Acción Social
El permiso de lactancia se disfruta en días hábiles y no naturales
Así lo entiende el TSJ Extremadura, que da la razón a una agente de la Policía Nacional, que contará con ocho días más de permiso
La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso de una agente de la Policía Nacional interpuesto contra la resolución del Jefe de la División de Personal de la Dirección General de la Policía relativa a la concesión de permiso de lactancia.
La Sala declara que la recurrente posee derecho a disfrutar de 28 días de permiso en días hábiles sin tener en consideración los naturales. Los días que le resten los podrá disfrutar de manera acumulada en el momento más próximo a la firmeza de la sentencia y siempre en jornadas en las que no se afecte a la prestación del servicio de manera especial, concluye el fallo.
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Aprobada la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación
La Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación ha concluido su tramitación parlamentaria, una vez debatidas en el Pleno del Congreso de los Diputados las enmiendas introducidas del Senado
Entre las modificaciones que ha incluido la Cámara Alta y que han sido ratificadas por el Congreso se encuentra la exigencia de que la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la no Discriminación presente, un año después de su creación, un informe sobre «aspectos contrarios a la igualdad que pueden pervivir en las disposiciones normativas de rango legal o reglamento vigentes».
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El negocio de la guerra: Los l-ogros de la OTAN
Ya vimos los intereses, beneficiarios y estamentos que viven que viven de la guerra; en esta ocasión nos vamos a centrar en el papel que tiene España como parte de la OTAN además de acoger su cumbre el 29-30 de junio con un gran dispositivo de seguridad.
Hace 40 años, el 30/05/1982 España ingresó como miembro nº16 de la OTAN. La democracia se estaba consolidando y permitió acelerar la entrada a la CEE el 1/1/1986.
El proceso a propuesta del presidente Leopoldo Calvo Sotelo en febrero de 1981 fué muy rápido. La entrada se produjo cuando el PSOE llegó al gobierno con Felipe González que renunció a su posición contra la Alianza. El PSOE hizo campaña a favor de la permanencia en el referéndum del 12/3/2986.
La pregunta del referéndum condicionaba la permanencia en la OTAN a tres elementos: 1. no incorporación a la estructura militar integrada; 2. prohibición de armas nucleares y 3. reducción de la presencia militar de EEUU. El 56,54% de los votantes (participación del 60%) apoyó la permanencia.
Inmediatamente España comenzó a participar en todos los comités y órganos de la OTAN salvo la estructura militar integrada. De 1995 a 1999 Javier Solana, fue secretario general de la OTAN. En 1997 España acogió su primera cumbre de la OTAN con Aznar y en 1999 se integró en la estructura militar integrada.
En el siglo XXI las guerras de EEUU y OTAN han dejado más de 350.000 civiles muertos y 38 millones de desplazados. Sus actuaciones no se someten a exámenes independientes y los crímenes no son investigados.
España desde 1992 ha participado en 22 misiones de la OTAN con 125.000 militares y 119 bajas. Las tropas españolas han estado desplegadas en Bosnia (IFOR y SFOR), Kosovo (KFOR) o Afganistán (ISAF). En la actualidad participan en 7 misiones: la Policía Aérea del Báltico (BAP); los Grupos Navales Permanentes OTAN; la Operación ‘Sea Guardian’ en el Mediterráneo; la Presencia Avanzada Reforzada (EPP); la operación ‘Apoyo a Turquía’ y la operación ‘Resolución inherente’ en Irak. El coste de estas misiones en 2021 supuso más de 507,12 M€.
Los presupuestos y programas de la OTAN tienen un valor anual en torno a 2.500 M€ al que cada país aporta en función de una fórmula establecida; España aporta el 5,99%. Esto representa solo un 0,3% del gasto total de la OTAN que se elevaría a 833.000 M€. España aportó 12.208 M€ en 2021 (un 1,02% del PIB). A esto hay que añadir los 16.526 M€ que gastamos en armamento en buena medida para soportar estas acciones. El presidente del Gobierno se comprometió de manera pública a elevar la inversión en Defensa hasta el 2% del PIB como exige la OTAN a sus miembros. El objetivo de esta Cumbre de la OTAN es reforzar al imperialismo estadounidense y europeo con un rearme sin precedentes, el aumento de las tensiones con Rusia y China, la ampliación escandinava, la lucha por los combustibles fósiles y el control militar de las migraciones de los países pobres.
Derecho a la vivienda
Es inadmisible que dentro de un marco teóricamente “democrático” se produzcan cientos de miles de desalojos mientras millones de viviendas están vacías. Las administraciones públicas anteponen los intereses financieros a la emergencia habitacional.
El art.25 de la Declaración Universal de los DD.HH, el art.11 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales y el art.47 de la Constitución española, son totalmente vulnerados por el teórico Estado de Derecho español.
