Seguridad Social

Escrivá avanza que “muy pronto” llevará al Congreso la modificación de la Ley General de la Seguridad Social

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que “muy pronto” el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados la modificación de la Ley General de la Seguridad Social.

En declaraciones a los medios de comunicación, en una visita a la planta de la empresa Saica, situada en el Polígono ‘el Espartal’, en El Burgo de Ebro (Zaragoza), Escrivá ha señalado que comparecerá ante la Comisión del Pacto de Toledo el lunes y dará cuenta del punto en el que se encuentra la reforma de las pensiones.

Ha recordado que el Gobierno recibió una serie de recomendaciones del Congreso y está poniendo en marcha los procedimientos normativos y de concreción para poder responder a esas sugerencias. Según ha dicho, hay dos “elementos centrales” en la reforma que ha de aportar “total certidumbre a los pensionistas y futuros pensionistas”.

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La crisis sanitaria y el confinamiento causaron en 2020 un descenso del 10% en el número de denuncias y de víctimas de violencia de género

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El número de mujeres víctimas de la violencia de género y el número de denuncias presentadas durante 2020 disminuyeron un 9,73 % y un 10,31 %, respectivamente, con respecto a 2019. También fue menor el número de órdenes de protección (un 11,94 % menos) y el de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, que descendió un 12,66 %. Este importante descenso en los principales indicadores de la violencia de género es consecuencia directa de la crisis sanitaria y, especialmente, de los meses de confinamiento, durante los que se apreciaron las mayores variaciones pese a que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer siguieron funcionando al considerarse esencial su actividad.

Estos y otros datos están recogidos en el Informe anual sobre violencia de género hecho público este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El estudio pone de manifiesto también cómo, pese a la disminución de las cifras absolutas, los indicadores de la violencia machista se han mantenido en niveles muy similares a los de 2019: así, 7 de cada diez denuncias las presentaron las víctimas (el 72,5 % en 2019); los órganos judiciales acordaron 70,52 % de las órdenes de protección solicitadas (el 70,44 % en 2019) y el 73 por % de las sentencias condenaron al agresor (en 2019 fueron condenatorias el 70,54 % de las sentencias).

Continúa en: http://elderecho.com/la-crisis-sanitaria-y-el-confinamiento-causaron-en-2020-un-descenso-del-10-en-el-numero-de-denuncias-y-de-victimas-de-violencia-de-genero?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210316_Nwl

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La subida salarial de convenio cierra 2020 en el 1,89% y permite ganar más de 2 puntos de poder adquisitivo

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Los salarios de convenio subieron de media algo más de un 1,9% en 2020, su segunda mayor alza desde el ejercicio 2011 tras la registrada en 2019, cuando se incrementaron por encima del 2%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos cerró el pasado año en el 1,89%, frente al 2,33% de diciembre de 2019. Aunque en esta comparativa el aumento sea menor, el hecho de que la inflación se situara en el -0,5% al finalizar el año 2020 ha permitido a los trabajadores ganar más de dos puntos de poder adquisitivo.

Así, la subida salarial del 1,89% con la que se cerró 2020 supera en casi 2,4 puntos el IPC interanual de diciembre. A lo largo de todo el año pasado, las subidas salariales pactadas en convenio se han movido en entornos superiores al 1,9%, con excepción de los dos últimos meses del año, donde bajaron hasta el 1,89%.

Este incremento salarial está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Continúa en: http://elderecho.com/la-subida-salarial-de-convenio-cierra-2020-en-el-189-y-permite-ganar-mas-de-2-puntos-de-poder-adquisitivo

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El año 2020 cierra con 3,9 millones de desempleados y 755.000 trabajadores en ERTE

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En el mes de diciembre el paro aumentó en 36.825 personas respecto del mes anterior.

En el último año el desempleo ha crecido un 22,9 %, con 724.000 desempleados más.

El número de desempleados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en diciembre se sitúa en 3.888.137 personas, lo que supone un aumento de 36.825 respecto del mes anterior.

