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La mitad de los afectados por un ERTE aún no tienen reconocida su prestación

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El SEPE, con apenas 6.200 trabajadores, ha tramitado 1,9 millones de expedientes durante el estado de alarma, el 80% de los que ha recibido

Los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se están «dejando la piel». No lo dicen solo ellos, sino que así lo admitió recientemente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien llegó incluso a pedir para este colectivo un aplauso a semejanza del que cada día a las 8 de la tarde se realiza por los profesionales sanitarios. Aunque sin bata blanca, son otros de los héroes de esta crisis, que trabajan a destajo, los siete días de la semana y a doble turno, para intentar que ninguno de los afectados por esta pandemia se quede sin cobrar su prestación por desempleo; de hecho, en poco más de un mes, han reconocido el paro a casi 1,9 millones de afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque se trata de menos de la mitad de los presentados. «Hay muchísimo compromiso, hay una especie de conciencia de que somos imprescindibles para el bienestar ciudadano; sin nosotros la gente no puede comer», explica Pilar Seoane, directora de una oficina de empleo en La Coruña y representante de CC OO.

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http://www.elcorreo.com/economia/trabajo/mitad-erte-prestacion-afectados-no-tienen-reconocida-prestacion-20200425160646-ntrc.html

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24 de abril: Día de Acción Global por el Clima

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Hoy, cuando toda la población sufre en carne propia la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, se hace patente lo urgente e ineludible que es aunar esfuerzos para, solidariamente, hacer frente a la enfermedad y sus repercusiones sanitarias y sociales. Unas consecuencias que son sufridas en mayor grado por las personas y los colectivos más vulnerables, que padecen no solo la crisis sanitaria sino la precarización y el empeoramiento de sus ya poco dignas condiciones de vida. 

Ese mismo conocimiento que nos hace entender que estamos ante una situación de emergencia, nos lleva a las organizaciones firmantes a continuar con la convocatoria de la “Acción global por el clima” del día 24 de abril. 

La humanidad enfrenta una emergencia climática sin precedentes en la que también es necesario actuar con la responsabilidad de proteger la vida en primer lugar. Esta defensa de la supervivencia debe llevarnos a tomar medidas ambiciosas y drásticas, en otras palabras, a asumir el estado de emergencia climática, impulsando las actuaciones necesarias y no las que se presentan como “políticamente posibles”, antes de que la situación nos desborde. 

Estamos al borde de un punto de no retorno marcado por una enorme pérdida de biodiversidad y por el incremento de la temperatura global, que pone en jaque a todo el planeta, incluida la humanidad y sus sociedades. Las consecuencias del cambio climático son, entre otras, un incremento de los grandes incendios forestales, la proliferación de enfermedades de regiones más cálidas, sequías más severas, subida del nivel del mar, también lluvias torrenciales que provocarán inundaciones, movimientos migratorios motivados por la crisis climática… 

El calentamiento global es consecuencia directa del modelo de producción y consumo que continuamente se demuestra incapaz de satisfacer las necesidades vitales de las personas, precarizándolas y poniendo en situación de vulnerabilidad a gran parte de la población mundial; de los ecosistemas y el resto de seres vivos que habitan este planeta. Mientras, arriesga nuestra supervivencia como especie, al basarse en la explotación ilimitada de los recursos naturales, impactando de manera injusta en las poblaciones más pobres y vulnerables. Pero en esta crisis, la ciencia también ha señalado la vía de actuación, que no es otra que la descarbonización de nuestro sistema económico, especialmente en las sociedades industrializadas occidentales que tenemos más responsabilidades y mayores capacidades. Un sistema económico que se ha paralizado ante la crisis del coronavirus y que debemos replantearnos antes de reiniciar. 

Ante ello, las organizaciones firmantes, de acuerdo con la ciencia, manifestamos que sí, que participamos de la idea de la necesidad de apoyar la salida de las crisis generadas por el coronavirus, pero matizamos que esta no puede reproducir el modelo que nos ha conducido hasta la emergencia ecológica y social actual. Que se puede y debe incorporar lo que hemos aprendido. Que debe basarse en las personas, en sus posibilidades y en sus necesidades, así como en la protección de nuestros recursos naturales. Una idea que resumimos en la frase “salgamos del parón y transformemos la actividad de un modo climática y socialmente justo”. 