Tampoco basta con aprobar leyes maquillaje que no dan respuesta a la emergencia habitacional y que no plantea ninguna solución efectiva ante los desahucios. En el Estado Español, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos; y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden constituirse. De hecho, únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.
Las viviendas sociales representan sólo un 2,5% del parque de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos países europeos de nuestro entorno. En la Comunidad de Madrid el precio de la vivienda ha crecido entre un 20% y un 40% y hay más de 150.000 viviendas vacías.
Actualmente se producen una media de 180 desahucios diarios, de los cuales 100 son producto de la especulación con los alquileres. Ante todo esto, es urgente ampliar el parque público de alquiler a través de movilizar la vivienda ya construida, expropiando las viviendas de los bancos que han sido rescatados con dinero público, (SAREB), que posee, solo en la Comunidad de Madrid, aproximadamente unas 21.000 viviendas.
Mientras siga habiendo gente sin casas y casas sin gente es importante reivindicar el derecho a la okupación de espacios vacíos y sin habitar.
Son bastantes las personas que han dicho BASTA ante la especulación del sistema financiero hacia nuestras vidas y han decido autoorganizarse para dar una respuesta colectiva que genere un contrapeso a este desequilibrio de poder. Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Madrid y la PAH, entre otras, son claros ejemplos de que ante la agresión del sistema sólo es posible luchar si lo hacemos juntas. Desde CGT Metal Madrid, abordaremos este tema en la tercera edición de nuestro proyecto Construyendo Alternativas.
Valoración de puestos de trabajo
Los Planes de Igualdad y la Auditoría retributiva han de considerar las Valoraciones de Puestos de Trabajo. Esta información es de vital importancia para el conocimiento de la empresa y su política retributiva.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de la Mujer publicaron en abril una herramienta para la valoración de puestos de trabajo. El objetivo es identificar y visibilizar las diferencias retributivas entre mujeres y hombres en el contexto del diagnóstico del Plan de Igualdad y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Planes de Igualdad (RD 901/2020).
El procedimiento de valoración de puestos de trabajo (VPT) permite realizar una estimación objetiva de los requerimientos necesarios para llevar a cabo cada uno de los puestos de trabajo de la empresa atendiendo al contenido de la prestación laboral que desarrollan. Como resultado, se les asigna una puntuación numérica que permite comparar el valor de los distintos puestos de trabajo y clasificarlos en agrupaciones de puestos de trabajo de igual valor.
El art. 28 del ET señala que un trabajo tiene igual valor que otro cuando sean equivalentes la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, las condiciones profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, o los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo.
El VPT permite clasificar los requerimientos o factores que pueden concurrir en los distintos puestos de trabajo. El Sistema de Valoración de Puestos de Trabajo (SVPT) VPT debe de cumplir tres criterios:
- Adecuación: Los factores relevantes en la valoración deben ser aquellos relacionados con la actividad y que efectivamente concurran en la misma
- Totalidad: Deben tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto del trabajo, sin que ninguna se infravalore.
- Objetividad: Deben existir mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta y que no reflejen estereotipos de género.
El procedimiento requiere determinar todos los puestos de trabajo presentes en la plantilla de la empresa y evaluar para cada uno de ellos la totalidad de los factores que se han incluido en la herramienta conforme a una escala. Una vez completada la evaluación, la herramienta ofrece de manera automática la puntuación numérica que refleja el valor de cada puesto, y pasa a incluirlo en agrupaciones de puestos de trabajo de igual valor.
Esta agrupación de puestos de igual valor es la que utiliza la auditoría retributiva del RD 92/2020. Desde el punto de vista sindical es importante profundizar en la VPT de la empresa pues nos da un conocimiento importante del valor que asigna a cada puesto de trabajo la compañía y las retribuciones asociadas.
La Comisión de Trabajo envía al Pleno la regulación de los planes de pensiones
La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en su sesión de este jueves ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002
Reforma de las pensiones
Esta iniciativa tiene como objeto la modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, para «favorecer la existencia de fondos de pensiones de empleo» e impulsar su implantación efectiva.
Para ello, la iniciativa prevé facilitar la creación de planes colectivos en el marco de la negociación colectiva y habilitar la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, «a fin de facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes».
Además, también subraya la necesidad de simplificar los trámites en la adscripción y gestión de los planes de pensiones y diseñar mecanismos que favorezcan la movilidad de los trabajadores entre las diferentes empresas y sectores.
Ninguna mujer nace para puta – María galindo y Sonia Sánchez
Las autoras consideran la prostitución otra forma de explotación dentro del sistema capitalista. Es violencia sexual hacia las mujeres. Estas escritoras y activistas latinoamericanas escriben este relato autobiográfico de dos mujeres que fueron explotadas sexualmente explicando su experiencia y su activismo en Argentina y Bolivia.
