Ecomomía
El Supremo aclara el modo en que la subida del SMI afecta a los convenios colectivos
Pese a la literalidad del Real Decreto, la subida debe aplicarse en los términos contemplados por el Estatuto de los Trabajadores, por lo que no afecta a quien ya venga cobrando un salario superior en cómputo anual
Las importantes subidas que al SMI ha experimentado en los últimos años han venido suscitando dudas sobre el modo en que debían repercutir en los ingresos percibidos por buena parte de la población activa.
En particular, y respecto del fijado para el año 2019, se ha venido discutiendo si las nuevas cantidades debían tomarse como “salario base” y sobre ellas calcular los diversos complementos (antigüedad, penosidad, peligrosidad), tal y como la literalidad del real decreto de SMI establece.
Mediante tres sentencias, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dado una respuesta negativa al interrogante. Conforme a sus palabras “para conseguir la efectiva percepción del SMI garantizado hay que atender a las previsiones del convenio colectivo, incluyendo los diversos complementos salariales, salvo que una norma con rango de Ley aboque a otra conclusión, o el propio convenio colectivo lo indique de forma expresa”.
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Los salarios de convenio suben por encima del 2% en el arranque del año
Sólo el 17% de los convenios registrados cuenta con cláusula de garantía salarial
Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,01% en enero, por encima de lo registrado en 2021 (+1,47%), pero lejos del IPC, cuyo dato avanzado para enero se situó en el 6%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Este incremento salarial está por debajo de la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) y está algo más en línea con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.
Este AENC, que tenía vigencia hasta el año pasado, se encuentra a la espera de que los sindicatos y la patronal renueven y actualicen su contenido.
La falta de chips ya destruye puestos de trabajo en la industria del automóvil
Los retrasos en la llegada de semiconductores a las fábricas se agravan y alcanzan hasta las 25 semanas
Casi 40.000 empleados de las factorías de Volkswagen, Stellantis, Renault, Ford y Mercedes en España están a la expectativa de lo que sucede en el mercado mundial de los semiconductores. De la llegada de estos pequeños componentes electrónicos depende que las líneas de producción en las que trabajan puedan mantener la actividad y ellos librarse de los ERTE que penden sobre sus cabezas. En lo que va de año se han producido en torno a medio millón de vehículos menos que en el mismo periodo de 2019 (un 25% menos), cuando no había estallado todavía la pandemia. Y todo ese terremoto en la cadena de producción se está trasladando a sus proveedores.
“El problema de los semiconductores es que, tras agotar las medidas de flexibilidad que había en los convenios, se está trasladando ya a destrucción de empleo, porque las empresas están empezando a no renovar los contratos eventuales”, señala la secretaria general de Industria de CC OO, Garbiñe Espejo. Y, como advierte el profesor de EADA Juan José Montiel, la afectación continúa durante este cuarto trimestre: “Las vamos a seguir pasando canutas por el efecto látigo que está provocando el desajuste entre la demanda y la oferta de microchips, que se irá ajustando con el tiempo”, sostiene. El tiempo de espera ha pasado de situarse en una horquilla de entre cuatro y ocho semanas hace un año a otro de entre 15 y 25 semanas ahora.
Análisis crítico del Presupuesto de Defensa del año 2021
Desde 2018 el Estado español ha funcionado con un presupuesto prorrogado y aprobado por el entonces gobierno del Partido Popular, finalmente, el nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas-Podemos ha presentado un nuevo presupuesto para el año 2021 para su aprobación en el Congreso de Diputados.
Un presupuesto consolidado que alcanza la cifra de 550.486 millones de euros, sin las operaciones financieras de 416.498 millones, nada menos que un 19,4% más que el de 2020. Este importante incremento es debido, por un lado, a la inyección de 27.000 millones que la Unión Europea remitirá a España en 2021 como adelanto de los 140.000 asignados a nuestro país para hacer frente a la pandemia del Covid-19; y, por otra parte, porque se prevé algunas subidas de impuestos (de capital, IRPF, IVA, al diésel y la tasa Tobin). Sin duda un optimismo que no parece tener en cuenta la enorme crisis producida por la pandemia del Coronavirus y que no vislumbra una salida tan halagüeña como presenta ese crecimiento espectacular que presenta el borrador del presupuesto de 2021. Aunque, cierto es, que las propuestas del Gobierno, en su mayor parte, van destinadas a gasto social e inversiones para crear empleo, y, en ese sentido, hay que celebrar la voluntad de cambiar el pesimismo que hoy invade a la sociedad española y se hagan propuestas de incrementar de manera tan importante el gasto social.
Pero esas alegrías en el ámbito de las coberturas de las políticas sociales y de impulso al empleo tienen en el ámbito militar su lado más negativo, pues el presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado (que incluye Organismos Autónomos, el Centro Nacional de Inteligencia y transferencias), crece en 664 millones, un 6,5% respecto a 2020 y alcanza la cifra de 10.863 millones. Y si se tienen en cuenta las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar se alcanzan un aumento del 10,3%. Y esto es una mala noticia, porque la mayor parte de ese aumento se destina a promover nuevos Programas Especiales de Armamentos (PEA). Una parte, 676,5 millones a las empresas en base a créditos en I+D militar para desarrollar nuevas armas. Y otra aún más elevada, 3.266 millones de los cuales, 2.342 son para pagar la adquisición de esas mismas armas. Unos PEA que fueron aprobados durante el Gobierno del PSOE antes de su coalición con Unidas-Podemos que alcanzan casi 14.000 millones en su desarrollo durante los próximos diez años. Unas inversiones que en Defensa aumentan un 20,4%, con respecto al año 2020.
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El sueldo de los consejos del Ibex sube un 7,75%
El pago de algunos finiquitos millonarios dispara la minuta de los administradores de las grandes cotizadas
El capitalismo también tiene sus paradojas, sus espejos cóncavos que reflejan realidades deformadas. Repsol publicó sus cuentas anuales el pasado 20 de febrero con unas pérdidas históricas de 3.816 millones de euros. Las provisiones para poner al día el valor de sus activos y un litigio de su filial Talisman con la china Sinopec fueron los causantes del agujero. Minutos después de comunicar a la CNMV las cuentas, la petrolera registraba el informe de retribuciones del consejo. El sueldo de los administradores el pasado curso aumentó un 105%, hasta sumar 30,3 millones. El salto salarial se debió fundamentalmente a uno de los finiquitos de oro que con frecuencia se suceden entre la aristocracia directiva del Ibex 35.
En concreto, el que fuera secretario general de Repsol, Luis Suárez de Lezo, dejó el cargo el pasado 1 de enero (aunque sigue como consejero externo). Tras abandonar sus funciones ejecutivas recibió un total de 19,6 millones de euros. De estos, 8,74 millones corresponden a indemnización y otros 2,56 millones a una cláusula de no competencia. También ingresó en efectivo la liquidación de los planes de retribución a largo plazo (2,99 millones de euros) y recibió otros 2,94 millones como remuneración por su plan de pensiones.
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