Según informa el Ministerio de Trabajo, por sectores económicos,  el paro  registrado en diciembre presenta las  siguientes  variaciones  respecto al mes anterior de noviembre:  En  Agricultura  se  reduce  en  1.311 (-0,71%); en  Industria sube en 9.885 (3,24%); en  Construcción  se  incrementa en 18.496 (6,17%);   en  Servicios  sube en 8.134 (0,30%).  Por  último, el   colectivo  Sin  Empleo  Anterior  se  incrementa  en  1.621 personas (0,46%).

Continúa en: http://loentiendo.com/datos-paro-afiliacion-diciembre-2020/

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Cómo enviar un escrito a la Administración desde Internet, un Registro o la oficina de Correos

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En loentiendo.com te explican cómo presentar una comunicación por escrito a la Administración (SEPE, Seguridad Social, etc). En un Registro Público, por Internet o desde una oficina de Correos.

Cuatro formas de presentar un escrito a la Administración

Cuando se quiere reclamar ante la Administración, para que solucione una incidencia, reconozca un derecho o porque queremos recurrir contra una de sus decisiones, hay que hacer una comunicación formal por escrito.  Las quejas a través de los servicios de información telefónica o el envío de emails no tienen la fuerza legal de un escrito presentado oficialmente y no garantizan que la administración vaya a responder.

Hay varios modos en los que una persona puede presentar un escrito formal a las administraciones públicas

Continúa y conoce como realizarlo en: http://loentiendo.com/enviar-escrito-a-administracion-desde-registro-o-correos/

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El INSS intenta agilizar el paso de las rentas de inserción autonómicas al Ingreso Mínimo Vital

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La Seguridad Social anuncia la puesta en marcha una “pasarela informática” entre la Seguridad Social y las CCAA para poder reconocer como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital a las personas que estén recibiendo una renta de inserción autonómica, sin que tengan que solicitarlo.

Dentro del lote de medidas de protección social aprobadas en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre, hay una que podría ser de interés para las personas que tratan de conseguir la aprobación del Ingreso Mínimo Vital.

Según informa Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en nota de prensa,

“Se ha acordado el establecimiento de un mecanismo telemático de colaboración para facilitar la transición de los beneficiarios de rentas mínimas de las comunidades autónomas y el Ingreso Mínimo Vital. De esta forma, se hace permanente la pasarela que existe actualmente para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconozca en bloque como beneficiarios del IMV a perceptores de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

Esta pasarela, que ya se está utilizando con Aragón, permite reconocer el Ingreso Mínimo Vital a un beneficiario de renta mínima cuando una comunidad autónoma determinada transmita a la Seguridad Social, según los protocolos informáticos establecidos, la acreditación de todos  los requisitos para reconocer beneficiarios de esta prestación, salvo el requisito de la vulnerabilidad económica, que continuará verificando el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Continúa en: http://loentiendo.com/ingreso-minimo-vital-aprobado-desde-renta-de-insercion-autonomica/

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No al pacto de Toledo: Recomendaciones frente al Pacto de Toledo

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Hay que decirlo desde el principio, CGT rechaza las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo. Y lo hace porque de nuevo se ha impuesto la estrategia de la economía neoliberal y de privatizar todos los servicios públicos para hacer negocio, incluidas las pensiones, sobre los derechos y las necesidades de las personas. Si repasamos algunas de las medidas propuestas nos encontramos con la verdadera intención de políticos, empresarios y sindicatos mayoritarios: Asegurar su negocio.

Resulta que teníamos razón y que no hay déficit en la Seguridad Social. Curioso, después de años de campañas en los medios de comunicación para atemorizarnos por la quiebra del sistema y animarnos a suscribir planes privados. Es más, si los gobiernos no hubiesen utilizado ese dinero para gastos impropios habría superávit.

No aseguran las revalorizaciones de las pensiones según el IPC, puesto que cualquier gobierno, incluido este, puede cambiar en cualquier momento la ley que lo aprobase al no estar garantizado como un derecho fundamental.