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Autorizada una tercera prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha autorizado este miércoles, 22 de abril, una tercera prórroga del estado de alarma hasta las 00:00 horas del domingo 10 de mayo, tras la solicitud del Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020.

El Ejecutivo declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. Posteriormente, ha sido prorrogado en dos ocasiones con la autorización de la Cámara Baja, por los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, y 487/2020, de 10 de abril.

Esta tercera ampliación del estado de alarma contempla, desde el domingo 26 de abril, la autorización de las salidas de los menores de hasta 14 años con un adulto a dar paseos o acompañarles en las actividades esenciales permitidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Además, se prevé que el ministro de Sanidad pueda adaptar territorialmente las oportunas modificaciones, ampliaciones o restricciones relativas a los lugares, establecimientos y actividades enumeradas en el artículo 10 de este Real Decreto por razones justificadas de salud pública.

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http://elderecho.com/autorizada-una-tercera-prorroga-del-estado-alarma-10-mayo

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Carta de CGT a la Ministra de Igualdad

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Trabajadoras embarazadas y en período de lactancia

La CGT ha remitido una carta a la Ministra de Igualdad en la que le ha trasladado la petición de prestación para las Trabajadoras embarazadas y en período de lactancia, en riesgo por el covid19.

La actual pandemia del Covid19 está poniendo a prueba a toda la sociedad española y, tanto las administraciones públicas como las empresas, deben estar a la altura de las circunstancias, garantizando de manera real y efectiva la salud en el ámbito laboral de todas las personas trabajadoras y especialmente las personas calificadas como más sensibles.

En el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2 de 8 de abril de 2020” del Ministerio de Sanidad, se establecen recomendaciones, tanto a nivel preventivo como en el ámbito laboral, de cómo actuar para la protección del derecho a la salud de las personas trabajadoras con relación al COVID19.

En el citado procedimiento se definen las trabajadoras especialmente sensibles, entre otras, las embarazadas y lactantes, así como que se establecen medidas de protección según la situación de riesgo en la que se encuentre, llegando a poder acceder a la prestación de riesgo por embarazo o lactancia. Así mismo, se establece que en algunas situaciones de riesgo, no se precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permaneciendo en su actividad laboral habitual, por ser riesgo comunitario o por no estar en contacto con personas sintomáticas.

No obstante a lo anterior, es notorio y conocido que una de las vías de propagación y de infección del Covid19 es a través de las personas asintomáticas, es decir, aquellas personas infectadas pero sin síntomas. Esta realidad, todavía no cuantificable por la falta de recursos en la presente crisis para poder detectarlo, conlleva obligatoriamente que se amplíe la protección, tanto de naturaleza preventiva como en medidas correctoras, para disminuir y eliminar el riesgo. Así mismo, en el citado

procedimiento no se han tenido en cuenta los riesgos a la exposición de contagio durante el transporte, tanto a la ida como a la vuelta de la jornada laboral.

En consecuencia, desde CGT entendemos que a las trabajadoras embarazadas y lactantes se les debe de garantizar una seguridad integral, de manera real y efectiva.

Para ello, consideramos que, desde las diferentes instituciones con competencia en materia de Sanidad, Igualdad y Seguridad Social, hay que transmitir un mensaje claro de protección a estas trabajadoras en los términos de la propuesta que formulamos a continuación:

 Acceso directo e inmediato de las trabajadoras embarazadas y en período de lactancia a la prestación de riesgo por embarazo y lactancia a partir del conocimiento de la existencia de embarazo y durante el período de lactancia, al margen de la actividad a la que correspondan, cuando exista posibilidad de contagio tanto de personas asintomáticas como sintomáticas. Con la excepción de aquellas trabajadoras que se encuentren teletrabajando.

Todo ello con base en la normativa en materia de Prevención de Riesgos e Igualdad, recogida en los Artículos 14 y 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 4 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de las y los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

Vía:
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/carta-cgt-la-ministra-igualdad

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Ninguna persona es ilegal

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Desde hace años, la Confederación General del Trabajo (CGT), entre sus muchas luchas sociales destacan: la lucha contra el racismo, por el derecho a una vivienda digna y por una Sanidad Pública Universal para todas las personas sin ninguna distinción, especialmente desde que el Partido Popular intentó desmantelarla a base de recortes.

En esta lucha, la gran batalla en la que está inmersa la CGT es la que hace referencia a la negativa de otorgar el derecho a la Sanidad a las personas migrantes que viven en el Estado español en situación irregular, es decir, las llamadas “sin papeles”.

Con la Pandemia del COVID 19 que estamos sufriendo toda la población a nivel mundial, la CGT exige más que nunca que esos derechos sean aplicados a las personas migrantes, ya que no se las puede ni debe excluir de ninguna medida social ni sanitaria que el Gobierno ha determinado para todo el Estado, pues una situación administrativa no puede ser nunca la excusa para denegar el derecho fundamental de acceso a la Sanidad Pública y a sus prestaciones.

Tenemos especialmente presente la vulnerabilidad de las niñas y los niños menores no acompañados dado que, en la crisis sanitaria y el confinamiento que estamos viviendo se hace mucho más patente y cruel. El cuidado de estas personas que son menores y la defensa de sus derechos es un objetivo claro para la CGT que quiere hacer extensible a las instituciones del Estado español. Es responsabilidad de todos y todas.

Durante esta crisis socio sanitaria provocada por el COVID19, se están visibilizando los trabajos hasta ahora invisibles, como son los de limpiezas, los agrícolas, los de cuidados a mayores y/o dependientes, los repartidores, los transportistas, etc…, trabajos esenciales para el desarrollo y bienestar del país que, en su gran mayoría, son realizados por personas migrantes, muchas veces en situación irregular y en condiciones deleznables. Valga de ejemplo, las personas temporeras que son explotadas laboralmente, que carecen de todo tipo de derechos y que malviven en asentamientos infrahumanos, sin salubridad, sin servicios básicos y sufriendo el racismo social e institucional.

Por todo ello, la CGT exige la Regularización urgente de todas las personas migrantes y demandantes de asilo, así como la puesta en libertad de las personas encerradas en CIES y CETIS, autorización para trabajar a las mayores de 18 años, incluidas las extuteladas, sabiendo además que hay un déficit de mano de obra en estos momentos para trabajar en el campo, ya que se están solicitando más de 80.000 personas para las diversas recolecciones de la temporada, y, por supuesto, con medidas que dignifiquen las condiciones laborales y de vida de los y las trabajadoras agrarias que viven en los asentamientos.

¡ REGULARIZACIÓN YA !

Secretariado Permanente del Comité Confederal

Vía: http://rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/ninguna-persona-es-ilegal

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El SEPE crea un formulario para comunicar la salida de los trabajadores de un ERTE

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El SEPE ha publicado hoy, 21 de abril, una guía (incluyendo un formulario) para comunicar la baja de la prestación de los trabajadores afectados por ERTE que se van incorporando a la actividad.

En la guía, explica los siguientes puntos:

¿Quién debe comunicar las bajas?
Pueden comunicar las bajas de las prestaciones de los trabajadores afectados por la medida de suspensión o de reducción de jornada, la empresa, el grupo de empresas o la gestoría designada para estos trámites por los anteriores.

Los trabajadores, al conocer la fecha en que retornan a su actividad laboral, entienden que su prestación queda interrumpida desde ese momento y no tendrán que realizar ninguna gestión directamente ante el SEPE a estos efectos.

Continúa la publicación para saber como ha de ser el formulario en:
http://sincro.com.es/blog/actualidad-laboral/el-sepe-crea-un-formulario-para-comunicar-la-salida-de-los-trabajadores-de-un-erte/

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El REFOR alerta de que dado el volumen de ERTEs, muchos podrían acabar en ERE o en concurso de acreedores

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Covid-19: Dado el número de ERTE presentados hasta la fecha (alrededor de 500.000), las probabilidades de que muchos de estos acaben convirtiéndose en ERE –con la posibilidad de que muchas empresas puedan acabar en liquidación– son muy elevadas.

Así lo han asegurado los economistas del Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia concursal y pericial del Consejo General de Economistas de España–, en un comunicado de prensa.

Valoraciones positivas y negativas

El REFOR valora positivamente las aclaraciones en materia concursal incluidas en el RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo (que establece cuándo puede declararse un concurso voluntario o necesario, y define el ámbito preconcursal tras el Covid-19).

Asimismo, son positivas las aclaraciones contenidas en la modificación del citado RD-Ley mediante el RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo (que aclara quién tiene la competencia en el ERTE concursal).

No obstante, advierten desde el REFOR, se echan de menos otras medidas necesarias en el ámbito de las insolvencias, ahora que ya ha transcurrido el suficiente tiempo para abordar un conjunto de soluciones que permitan contener, en la medida de lo posible, la ola de concursos de acreedores que se van a declarar en los próximos meses.

Continúa y lee el artículo completo en: http://sincro.com.es/blog/actualidad-economica/el-refor-alerta-de-que-dado-el-volumen-de-ertes-muchos-pueden-acabar-ere-o-en-concurso-de-acreedores/

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CCOO y UGT, ordeñando el Covid-19

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<<Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen>>

(Honoré de Balzac)

Dicen que un panal de rica miel… Los hoy todopoderosos Kennedy se hicieron ricos y honorables saltándose las restricciones de la ley seca. El último pirata del mediterráneo, el mallorquín Juan March, creó un imperio bancario conspirando durante la guerra civil a favor de Franco, y hoy da nombre a una fundación filantrópica que luce con luz propia en el campo de la cultura humanística y científica. La química alemana Bayer se hizo una potencia en el sector  vendiendo el gas zyklon con que los nazis asfixiaban a los judíos durante el holocausto, y hoy encarna a uno de los equipos de fútbol más famosos del mundo, el Bayer Leverkusen. A los triunfadores no se les mira el diente, solo el talonario.

La crisis desatada por el Covid-19 también tiene sus depredadores. Y no solo entre los oportunistas y mercenarios que aprovechan las circunstancias para lucrarse traficando con los EPIs (Equipos de Protección Individual: mascarillas, test, respiradores, batas, guantes) o cualquier otro de material sanitario necesario para combatir la pandemia. Hay otros aprovechados que están entre nosotros, asimilados, al margen de los circuitos opacos en que se mueve la criminalidad organizada con licencia para especular. Son aquellas instituciones dignas de ninguna sospecha que usan la legalidad para sus impresentables fines. A menudo con el visto bueno de las propias autoridades, cuando no precisamente gracias a su dilecta complicidad, por acción u omisión. Altruistas de reconocido prestigio que brillan como agentes sociales <<representativos>>. Es el caso de la actuación de los sindicatos pretendidamente mayoritarios (la afiliación en España es del 13,7% de la población activa, el mínimo histórico) en el caso de las medidas laborales aprobadas por el gobierno de coalición de izquierdas para paliar la crisis social desatada por el coronavirus. Veamos.

Para empezar tenemos dos sindicatos, autodenominados de clase, que en 2010 y 2012 llamaron a la huelga general para revertir las contrarreformas labores perpetradas por el gobierno del PSOE, primero, y por el del Partido Popular, a continuación, para reasignar el impacto de la crisis financiera desatada en 2008. Luego contamos con una ministra en el gobierno de coalición de izquierda PSOE-Unidas Podemos que al tomar posesión de su cargo prometió solemnemente derogar la contrarreforma hecha en la etapa de Mariano Rajoy (la confluencia con Pedro Sánchez en el poder dejó sin respuesta acometer otro tanto con la realizada por José Luis Rodríguez Zapatero). Pasados pocos días de aquella triunfal presentación, la titular de dicha cartera en el Ejecutivo <<rotundamente progresista>>, la dirigente comunista Yolanda Díaz, anuló al punto del artículo 52 del Estatuto de los Trabajados  (ET) referido al despido por bajas médicas justificadas, dejando para más hacer otro tanto con las partes <<más lesivas>> de las normas introducidas por el PP.

Continúa en:
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/ccoo-ugt-orde%C3%B1ando-el-covid-19

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