Acción Social
Llamamiento a movilización pensionista del 12 de febrero
Desde CGT llamamos a tparticipar, junto a las organizaciones convocantes de pensionistas de diferentes Pueblos y Comunidades, a esta movilización conjunta y descentralizada en defensa del sistema público de pensiones y contra la nueva reforma que pretende aplicar el IPC medio anual en la revalorización de las pensiones, y no el IPC real, reduciendo así el poder adquisitivo y precarizando aún mas a todas las personas pensionistas en situación de vulneración social, y avanzando hacia la privatización de las pensiones, cuando las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado. A continuación reproducimos el manifiesto:
En 2015 bajo la presidencia de Rajoy se pretendió reducir la revalorización anual de las pensiones a solo un 0,25%, contraviniendo el artículo 50 de la Constitución. La movilización social de los pensionistas durante tres años fue determinante para bloquear la aplicación del decreto que establecía esa mísera subida y, también, acelerar la caída del gobierno Rajoy. Se reestableció el “Índice de Precios al Consumo Anual Acumulado” (“IPC Acumulado”, o “IPC Real”) como índice para la revaloración anual de las pensiones. Este es el mejor sistema para medir el coste de la vida y el que siempre se usó en pensiones y salarios para garantizar su poder adquisitivo.
Pero la Ley 21/21 que el actual gobierno de coalición presentó al Parlamento, y este aprobó por amplia mayoría, establece ahora como referencia de revalorización anual de las pensiones, el llamado “IPC Medio”, el promedio de los IPC de los 12 meses del año. Usar el “IPC Medio” en lugar del “IPC Real” supone hacer trampa. Es rebajar las pensiones y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas. Este año el “IPC Real” desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021 (año contable 2021 a efectos de revalorización) ha sido del 5,5%; sin embargo, el “IPC Medio” fue solo el 2,5%. El resultado de aplicar este nuevo indicador será perder un 3% de poder adquisitivo en las pensiones contributivas. Por cierto, un 3% en 2021 y otro 3% en 2022 ya que no habrá más paguillas. Todo ello cuando más de la mitad de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Más de dos millones y medio de personas reciben una renta que no supera los 650 euros, entre ellas figuran la viudedad, capacidad permanente u orfandad. Son las prestaciones más precarizadas.
Entre los dos millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, ocupando el vagón de cola están las personas que cobran pensiones no contributivas. Su precariedad tiene mayoritariamente rostro de mujer: dos terceras partes de los pensionistas con complementos a mínimo son mujeres, titulares de pensiones de viudedad o de jubilación miserables, consecuencia de las particulares condiciones salariales, de empleabilidad, de cotizaciones más cortas y bases reguladoras más bajas. Es escandaloso que en plena campaña electoral en Castilla y León el presidente del gobierno proclame que a ellos se les va a realizar la mayor subida de la historia, al prometer aumentarles un 3% salidos de los presupuestos del Estado. En realidad, también para ellos será la mayor bajada que ha hecho cualquier gobierno, ya que la subida del IPC es un 5,5% y por tanto van a perder el 2,5% de poder adquisitivo.
Finalmente denunciamos que a pesar de que se reconoce que el Sistema Público de Pensiones (SPP) es sólido y viable, con el RD se avanza hacia la privatización de las pensiones convirtiendo a la Seguridad Social en una Agencia y abriendo paso a una segunda etapa de la reforma que regule su privatización. Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado. Hay que defender el carácter público y de reparto del SPP e impedir los intentos de privatización. Hay que reclamar la mejora inmediata de las condiciones laborales, derogando de una vez la Reforma Laboral y subiendo el salario mínimo, ya que la precariedad laboral, genera la precariedad de las pensiones. Por ello llamamos a pensionistas y ciudadanía a movilizarse este 12 de febrero, para exigir a quienes nos gobiernan que cumplan de verdad sus promesas. Las leyes lo mismo que se aprueban se pueden derogar y reformar. El Gobierno tiene la mayoría suficiente para legislar en beneficio de todos y no solo del poder financiero.
Llamamos a la ciudadanía y pensionistas a defender unas pensiones dignas, su carácter público y unas condiciones de trabajo dignas para EXIGIR:
• Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del incremento del “IPC real” (el “IPC Acumulado Anual”) tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el 2021.
• Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.
• Garantizar pensiones públicas dignas justas y suficientes y el carácter público del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021, y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula.
Revalorización de las pensiones para 2022
La subida es del 2,5% para las pensiones contributivas y del 3% para las mínimas y no contributivas
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto para la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2022.
La subida de las pensiones, efectiva desde el 1 de enero de este año, supone un incremento del 2,5% de las pensiones contributivas y de las Clases Pasivas del Estado, mientras que el incremento de las pensiones mínimas y de las no contributivas (al igual que lo hace el Ingreso Mínimo Vital) será del 3%.
