la pensión de la Seguridad Social acogiendo los pocos Planes de pensiones de Empleo que funcionan hoy en grandes empresas y otros nuevos.  En la actualidad hay 1,9 millones de partícipes de estos Planes de Pensiones de Empleo, frente a los 7,5 millones que tienen planes individuales.

El proyecto prevé multiplicar por 6 en menos de 10 años los trabajadores adscritos a planes de empleo, llegando a 13 millones en 2030 reduciendo las comisiones de funcionamiento.

Es necesario que el Gobierno desarrolle un proyecto de Ley que le de soporte jurídico. 

Estos fondos con supervisión y garantía pública podrían ser de gestión privada (modelo NEST británico). En España solo existe un sistema parecido: el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) en el País Vasco. La intención es extender estos planes de pensiones a través de los Convenios Colectivos sectoriales. Es necesario recordar que estos Convenios son negociados en su mayoría solo por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) que a su vez son partícipes de las principales Gestoras de Fondos de Pensiones.

Para esta evolución se está considerando, en principio, que la adscripción y las aportaciones sean voluntarias. El Gobierno también ha estudiando la posibilidad de adscripción a estos planes de empleo «por defecto» como en el Reino Unido, por el que las empresas deben ofrecer un plan de empleo a sus trabajadores, aunque luego ellos pueden voluntariamente no sumarse a ellos. El Ejecutivo ha reducido las deducciones de los planes individuales, de un máximo de 8.000 € al año a 2.000 € para fomentar los planes de empresa cuyas aportaciones se pueden desgravar hasta 8.000 €.

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Pensionistas, categoría social en la aldea global

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La reforma Escrivá acaba de comenzar y ya presenta más aspectos negativos que positivos. Está por ver si el Estado se hace cargo de los gastos impropios que provocan el déficit de la Seguridad Social

Los sistemas de pensiones varían tanto de un país a otro que no resulta fácil compararlos. La mayoría son modelos mixtos, público y privado. El caso español resulta excepcional por la escasa implantación de las pensiones privadas de empleo, salvo en el País Vasco, donde las promueven instituciones y sindicatos. Es una modalidad que requiere capacidad de ahorro para poder dedicar parte del salario a financiar una pensión privada. El objetivo fundamental es que los trabajadores asuman íntegro el coste de su pensión, liberando al estado y a los empresarios de ese elevado gasto. De paso la banca de inversión hace un gran negocio.

Continúa en: http://www.eldiario.es/euskadi/blogs/viento-del-norte/pensionistas-categoria-social-aldea-global_132_7834573.html

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Pensiones de jubilación

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En el 2021 es necesario tener 66 años o 65 años y una cotización superior a 37 años y 3 meses para percibir el 100% de la pensión contributiva.
La jubilación puede anticiparse, retrasarse o ser  parcial, flexible o activa. 
La base reguladora se calcula sobre los últimos 24 años y sirve para calcular la pensión con los ajustes aplicables.

Para jubilarse en el año 2021 con el 100% de la pensión tendrán que tener cotizados 37 años y 3 meses o más y al menos 65 años. Con 37 años y 3 meses cotizados, la jubilación completa sería posible con 66 años.

Son beneficiarios de la pensión de jubilación las personas incluidas en el Régimen General, afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta, que reúnan las condiciones de edad, período mínimo de cotización y hecho causante, legalmente establecidos siguiendo el art. 205 LGSS.

La jubilación se podrá anticipar por razón de la actividad, discapacidad, mutualistas, por causas no imputables al trabajador (hasta 4 años antes con 33 años de cotización) o por voluntad del trabajador (hasta 2 años y 35 años de cotización).

La jubilación también puede ser parcial con contrato relevo o sin él (con la edad de jubilación y reducción de jornada del 25-50%).

La jubilación puede ser flexible; compatible, una vez causada,  con trabajo a tiempo parcial (trabajando entre un 50-75% de la jornada).

La jubilación activa permite compatibilizar la pensión contributiva con cualquier trabajo por cuenta ajena o propia.

