CGT Confederal
Comunicado CGT: La precariedad laboral continúa
martes, 5 de septiembre de 2023
Hoy se han hecho públicos los nuevos datos del paro, los cuales confirman la precariedad
existente en el mercado laboral del Estado español, algo que desde CGT venimos
denunciando desde hace años, especialmente tras la no derogación de la reforma laboral.
El paro ha aumentado en más de 24.000 personas durante el mes de agosto, y la
Seguridad Social ha perdido más de más de 185.000 afiliadas.
El fin del periodo estival hace que muchos contratos temporales terminen, y así emerge la
dura realidad de decenas de miles de personas trabajadoras, que se ven obligadas a
aceptar este tipo de contratos basura, sin perspectivas de futuro ni estabilidad, para poder
sacar adelante a sus familias, aunque solo sea por unos meses.
De esta manera, una parte muy importante de la clase trabajadora se ha convertido en
temporeras que van de un empleo a otro durante todo el año, sin garantías, sin derechos,
sin estabilidad. Y los territorios en los que más aumenta el paro son precisamente
aquellos donde los empresarios apuestan más por el turismo estival, como Catalunya,
Andalucía y País Valencià.
A pesar de los intentos del Gobierno por maquillar la precariedad, la realidad es la que es:
la no reforma laboral no ha servido para resolver los principales problemas de la clase
trabajadora: precariedad, pobreza, desigualdad y discriminación de género, con unos
datos que indican una vez más como las mujeres son las que más pierden sus puestos de
trabajo, acrecentándose de esta manera la brecha de género ya existente. Y del mismo
modo, son preocupantes los datos del paro juvenil, siendo casi 200.000 las personas
jóvenes que no encuentran trabajo por más que lo intentan.
Desde CGT consideramos necesario y urgente la aplicación de medidas efectivas contra
el paro, la precariedad y la desigualdad de género, que pasan por la reducción de la
jornada laboral, el reparto del empleo, de la riqueza y del trabajo de cuidados.
Necesitamos otro tipo de modelo sociolaboral, más ecológico, y sostenible, que deje a un
lado la explotación sistemática del medio ambiente, para que el futuro del planeta y de las
personas sea viable y sostenible.
Otro mundo es posible, y hemos de luchar para conseguirlo.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
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PENSIONES: Boletín – Pensiones Públicas, sostenibilidad del sistema, pobreza, brecha de género, reparto y solidaridad intergeneracional
Boletín de análisis critico sobre las distintas reformas del PSOE-UP, elaborado por el Gabinete Confederal de Estudios y Formación.
El “Reforma Laboral” de PSOE-UP sigue sin solucionar los problemas de las personas trabajadoras
Una vez cumplido un año de la aplicación de la “reforma laboral” aprobada por el Gobierno de
PSOE UP, desde el Gabinete Confederal de Estudios y Formación de la CG T se ha realizado un
balance y análisis de lo que ha supuesto su puesta en marcha:
CGT ya mostró su más absoluto rechazo en el primer momento, cuando el Gobierno puso encima
de la mesa la no derogación de la Reforma Laboral, y rechazó también la posterior modificación
de algunos aspectos de la ley. Consideramos que el Gobierno ha llevado a cabo una traición a la
clase trabajadora al no cumplir una de sus promesas (no es la única incumplida), promesa que
llevaba por bandera en su campaña electoral.
Después de analizar los datos, tal y como se facilitan en el estudio mencionado, se puede
comprobar cómo dicha “reforma” no ha conseguido el principal de los objetivos por el que
supuestamente se planteaba, mejorar la vida de las personas trabajadoras.
¿Es cierto que las personas trabajadoras viven mejor ahora que hace un año gracias a esta “reforma”?
Aunque aspectos como la temporalidad se hayan visto parcialmente mejorados desde la entrada
en vigor de la “ reforma”, esa mejora no viene acompañada de las necesarias medidas para acabar
con la precariedad en el mercado laboral; es más, en los sectores más feminizados, la
precariedad laboral se ha acentuado. Tampoco ha servido para frenar la pérdida de derechos
laborales que, convenio tras convenio, vienen sufriendo sectores como el telemarketing o el
servicio de atención a domicilio; ni, como demuestra el estudio, ha servido para mejorar las
condiciones socioeconómicas de los miles de personas trabajadoras afect adas por esos
convenios, sino que se han visto perjudicadas debido al incremento del coste de la vida
(incremento del precio de los alimentos, de las facturas energéticas, alquiler, gracias a
la ausencia de medidas del Gobierno para frenar la tendencia: una reforma laboral que pretenda
mejorar la vida de las personas trabajadoras y, sobre todo, mejorar la vida de aquellas personas
que trabajan en sectores precarios, debe ir ligada a la realidad social y económica del momento.
Queda así demostrado que quien ha aprobado esta “reforma” laboral no ha pensado en el
contexto socioeconómico del Estado español.
En definitiva, para CGT, la reforma laboral aprobada hace un año por parte del Gobierno y avalada
por UGT y CCOO, tan solo ha servido para reafirma r la traición a la clase trabajadora que, tanto el
Gobierno de PSOE UP como los sindicatos cómplices, están llevando a cabo desde el primer día
de esta legislatura.