Este libro explica que “la puta” no tiene decisión sobre su propio cuerpo: es una “mujer-máquina de hacer dinero” para otros. “La puta no significa, ni expresa nada”, solo mueve dinero y hay toda una industria montada en torno a la entrega de su cuerpo.
considera que “la puta es la cara oculta de esta sociedad y de este Estado hipócrita y machista” y la omisión que se hace de ella posibilita que suceda lo que sucede. “Existencia no solo sin contenido y sin valor para la sociedad, sino sobre todo en una existencia que no afecta, no interpela ninguna de las estructuras sociales”.
Considera “indignante y doloroso que otras mujeres no te vean, no te sientan, no te escuchen; que reproduzcan el lenguaje y la actitud del patriarcado reforzándolo”. Explica las estrategias de autojustificación de muchas prostitutas como la maternidad, el vínculo amoroso con el proxeneta (fiolo), etc.
A la prostitución se llega “muda” y “la mudez y el silencio están construidos de muchos pedazos de violencia que no son todos iguales y que taponan y bloquean, no solo tu posibilidad de hablar, sino también de pensar y de respirar”.
Trata de la culpa … “al principio, cuando venía la policía y nos subía con brutalidad al patrullero, nosotras pensábamos que éramos culpables”. “Hemos sido criminalizadas con un discurso que hemos introyectado y se ha hecho carne en nosotras”. Por eso es importante interpelar a la sociedad. “No diciendo que soy inocente, sino haciendo responsable a la sociedad de forma directa”.
Hay quién dice ayudar, como el asistencialismo y la caridad que “solo sirven para mantenerte dónde estás...” (Iglesias, ONGs, sindicatos, …)
El “Estado proxeneta” utiliza los programas de inclusión social para sostener el sistema y donde el proxeneta, el prostituyente y el policía son socios. y en ocasiones aíslan a la puta “para que no contagie”. Y considera que “todo prostituyente es un explotador”.
Da importancia al lenguaje y considera que palabras como “Trabajadora sexual” sólo maquillan la situación. Explica también formas de luchar fuera del victimismo y poniendo el cuerpo en la lucha.
Los PPEs ya están aquí
El preacuerdo del GSDC deriva por primera vez fondos salariales a un PPE siguiendo los principios de la reforma de las pensiones. Los principales beneficiarios son los gestores de planes de pensiones, las empresas y los sindicatos que apoyan las medidas y tienen intereses en dichas gestoras. El coste es la reducción del nivel de vida de los pensionistas, sobre todo de los más vulnerables.
La construcción será el primer sector que se adhiera a los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) afectando a casi un 1,5 M de trabajadores. Las empresas también recibirán bonificaciones.
El desarrollo de los Planes de Pensiones Público se incluye en el preacuerdo del VII Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (CGSC) suscrito por CNC, CCOO y UGT. El CC se extiende por 5 años y los incrementos salariales serán de un 4% en 2022 (3% salario y 1% PPE), 3% en 2023 y 2024 (0,25% para el PPE); los del 2025 y 2026 están por determinar.
Los PPEs son el segundo pilar de la previsión social (junto con el SPP y los PPIs) y el 1% de las empresas españolas los ofrecían a sus empleados. Con reforma de las pensiones se han ofrecido incentivos fiscales a las compañías: deducción de la base imponible hasta 10.500 € (en los PPI el máximo es 1.500 €) y que las contribuciones a los PPEs no coticen a la Seguridad Social (límite de 115 €/mes por trabajador) reduciendo la financiación del SPP. CGT y los pensionistas se oponen a los PPEs.
Los PPEs se constituyen en los Convenios Colectivos sectoriales y participan en un gran fondo público (supervisado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos) y de gestión privada.
Según la OCDE, en España, la tasa de sustitución es del 73,9% absorbida íntegramente por el SPP. La tasa de sustitución media en la OCDE es del 57,6%, correspondiendo el 42,2% al SPP y 15,4% al privado (9,5% obligatorio y el 5,8% voluntario). El objetivo es reducir la tasa de sustitución así como la contribución del SPP a la misma. Es decir, reducir el número de personas pensionistas y su nivel de vida (afectando aún más a las personas que no pueden permitirse invertir en planes voluntarios). Pero siempre hay unos beneficiados, los gestores de planes de pensiones, que después de ser identificada su estafa basada en las comisiones, recurren a la obligatoriedad impuesta por los CCs. Según inverco, El patrimonio de los Fondos de Pensiones en España en 2021 era de 127.998 M€ (8% más que en 2020) y representaba un 10,5% del PIB nacional (en la OCDE representaba el 63,5%). La reducción del límite máximo de aportación hasta 2.000 € para el 2021 y 1.500 € para 2022 ha producido una reducción del 40% en la aportaciones en los PPIs y los PPEs no han modificado sus aportaciones. Las medidas acordadas con CCOO y UGT (con intereses en las gestoras y beneficios de la gestión) claramente tratan de “explotar” este filón.