La base reguladora de la pensión de jubilación se obtendrá sumando las bases de cotización de los últimos 24 años art. 209.1 y DT 8º LGSS.

La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados y, en su caso, el porcentaje adicional por prolongación de la vida laboral, coeficientes reductores o mujeres con hijos. La pensión no contributiva de jubilación requiere 65 años, 10 años de residencia (2 antes de la solicitud) y carecer de ingresos.

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Organización por las pensiones

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La agresión contra el Sistema Público de Pensiones atenta contra el derecho básico de las personas a una vida digna durante su vejez. 
CGT pretende adaptar su estructura organizativa para luchar contra esta agresión que nos afecta a todos por medio de la creación de una Federación de Pensionistas.

El Sistema Público de Pensiones (SPP) está sufriendo una nueva agresión que ante la que las plataformas de pensionistas, los movimientos sociales y los sindicatos combativos estamos obligados a reaccionar. 

CGT está colaborando con otras organizaciones para rechazar estas medidas que reforma tras reforma nos están imponiendo. Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, ELA y LAB) son parte del problema pues participan en el negocio de las Gestoras de Pensiones.

Una vez más el Pacto de Toledo busca legitimar la reducción de las pensiones públicas con la justificación de resolver una situación creada artificialmente.  Este desmantelamiento del SPP sólo favorece el beneficio de los sistemas privados disponibles para los que pueden pagarlos. En esta ocasión quieren imponer los Planes Privados de Empresa (EPSV) vía Convenios Colectivos a costa de ingresos de la Seguridad Social.

Es importante constatar que las medidas que se están implementando hace años como el aumento progresivo de la edad legal de jubilación, la extensión del periodo de cómputo de las cotizaciones, la desincentivación de las jubilaciones anticipadas y la privatización del sistema afectarán sobre todo a los actuales trabajadores en activo. 

Un retiro digno del sistema productivo es una necesidad vital. El aumento de la vida laboral solo impide que las nuevas generaciones puedan incorporarse al mercado de trabajo con una mínima estabilidad. 

CGT está trabajando activamente con otras organizaciones dedicadas a la defensa de las pensiones para garantizar este derecho para todos. El grupo de pensionistas de CGT considera que nuestra organización ha de adecuar su estructura para poder enfrentar adecuadamente esta lucha coordinando sus esfuerzos por medio de una Federación de Pensionistas formada por Sindicatos y núcleos de Pensionistas en los diferentes territorios.

Esta Federación permitirá coordinar y liderar  los esfuerzos de CGT para garantizar unas pensiones dignas para todos. No obstante es un problema de todos y los trabajadores en activo también estamos obligados a defender este derecho en lo que quizás sea una de las luchas más importantes que tenemos en la actualidad.

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Aprobada la revalorización de las pensiones en 2021

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El Consejo de Ministros ha aprobado la revalorización del 0,9% de las pensiones contributivas y de las Clases Pasivas y del 1,8% de las no contributivas, tal y como establece la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Esta revalorización está destinada a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y a la mejora en términos reales de la población con menores recursos. La medida tiene impacto sobre 11,12 millones de pensiones y prestaciones. En concreto, beneficia a 9,8 millones de pensiones contributivas, 665.000 pensiones de Clases Pasivas, 446.000 pensiones no contributivas y 200.000 prestaciones por hijo a cargo. El coste anual de la medida es de 1.464 millones de euros.

Continúa en: http://elderecho.com/aprobada-la-revalorizacion-de-las-pensiones-en-2021

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¿Cómo queda la pensión de jubilación en 2021?

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En 2021 cambian de nuevo los requisitos de acceso a la jubilación, en aplicación de las normas transitorias introducidas en la LGSS por la Ley 27/2011. Los cambios afectan a la edad de jubilación, que se retrasa, y al importe de la pensión ya que​ para el cálculo de la base reguladora se toma en consideración un año más de cotización.

La Ley 27/2011 introdujo importantes modificaciones en la regulación de la pensión de jubilación afectando a cuestiones tales como la edad ordinaria de jubilación; el cálculo de la base reguladora de la pensión y el porcentaje aplicable a la misma; la jubilación anticipada y la jubilación parcial. La reforma, que entró en vigor el 1-1-2013, estableció normas transitorias hasta su plena aplicación en 2027.

Continúa en: http://elderecho.com/como-queda-la-pension-de-jubilacion-en-2021

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De vacaciones con la mochila austriaca

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La mochila austriaca vuelve con las vacaciones. El Congreso aboga por poner en marcha para los nuevos contratos un fondo de capitalización con aportaciones empresariales mensuales en función del salario, y que el trabajador pueda hacer efectivo en caso de despido, cambio de empresa o jubilación. 

Julio nos ha sorprendido con al noticia de que la Comisión del Congreso para la Reconstrucción social y económica tras el covid 19 ha aprobado, por error de Unidas Podemos, la ‘mochila austriaca’, como una de las recetas económicas para salir de la crisis. Esta propuesta de Junts apoyada también por PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Teruel y a la que se opusieron el PSOE, Esquerra Republicana y el PNV finalmente no ha sido incluida.

El Banco de España en su informe anual ha vuelto a su propuesta de la mochila austriaca  justo en el momento en que los efectos de la pandemia y de la crisis económica obligarán a los gobernantes a llevar a cabo ajustes relevantes y reformas estructurales. 

La llamada mochila austriaca supondría una revolución sin precedentes en el mercado laboral y el la privatización de la gestión de los fondos de la Seguridad Social. Esta medida supondría de forma automática un recorte de las indemnizaciones por despido que incluso podrían llegar a desaparecer.

La mochila austriaca es una bolsa de dinero que va acumulando cada trabajador a título personal gracias a las aportaciones que realiza el empresario a esta hucha. Esta, que está gestionada desde el sector privado, será el dinero que el empleado perciba si el empresario le despide o si causa una baja por enfermedad o por incapacidad y de la que se puede disponer para la jubilación. Este video explica más al respecto.

La mochila supone un aumento inmediato de los costes laborales de todas las empresas, en la cuantía de la aportación a las cuentas de cada trabajador. Pero su funcionamiento diluye los gastos de despido entre todas las empresas, despidan o no evitando los desembolsos en el momento del despido lo que hace el despido sea más fácil y barato. El coste del despido pierde su carácter disuasorio por lo que se recurriría más al despido y la rotación laboral.Este fondo es muy similar a un plan de pensiones, ya que acumulan cierta cantidad y solo se puede rescatar en ciertos supuestos. En el caso de implantar este sistema hay que definir si los trabajadores pueden elegir la entidad en la que deposita el dinero o es la empresa, si se puede mover entre entidades y si se puede invertir y de qué forma para obtener una rentabilidad que normalmente es bastante baja. En todo caso sería un trasvase de estos fondos a los sistemas de gestión privada que serían los principales beneficiarios de la implantación en línea con lo que algunos países europeos nos están exigiendo.

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Las personas mayores no pueden ser un negocio

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La consecuencia más dolorosa y cruel de la pandemia del COVID-19 ha sido su elevada letalidad entre la población mayor de 70 años: cerca del 87% de las víctimas mortales de la enfermedad tenían más de esa edad.


Dolorosa porque de los más de 27.000 fallecidos y fallecidas por el coronavirus, se cebó y se instaló en las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, donde algo más de 18.000 han muerto en esos centros, que carecían de medios humanos y técnicos (medicalización), para hacer frente a la pandemia.

Centros considerados como “aparcamiento de viejos y viejas” y gestionados con criterios de rentabilidad, pues una gran parte de las residencias se encuentran en manos privadas, donde la obligación de prestar unos cuidados integrales a las personas que residen en las mismas, es sustituida por el criterio de la eficacia económica y el beneficio privado.