Frente a esto, desde CGT seguimos apostando por la movilización social y la acción directa
como medida de presión para derogar tanto la reforma laboral, como la ley mordaza, la reforma de las
pensiones, etc. Los derechos laborales y sociales no se conquistan desde despachos ni desde
escaños: los derechos laborales y sociales se conquistan con mo vilización social y con la unidad
de la clase trabajadora, más necesaria ahora que nunca.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
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Reforma del Código Penal: Más mordaza contra cualquier movimiento social
La reforma del Código Penal anunciada por los partidos del Gobierno PSOE y Unidas Podemos, que tiene por objetivo eliminar el delito de sedición (delito contra el orden público establecido en el artículo 544 del CP, castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes), contiene una serie de modificacion adicionales.
Una de ellas en especial nos parece muy grave, que ya entendemos que amplía la represión contra los métodos de protesta y de manifestación. La reforma de los delitos de orden público, recogidos en los artículos 557, 557 bis y 557 ter (con la reforma planteada éste artículo desaparecería) del Código Penal, parecen haber sido creados a propósito para imponer delitos penales a las formas de protesta de numerosos colectivos, entre ellos las organizaciones sindicales.
Esta represión está recogida fundamentalmente en la ampliación que se hace del 557.1: “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: a) sobre las personas o las cosas u b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o la salud de las personas, o c) invadiendo instalaciones o edificios”.
La interpretación de este texto puede permitir imponer sanciones penales de seis meses a tres años de prisión a personas y grupos que ocupen una vía pública, como puede suceder en un recorrido alternativo en una manifestación, en la paralización de un desahucio o en aquellas otras situaciones que impliquen la ocupación (aunque sea temporal) de una entidad bancaria, un rectorado o una empresa con la que existe un conflicto sindical (esto en realidad ahora se castiga con el delito de usurpación del artículo 245.2 del C.P.). Porque a nadie se le escapa que los piquetes, las paralizaciones de desahucios, las protestas sindicales ante la sede de una empresa o fábrica, etc. están amenazadas de muerte con un texto de estas características. Además, si la manifestación es multitudinaria aún se prevén sanciones mayores, como la pena de prisión de tres a cinco años cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público.
Si vamos todavía más allá, en la asunción del anterior 557 ter en un nuevo 557 bis, y tal como figura la redacción del proyecto de la reforma actual, no sería necesario la aportación de la prueba de la violencia o intimidación. Unas pruebas, que como ya bien sabemos, están sometidas primero a la interpretación de la Policía y luego del juez correspondiente.
Este artículo, que creemos que atenta directamente contra el derecho de protesta y manifestación, recoge que “los que, sin hacer uso de la violencia o intimidación y sin estar comprendidos en el artículo anterior, actuando en grupo invada u ocupen contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, una oficina, un establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público”, establece también sanciones abusivas de pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.En la Confederación General del Trabajo (CGT) sabemos por experiencia que los delitos de desorden público han supuesto la amenaza del régimen contra toda forma de protesta, en especial las luchas sindicales como las huelgas y los conflictos colectivos. Se está atacando directamente a distintas formas de protesta pacífica que llevan a cabo movimientos sociales como la PAH, en la paralización de desahucios, por ejemplo, o las negociaciones para evitarlos en las sedes bancarias. Asimismo, se busca criminalizar y castigar las protestas estudiantiles del alumnado que ocupe una facultad o un rectorado. Cualquier manifestación que se desarrolle fuera de horario o recorrido constreñido por la Delegación de Gobierno de turno se enfrenta, no ya a sanciones administrativas, sino a su procesamiento por un delito contra el orden público. Esta barbaridad está promocionada por un Gobierno “progresista” –el más progresista de la historia democrática del Estado español–, en un contexto de auge de conflictividad social provocada por la pauperización de la clase trabajadora que ve cómo sus salarios pierden poder adquisitivo mientras los grandes empresarios aumentan sus ganancias de forma grotesca aprovechando una crisis global que vamos a pagar los de siempre. PSOE y Unidas Podemos, lejos de derogar como prometieron en campaña electoral las leyes represivas existentes –como la Ley Mordaza–, se han instalado y acomodado en el poder burgués y vuelven a traicionar a la ciudadanía que dicen representar imponiéndonos más represión y amenazando nuestros derechos y libertades fundamentales. Desde CGT creemos que estamos en un momento crítico en el que estamos jugándonos derechos que a otras antes que a nosotras les costó incluso sus vidas, y nos parece inverosímil que precisamente esta involución se esté dando con una coalición de formaciones políticas de “izquierdas”. La Clase Trabajadora está viendo peligrar su derecho a protestar y a organizarse contra todo aquello que amenaza o pone en peligro su supervivencia. Y ante este lamentable panorama, en CGT tenemos muy claro y asumido lo que nos tocará enfrentar más temprano que tarde si esta reforma continúa adelante y las clases ricas se salen (otra vez) con la suya. Por todo ello, en CGT nos reafirmamos en nuestra idea de organizarse al margen de partidos políticos, gobernantes y empresas en defensa de todo lo que a lo largo de décadas hemos logrado a través de la lucha sindical y social. Las libertades y derechos fundamentales serán defendidos a cualquier precio, y la CGT estará presente, junto a otras organizaciones y colectivos sociales y sindicales, garantizando resistencia y respuesta directa a cualquier medida que desde el Ejecutivo español nos obligue a retroceder o a renunciar a nuestras conquistas como Clase Trabajadora.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT.