CGT fuentes
MOVILIZACIÓN EN SOLIDARIDAD NISSAN HOY JUEVES 25 EN CALLAO
Hoy 25 de junio de 19:00 a 21:00 desde el sindicato del metal de Madrid de CGT se ha convocado una concentración en la Plaza de Callao, dentro de las acciones que se están realizando en todo el territorio estatal en apoyo a la lucha de las compañeras y compañeros afectados por el anuncio de cierre de Nissan, cierre del que puede afectar a unas 25.000 familias.
Os pedimos colaboración en estos momentos que es necesaria nuestra solidaridad y apoyo.
Desde el Sindicato estamos haciendo todo lo posible para tratar de reconstruir un espacio de movilización en la calle.
Esta movilización es la primera que lanzamos despues del confinamiento pero estamos seguros de que en el futuro próximo necesitaremos la solidaridad de todos para sacar dar a conocer a la población los conflictos de muchas empresas.
Hoy necesitamos a todos para podernos demostrar la importancia de la solidaridad en nuestra lucha.
CGT METAL MADRID: Movilización en en apoyo de los compañeros y compañeras de Nissan
Movilización hoy lunes 22 de junio frente al concesionario de Nissan de la calle Raimundo Fernandez Villaverde, en apoyo a la lucha de las compañeras y compañeros afectados por el anuncio de cierre de Nissan, cierre del que puede afectar a unas 25.000 familias.
#FuturoParaNissanYA
El Tribunal Supremo obliga a pagar también en vacaciones el salario real a las personas con contrato a tiempo parcial
La Sentencia conocida hoy, de fecha 22 de mayo de 2020, es un gran avance frente a la discriminación a las personas con contrato temporal que veían mermada su retribución en vacaciones
a Confederación General del Trabajo (CGT) ha ganado el pulso en materia de no discriminación entre personas trabajadoras a tiempo completo y personas trabajadoras a tiempo parcial obligando a que la retribución de las vacaciones no esté condicionada por la jornada que realicen en el momento del disfrute de las mismas, garantizando en todo caso la retribución ordinaria o habitual percibida a lo largo del año.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional había desestimado la demanda interpuesta en solitario por CGT que solicitaba el derecho de los trabajadores/as percibir la retribución de las vacaciones computando las ampliaciones de jornada realizadas durante todo el año. CGT, que interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo fundamentándose en la vulneración del artículo 7.1 del Convenio 132 OIT, de la Directiva 2003/88 y de la STJUE de 22 de julio de 2014, finalmente ha ganado la batalla, pese a que la Fiscalía del Tribunal Supremo había informado en contra de nuestras pretensiones. Tras dos años de litigio, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2020 declara el derecho de los trabajadores/as a que se retribuyan las vacaciones teniendo en cuenta las ampliaciones de jornada que se realicen a lo largo del año, aunque no subsistan en la fecha del disfrute vacacional, de forma que se promedie el salario percibido en los once meses correspondientes a la anualidad de cada período vacacional retribuido.
Esta sentencia de Conflicto Colectivo, frente a la empresa de Telemarketing Transcom Worldwide Spain, empresa con más de 40.000 personas dadas de alta, la mayoría mujeres a tiempo parcial con salarios que no llegan al SMI, es un paso también en materia de igualdad, dado que en un sector tan precario y feminizado como este quien más sufre estas injusticas son las mujeres.
A partir de ahora, en todos aquellos supuestos similares, la CGT será inflexible y denunciará o por discriminación a las personas contratadas a tiempo parcial y por discriminación indirecta por razón de sexo. Además, esta sentencia, pese a analizar la situación de una empresa con concreta, abre un camino importantísimo para un campo de aplicación mucho mayor, ya que los fundamentos de derecho de que se sirve son comunes a otras actividades productivas. Desde hoy mismo las secciones sindicales de esta organización anarcosindicalista exigiremos que se aplique esta sentencia en el resto de las empresas y sectores.
La CGT ha mostrado su satisfacción por este nueve avance y recalca que continuará peleando por los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores.
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
Postura de la CGT sobre el Ingreso Mínimo Vital promulgado el pasado 1 de junio
Comunicado del Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Desde el estallido de la crisis-estafa en 2008, la clase trabajadora no ha hecho más que soportar el coste de la misma y esto ha derivado en un terrible problema de pobreza y desigualdad hasta convertir al estado español en una de las economías con mayores índices de pobreza y desigualdad de toda Europa. Trabajadores y trabajadoras pobres, malnutrición infantil, desahucios y pobreza energética han sido algunas de los síntomas de una situación estructural y permanente, que se ha caracterizado por una constante desregulación del mercado de trabajo, impulsada por dos reformas laborales que han dejado muchos derechos en la cuneta, y que han dado lugar a un proceso de ajuste estructural continuo y a la institucionalización de la precariedad de nuestros empleos y nuestra vida personal.
La crisis del Covid-19, a su vez, ha supuesto una vuelta de tuerca a la anterior situación. Los datos de junio ponen sobre la mesa una realidad alarmante: 3.748.009 prestaciones por ERTE (98,5% de las solicitudes recibidas), de los cuales no sabemos qué parte pueden traducirse posteriormente en más despidos una vez finalizado el plazo estipulado.