En concreto, el aumento del 2,5% para 2022 es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, según indica la fórmula acordada con los agentes sociales el pasado mes de julio e incluida en la Ley de pensiones aprobada el pasado mes de diciembre. De esta forma, se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo.
Esta subida está recogida en la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Continúa en: https://elderecho.com/revalorizacion-de-las-pensiones-para-2022
A las empresas de 50 a 100 trabajadores les quedan solo 2 meses de plazo para aprobar su Plan de Igualdad
El tiempo corre y a las empresas de 50 a 100 empleados solo les quedan dos meses de plazo (en concreto, hasta el 7 de marzo de 2022) para aprobar su Plan de Igualdad en virtud del calendario progresivo que se estableció en el RDLey 6/2019.
Fin del calendario progresivo en Planes de Igualdad
En concreto, el art. 1 del RDLey 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, estableció este calendario que iba haciendo extensiva la obligación de elaborar e implantar el Plan de Igualdad (se añade la Disposición Transitoria Décima a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo):
- Empresas de más de 150 trabajadores y hasta 250 contaban con un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad (hasta el día 7 de marzo de 2020).
- Empresas de más de 100 y hasta 150 trabajadores tuvieron dos años para la aprobación del plan de igualdad (es decir, hasta el 7 de marzo de 2021).
- Empresas de 50 a 100 trabajadores disponían de un periodo de tres años para la aprobación de los planes de igualdad (es decir, el plazo para aprobar el plan de igualdad expira el próximo 7 de marzo de 2022).
Continúa en: http://sincrogo.com/blog/actualidad-laboral/plan-de-igualdad-empresas-de-50-empleados/
18 Diciembre: Manifestación por la Justicia Social: Las personas antes que el capital
Mañana Sábado 18 de Diciembre de 2021 a las 12 hs.
De: Plaza Beata María Ana de Jesús
A: Congreso de los diputados
El pasado 2 de noviembre se anunció finalmente por parte del gobierno el inicio de la negociación para la reforma laboral, la denominada «reforma laboral para el siglo XXI». Desde la Confederación General del Trabajo hemos analizado todas las noticias y declaraciones públicas con creciente preocupación. Se confirma que el gobierno no derogará las dos reformas laborales (2010, del gobierno Zapatero, y 2012, del gobierno Rajoy) que han sumido a nuestro país en la mayor precariedad laboral que se recuerda. Ahí están los datos de la última EPA, donde las cifras relativas a la destrucción de empleo, temporalidad o la inmensa brecha salarial, así como el crecimiento galopante de los denominados “trabajadores pobres”, demuestran que la hemorragia no puede frenarse únicamente con un puñado de tiritas.
Hay cuestiones que, de partida, el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han afirmado que estarán fuera de la negociación. Cabe recordar que venimos de un escenario en el que se eliminó la necesaria autorización administrativa para la presentación de los ERE, lo que ha provocado despidos masivos, y que se vieron menguadas la cuantía de las indemnizaciones que llevó a cabo el PP también para aquellas empresas que se ampararon en previsiones económicas. Además, se prescindió de los salarios de tramitación, que son aquellos jornales que la empresa estaba obligada a abonar al trabajador que hubiera denunciado su despido si un juez decretaba su readmisión. La indemnización por despido improcedente, además, fue rebajada de 45 días por año a 33 días por año. Pues bien, este será otro de los asuntos “inamovibles” de la futura reforma del autodenominado Gobierno más progresista de la historia.
Es decir, si tenemos en cuenta todas las cuestiones anteriormente citadas, con la nueva reforma laboral la destrucción de empleo seguirá encontrando en nuestro ordenamiento jurídico la misma falta de resistencia que hasta ahora.
El gobierno de Rajoy, en 2012 declaraba que su objetivo era “crecer y crear empleo”. Se acuñó incluso un término que se repitió hasta el hartazgo. La denominada flexiseguridad: supuestamente, reduciendo las trabas al despido se incentivaba, al mismo tiempo, la contratación, cuando en realidad, todas aquellas medidas estaban encaminadas, no a la creación de puestos de trabajo, sino a la eliminación abaratada de aquellos con mejores condiciones laborales para sustituirlos, a su vez, por puestos más precarios que han dado lugar a millones de trabajadores pobres.
El avance de lo que ya sabemos de la negociación de la reforma laboral de este Gobierno, nos indica que, en un sentido profundo, se va a seguir comulgando con las tesis del gobierno del PP, ya que no se prevé ni una sola medida para encarecer el despido o para penalizar a aquellas empresas que hagan un uso abusivo de la norma, trasladando la temporalidad de las empresas a las ETT en un nuevo giro que perpetúa la precariedad laboral y abre vías de negocio para los explotadores de siempre. Además de ello, en el horizonte queda la implantación de los ERTE estructurales, prevista en el punto 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sumada a las demás contrapartidas que están en el horizonte en torno a los fondos de recuperación de la Unión Europea.