No se propone la derogación de ninguna de las anteriores reformas, y que tanto daño han hecho al sistema público de pensiones. Ni la de 2011 (gobierno del PSOE), ni la de 2013 (gobierno del PP), pero tampoco el plan de sostenibilidad, por el que disminuyen las pensiones según la esperanza de vida, ni el cómputo de 15 a 25 años para calcular la pensión.

Mantienen alargar la vida laboral de 65 a 67 años y fomentar voluntariamente seguir trabajando después de cumplir la edad legal de jubilación. Incomprensible, no es de sentido común, porque hay en España un 42% de paro juvenil y 300.000 jóvenes que han tenido que emigrar por no encontrar un puesto de trabajo.

Más de un tercio de las pensiones no llegan al umbral de la pobreza y más de la mitad no alcanzan el salario mínimo actual de 950 €/mes. Y sin embargo no hay una recomendación para revalorizar las pensiones mínimas. Reivindicamos que la pensión mínima sea igual al salario mínimo y éste sea lo que indica la Carta Social Europea, 1.084 €/mes y 14 pagas al año.

Da la espalda a la realidad laboral de un país con contratos precarios y salarios muy bajos que no cotizan como deberían hacerlo. Un 12,3 % de las personas con empleo no superan el umbral de la pobreza. Así será imposible tener pensiones dignas en el futuro.

Introduce los Planes de Pensiones Privados en el sistema público a través de unos planes de empresa acordados en convenios colectivos y por tanto, con el beneplácito de los sindicatos CCOO y UGT, que tienen a su vez intereses económicos en estos planes privados de pensiones de empresa. Eso es lo que buscan los bancos y aseguradoras, el Banco Central de la Unión Europea, el Banco Mundial, etc., para que estos fondos los gestionen ellos como fondos de inversión. Es el primer paso para implantar la mochila austriaca.

No se propone ninguna solución que definitivamente acabe con las deficiencias de las pensiones de viudedad y del resto de pensiones no contributivas.

Este problema no es solo de quienes ahora están cobrando una pensión. El problema es de toda la clase trabajadora que, si no defiende las pensiones de ahora, se va a encontrar con que no existirá ninguna pensión en el futuro.

Vía: https://cgt.org.es/panel/no-al-pacto-de-toledo-recomendaciones-frente-al-pacto-de-toledo/

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La edad legal de jubilación subirá a 66 años desde enero y la pensión se calculará con 24 años cotizados

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Los españoles que quieran jubilarse en 2021 con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años.

Estos 66 años será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 37 años y tres meses de cotización (este año se exigen 65 años y diez meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 37 años cotizados).

Si se superan los 37 años y tres meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse el próximo año con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos.

Lo que no cambió con la reforma de 2013 es el requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación, que se mantuvo en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.

Además, el próximo año el periodo de cálculo de las pensiones sube un año respecto a 2020, desde los 23 años actuales hasta los 24 años. Esto supone que la pensión se calculará desde el 1 de enero en función de las cotizaciones de los últimos 24 años.

Continúa en: http://elderecho.com/la-edad-legal-de-jubilacion-subira-a-66-anos-desde-enero-y-la-pension-se-calculara-con-24-anos-cotizados

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La renta mínima se aprobará en el último Consejo de Ministros de mayo

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El Gobierno aprobará el ingreso mínimo vital en el último Consejo de Ministros de mayo que podrán empezar a cobrar unos 100.000 hogares vulnerables, según ha confirmado este lunes el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El ministro, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha garantizado que la renta mínima no sufrirá más retrasos” y, aunque no ha concretado cuándo podrá empezar a cobrarse, ha asegurado que el Gobierno trabaja para poder identificar “con bastante rapidez” los primeros hogares que podrían beneficiarse de la medida que supondrá un gasto de entre 3.000 y 3.5000 millones de euros.

“Desde el momento en que se apruebe el Real Decreto, se podrá solicitar el ingreso mínimo vital y se reconocerá el derecho a partir de esa circunstancia”, ha indicado Escrivá.

Continúa en: http://elderecho.com/la-renta-minima-se-aprobara-ultimo-consejo-ministros-mayo

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