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Publicado en Seguridad y Salud de Pinterest.
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La AEPD, preocupada por la toma de temperatura por comercios, centros de trabajo y otros establecimientos
La paulatina retirada de las medidas de confinamiento y limitación de la actividad económica y social está determinando la implantación de medidas encaminadas a prevenir nuevos contagios de Covid–19. Entre estas medidas se está incluyendo, aparentemente de forma generalizada y en muy variados entornos, la toma de temperatura de las personas para determinar la posibilidad de que puedan acceder a centros de trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de establecimientos o equipamientos.
En esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos considera necesario destacar su preocupación por este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el criterio previo y necesario de las autoridades sanitarias.
Tratamiento de datos personales sensibles
Debe señalarse, en primer lugar, que este tipo de operación supone un tratamiento de datos personales que, como tal, debe ajustarse a las previsiones de la legislación correspondiente. Esta normativa contiene apartados específicos que contemplan situaciones como la actual, al tiempo que permiten seguir aplicando los principios y garantías que protegen el derecho fundamental a la protección de datos.
Este tratamiento de toma de temperatura supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados. Por una parte, porque afecta a datos relativos a la salud de las personas, no sólo porque el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus.
Por otro lado, los controles de temperatura se van a llevar a cabo con frecuencia en espacios públicos, de forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus.
En último extremo, y dependiendo del contexto en que se aplique esta medida, las consecuencias de una posible denegación de acceso pueden tener un importante impacto para la persona afectada.
Continúa en: http://elderecho.com/la-aepd-preocupada-la-toma-temperatura-comercios-centros-trabajo-otros-establecimientos
CGT presenta al Gobierno español una tabla reivindicativa de derechos y libertades irrenunciables para la clase trabajadora
La organización anarcosindicalista remitió una carta al presidente del Gobierno, el pasado 27 de abril, en la que exige que la clase trabajadora no vuelva a asumir el coste de una nueva crisis
CGT reivindica el fin de la precarización y la explotación laboral en trabajos como los que han sustentado la vida de nuestra sociedad durante la pandemia de Covid-19
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha informado sobre una nueva carta remitida al Ejecutivo de Sánchez e Iglesias en la que presenta una tabla reivindicativa de derechos que considera imprescindibles para la clase trabajadora en los tiempos que se presentan. En este sentido, la CGT ha expresado al presidente que las trabajadoras y los trabajadores de este país no pueden volver a soportar las consecuencias de otra “crisis” como la de 2010.
CGT recuerda que, con la excusa de la “crisis”, en los últimos 10 años se han normalizado las políticas de austeridad que se han aplicado solamente a la clase trabajadora con el objetivo de que banqueros, empresarios y ricos en general siguieran manteniendo sus privilegios y beneficios.
CGT considera que no es justo que quienes no habían ocasionado la crisis de hace 10 años la pagaran, igual que hora tampoco lo será si vuelve a recaer sobre la misma gente. Por todo ello, desde la CGT han presentado una serie de reivindicaciones para evitar que sean las personas de clase trabajadora quienes soporten las consecuencias socioeconómicas derivadas del “coronavirus”.
Los anarcosindicalistas piden que la Banca devuelva el dinero público con el que fue rescatada, la recuperación del poder adquisitivo perdido por los recortes, el respeto del mínimo de IPC anual al incrementar los salarios, que no se produzcan despidos mientras dure esta crisis, la reducción de la jornada laboral y el reparto del trabajo asalariado y de cuidados, la prohibición de hacer horas extras y la creación de trabajo estable, la puesta en marcha de medidas contra el machismo y la violencia contra las mujeres, empleos compatibles con la vida, la reducción de la edad de jubilación, un Sistema Público de Pensiones dignas para todas las personas, la creación de una Renta Básica de las Iguales (RBis) que cubra las necesidades de la gente más vulnerable, garantizar los Servicios Públicos básicos para toda la población, medidas concretas para luchar contra la emergencia climática, garantías para que las máquinas que sustituyen la mano de obra humana coticen para mantener los servicios públicos, vivienda digna para todas las personas, garantías de protección de los derechos y libertades de las personas migrantes, garantías para que la juventud tenga posibilidades de construir aquí un proyecto de futuro sin necesidad de emigrar y medidas reales contra la despoblación, el envejecimiento y la falta de Servicios Públicos en el medio rural.
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
La OIT advierte que casi la mitad de la población activa mundial podría perder su fuente de ingresos
La caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa del brote de COVID-19 significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento, advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según «El Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo» (III Edición), presentado ayer, 29 de abril de 2020, la caída de las horas de trabajo en el actual trimestre (segundo) de 2020 podría superar con creces a la estimada anteriormente.
En comparación con los niveles anteriores a la crisis (cuarto trimestre de 2019), ahora se prevé un deterioro del 10,5 por ciento, el equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo (asumiendo una semana laboral de 48 horas semanales).
Según la previsión anterior, el descenso sería del 6,7 por ciento, el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo. Ello se debe a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento.
Por lo que respecta a las regiones, la situación ha empeorado para la totalidad de los principales grupos regionales.
Las estimaciones indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 12,4 por ciento en el segundo trimestre en las Américas (frente a los niveles anteriores a la crisis) y al 11,8 por ciento en Europa y Asia Central. Las estimaciones para el resto de los grupos regionales son bastante cercanas, y todas superan el 9,5 por ciento.
Las 10 situaciones que se le pueden presentar a un trabajador desplazado en tiempo de coronavirus
El próximo 30 de julio de 2020 entrará en vigor la Directiva (UE) 2018/957 por la que se reforma la Directiva 96/71/CE sobre desplazamiento de trabajadores transnacionales. A este respecto, las situaciones en las que puede verse implicado un trabajador desplazado son analizadas por el abogado Luis Vidal Martín para nuestra web.
Las novedades introducidas por la Directiva (UE) 2018/957 pueden sintetizarse en tres puntos:
- Garantizar una remuneración justa, de tal forma que las normas salariales del país de acogida deberán aplicarse a los trabajadores desplazados, incluyendo no solo el salario mínimo, sino también las normas salariales contempladas en normas laborales (Estatuto de los Trabajadores y convenios colectivos regionales o sectoriales).
- Mejorar las condiciones de alojamiento y manutención, que obligatoriamente correrán a cargo del empleador y no podrán descontarse del salario de los trabajadores.
- Limitar la duración del desplazamiento. La duración máxima del desplazamiento queda fijada en 12 meses, prorrogable por 6 meses más. A partir de ese momento, el trabajador podrá seguir residiendo y trabajando en el Estado miembro en el que esté destinado, pero todas sus condiciones laborales estarán sujetas a las normas del país de acogida.
En la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, es posible que para la fecha de 30 de julio de 2020 no se hayan levantado las restricciones de movimiento en España, Europa y en terceros Estados, por lo que de forma sobrevenida tendremos que evaluar para nuestra empresa o clientes determinados escenarios que se nos pueden presentar en tiempos de coronavirus/COVID-19, dando mayor importancia a la salud de los trabajadores que a la puesta en marcha de la propia directiva.
Continúa en: http://www.laboral-social.com/trabajador-desplazado-transnacional-covid19-directiva-96/71.html
COVID-19.Criterio de la Dirección General de Trabajo, de 1 de mayo de 2020, sobre prórroga de ERTES
La Dirección General de Trabajo ha emitido con fecha 1 de mayo de 2020 el Criterio sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma, en el que teniendo en cuenta el Plan de desescalada adoptado en Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, aclara cómo se debe proceder por parte de personas trabajadoras y empresas en relación con las medidas laborales de emergencia previstas en el Real Decreto-Ley 8/2020, particularmente en relación con las denominadas «medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos».
Conforme a este Criterio, las empresas que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor. Igualmente será posible alterar la medida suspensiva inicialmente planteada y facilitar el tránsito hacia las reducciones de jornada, que suponen un menor impacto económico sobre la persona trabajadora y permitirán atender a la paulatinamente creciente oferta y demanda de productos y servicios de las empresas.