Las Residencias de Personas Mayores, son concebidas por los distintos gobiernos -desde los antiguos asilos al actual modelo-, como lugares donde esperar la muerte con unos niveles mínimos de asistencia. Y con corresponsabilidad del resto de la sociedad, al no poder cuidar y atender a quienes nos cuidaron y atendieron.

Los poderes públicos, las instituciones, las CCAA, ponen en marcha el modelo de Residencias, para dar respuesta al problema de muchas familias que, o bien no residen donde sus mayores, o no pueden, o simplemente no se les quiere atender, a la vez, dar respuesta a miles de personas mayores que están solas.

El concepto es puramente asistencial, muy alejado de garantizar el derecho a ser cuidados y cuidadas, mantener y respetar la autonomía de estas personas y respetar que son sujetos de derecho. Desde esta perspectiva de la “gestión pura y simplemente asistencial”, los fondos buitres y determinadas empresas multinacionales, se han lucrado a costa de los derechos de las personas mayores y de los derechos laborales de las trabajadoras y profesionales de las Residencias.

Este modelo de gestión privada, se constituye con la “liberalización” de los Servicios Públicos, todos, desde la Educación, la Salud, las Pensiones y la Dependencia, los cuales son gestionados desde la perspectiva del negocio, utilizando recursos públicos (infraestructuras, dineros transferidos directamente desde las instituciones públicas, etc.), a la vez que las condiciones de las personas trabajadoras son precarizadas (plantillas absolutamente insuficientes, carencia de medios, salarios muy precarios), con los resultados dramáticos y crueles que conocemos en estos tiempos de pandemia.

Estos datos tan aterradores, tienen un añadido de responsabilidad política por todas las instituciones del Estado: se les ha violado su derecho a la Salud, -y en consecuencia, a la vida- al decidir quienes podían ser atendidos en los hospitales y quienes no, discriminando a estas personas por el hecho de ser mayores.

Grave, muy grave, pues nos encontramos ante una “selección de los más fuertes y de los rentables”, no el derecho a una vida digna. Por eso “empresarios despreciables” que tienen en las Residencias un buen negocio, han pedido a las instituciones públicas “compensaciones dinerarias (más de 7 millones de euros) por lucro cesante, es decir, porque considera que no han ganado lo que pensaban ganar, debido a la pandemia del COVID-19. Tenemos precedentes, con el caso Castor donde el Estado, con recursos públicos, les “embolsó” cerca de 3.000 millones de euros, en vez de llevarles ante la justicia, por estar atentando contra la Salud y la Vida de la población.

CGT reivindicamos, defendemos y luchamos por el derecho a la Sanidad Pública y la atención, con los Cuidados necesarios, a las personas Dependientes, tanto de las personas que ejercen esos derechos como de las trabajadoras que les atienden.

Las personas que se encuentran en las Residencias, no son “objetos a los que atender”, sino sujetos de derechos que deben ser cuidadas y cubiertas sus necesidades, desde su autonomía personal y con la ayuda de las profesionales trabajadoras.

Desde CGT, hacemos un llamamiento a potenciar y participar en las movilizaciones anunciadas para este mes de junio.

“El no cuidar a quienes nos cuidaron -nuestras personas mayores-, nos convierte en una sociedad sin moral y sin dignidad”

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

Vía: http://rojoynegro.info/articulo/ideas/las-personas-mayores-no-pueden-ser-un-negocio

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¿Qué actividades hacemos en el metal que podrían permitirnos jubilarnos antes?

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Los de “coeficientes reductores”, (RD1698/2011) de ser reconocidos para algunas actividades que se desarrollan en el sector del metal podrían permitirnos acceder a la jubilación ordinaria antes de los 65 años. 

Nuestro sector tiene unos altos índices de accidentes (tabla) y el mayor un índice mayor de incidencia en las enfermedades profesionales (gráficas anterior) siendo las más importantes en número las derivadas de causa física (golpes, caídas, etc.) e inhalación (humos, polvo, etc.).

Mas información en el siguiente documento:

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