Es en este contexto donde se encuadra la promulgación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Si bien es una medida que, según se ha indicado desde el gobierno, pretende que “esta crisis no la paguen los de siempre”, llama la atención el complejo entramado de requisitos, en algunos casos difícilmente acreditables, para acceder a las ayudas.
A modo de ejemplo, se establece que no podrán beneficiarse aquellas personas usuarias de otras prestaciones residenciales, sociales, sanitarias o sociosanitarias con carácter permanente o financiada con fondos públicos. Sin embargo, a la vez se exige a las personas demandantes para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV): “haber solicitado obligatoriamente todas las pensiones y prestaciones vigentes a las que tengan derecho, incluidas las del derecho alimentario”. O con respecto al grave problema del paro juvenil, por citar otro ejemplo, se establece como requisito indispensable vivir de forma independiente como mínimo con tres años antes de solicitar la ayuda. Los parados y paradas de larga duración, asimismo, encontrarán serias dificultades para acceder a dicho IMV, así como las personas migrantes en situación irregular, las solicitantes de asilo o las personas sin hogar, sin techo, para quienes resultará imposible justificar esa unidad de convivencia de, al menos, tres años de antigüedad.
Es decir, el número de personas destinatarias finales de este Ingreso Mínimo Vital (IMV) será muy inferior al de las personas que realmente lo necesitan, y aunque se estima que el número final de receptores potenciales será de 2,3 millones de personas, un análisis pormenorizado de los requisitos de obligado cumplimiento apuntan a que dicho número será sustancialmente inferior.
Desde la CGT estimamos que este Ingreso Mínimo Vital tiene mayor voluntad cosmética que real, y no cumple uno de los objetivos fundamentales que ha de perseguir cualquier renta mínima: dar capacidad real de negociación a la clase trabajadora frente a un mercado laboral cada vez más precarizado. Más bien al contrario, este Ingreso Mínimo Vital tiene el peligro de atornillar aún más la institucionalización de la precariedad, sufragando con medios públicos unos recursos que ya no aportarán las empresas por la vía de un salario digno y de unos impuestos que, a su vez, continuarán recayendo sobre las rentas más bajas.
Se ha estimado que el coste anual de este ingreso ascienda a 3.000 millones de euros, lo que supone el 2% del presupuesto de la Seguridad Social 2019, un 0,81% del total de los Presupuestos Consolidados de 2019, o si lo ponemos en relación al pago de la deuda pública, representa el 10% del pago de intereses de la deuda. Son números que se asemejan más a una medida caritativa y paternalista –teniendo en cuenta la gravedad del problema de pobreza estructural que venimos arrastrando– que a una medida que verdaderamente suponga un cambio de paradigma.
Por todo ello, desde la CGT seguimos apostando por una Renta Básica de las Iguales (REBis): es el derecho que tiene cada ciudadano y cada ciudadana, por el hecho de nacer, a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales y, por tanto, un verdadero instrumento de transformación social, así como en un mecanismo que garantiza la redistribución de la renta. Al contrario que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la REBis ha de ser individual (no familiar); universal (no contributiva y para todos); incondicional (independiente del nivel de ingresos y del mercado de trabajo), y su cuantía ha de ser por lo menos igual al umbral de pobreza y recibir cada persona la misma cantidad. Además, la REBis es compatible con otro tipo de ingresos.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
15 junio: Día Mundial para la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Las personas mayores no pueden ser un negocio
La asamblea de pensionistas de CGT-Úbeda manifiesta su apoyo a la convocatoria de la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) el lunes 15 de junio para:
– La Defensa de un sistema público de pensiones suficientes
– La Defensa de los servicios públicos como sanidad, educación, dependencia y residencias para la tercera edad.
– El Reparto del trabajo y la riqueza
La retirada de las últimas reformas laborales y de las pensiones «que han contribuido a precarizar más el empleo y disminuir las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social».
Reflexionar y denunciar lo ocurrido con las personas mayores durante esta pandemia recordando que cerca del 87% de las víctimas mortales tenían más de 70 años.
Algo más de 18.000 mayores han muerto en residencias que carecían de medios humanos (trabajos precarizados) y técnicos (medicalización) para hacer frente a la pandemia.
Cambiar el modelo actual de residencias como «aparcamientos de viejos y viejas en los que esperar la muerte» gestionadas con criterios economicistas, de rentabilidad y niveles mínimos de asistencia y corresponsabilidad del resto de la sociedad.
Por un modelo de prestación de cuidados integrales a las personas que viven en las residencias o viven en soledad en sus domicilios; todas esas personas mayores muy diversas en niveles de dependencia que dieron lo mejor de sí mismas por nuestro país.
Exigir que las personas mayores sean tratadas como sujetos con derechos y no como objetos a los que atender.
Cambiar el actual modelo puramente asistencial por un nuevo modelo que contemple el derecho a la salud, a ser cuidados y respete los derechos y autonomía personal.
No cuidar a quienes nos cuidaron, someter a las personas mayores a una selección de «las más fuertes y más rentables», nos convierte en una sociedad sin moral y sin dignidad.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO PÚBLICO SE DEFIENDE
Sindicato de OO.VV. de Úbeda -CG