CGT Confederal
Llamamiento a movilización pensionista del 12 de febrero
Desde CGT llamamos a tparticipar, junto a las organizaciones convocantes de pensionistas de diferentes Pueblos y Comunidades, a esta movilización conjunta y descentralizada en defensa del sistema público de pensiones y contra la nueva reforma que pretende aplicar el IPC medio anual en la revalorización de las pensiones, y no el IPC real, reduciendo así el poder adquisitivo y precarizando aún mas a todas las personas pensionistas en situación de vulneración social, y avanzando hacia la privatización de las pensiones, cuando las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado. A continuación reproducimos el manifiesto:
En 2015 bajo la presidencia de Rajoy se pretendió reducir la revalorización anual de las pensiones a solo un 0,25%, contraviniendo el artículo 50 de la Constitución. La movilización social de los pensionistas durante tres años fue determinante para bloquear la aplicación del decreto que establecía esa mísera subida y, también, acelerar la caída del gobierno Rajoy. Se reestableció el “Índice de Precios al Consumo Anual Acumulado” (“IPC Acumulado”, o “IPC Real”) como índice para la revaloración anual de las pensiones. Este es el mejor sistema para medir el coste de la vida y el que siempre se usó en pensiones y salarios para garantizar su poder adquisitivo.
Pero la Ley 21/21 que el actual gobierno de coalición presentó al Parlamento, y este aprobó por amplia mayoría, establece ahora como referencia de revalorización anual de las pensiones, el llamado “IPC Medio”, el promedio de los IPC de los 12 meses del año. Usar el “IPC Medio” en lugar del “IPC Real” supone hacer trampa. Es rebajar las pensiones y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas. Este año el “IPC Real” desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021 (año contable 2021 a efectos de revalorización) ha sido del 5,5%; sin embargo, el “IPC Medio” fue solo el 2,5%. El resultado de aplicar este nuevo indicador será perder un 3% de poder adquisitivo en las pensiones contributivas. Por cierto, un 3% en 2021 y otro 3% en 2022 ya que no habrá más paguillas. Todo ello cuando más de la mitad de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Más de dos millones y medio de personas reciben una renta que no supera los 650 euros, entre ellas figuran la viudedad, capacidad permanente u orfandad. Son las prestaciones más precarizadas.
Entre los dos millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, ocupando el vagón de cola están las personas que cobran pensiones no contributivas. Su precariedad tiene mayoritariamente rostro de mujer: dos terceras partes de los pensionistas con complementos a mínimo son mujeres, titulares de pensiones de viudedad o de jubilación miserables, consecuencia de las particulares condiciones salariales, de empleabilidad, de cotizaciones más cortas y bases reguladoras más bajas. Es escandaloso que en plena campaña electoral en Castilla y León el presidente del gobierno proclame que a ellos se les va a realizar la mayor subida de la historia, al prometer aumentarles un 3% salidos de los presupuestos del Estado. En realidad, también para ellos será la mayor bajada que ha hecho cualquier gobierno, ya que la subida del IPC es un 5,5% y por tanto van a perder el 2,5% de poder adquisitivo.
Finalmente denunciamos que a pesar de que se reconoce que el Sistema Público de Pensiones (SPP) es sólido y viable, con el RD se avanza hacia la privatización de las pensiones convirtiendo a la Seguridad Social en una Agencia y abriendo paso a una segunda etapa de la reforma que regule su privatización. Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado. Hay que defender el carácter público y de reparto del SPP e impedir los intentos de privatización. Hay que reclamar la mejora inmediata de las condiciones laborales, derogando de una vez la Reforma Laboral y subiendo el salario mínimo, ya que la precariedad laboral, genera la precariedad de las pensiones. Por ello llamamos a pensionistas y ciudadanía a movilizarse este 12 de febrero, para exigir a quienes nos gobiernan que cumplan de verdad sus promesas. Las leyes lo mismo que se aprueban se pueden derogar y reformar. El Gobierno tiene la mayoría suficiente para legislar en beneficio de todos y no solo del poder financiero.
Llamamos a la ciudadanía y pensionistas a defender unas pensiones dignas, su carácter público y unas condiciones de trabajo dignas para EXIGIR:
• Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del incremento del “IPC real” (el “IPC Acumulado Anual”) tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el 2021.
• Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.
• Garantizar pensiones públicas dignas justas y suficientes y el carácter público del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021, y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula.
CGT utilizará todas sus armas para lograr la derogación de las Reformas Laborales
La organización anarcosindicalista ha iniciado una campaña de movilizaciones contra las Reformas Laborales
J.M. Muñoz Póliz (Sº General CGT): “Utilizaron a la clase trabajadora para crear sus partidos y llegar a los ministerios, una vez allí se han comportado como todos los políticos. CC.OO. y UGT ante esta reforma han funcionado como notarios, dando validez a acuerdos contra la clase obrera y afianzando las dos anteriores de Zapatero y Rajoy”
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha comenzado hoy un ciclo de movilizaciones contra las Reformas Laborales, de PSOE y PP, con el objetivo de promover una derogación real tras conocerse a finales de diciembre que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, finalmente, solo maquillaría algunos aspectos de la normativa de 2012.
CGT considera que las formaciones del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han incumplido sus promesas electorales, traicionado una vez más, junto a los mal llamados “agentes sociales” –CC.OO. y UGT-, a la clase trabajadora.
La organización anarcosindicalista señala que la “nueva” reforma de Yolanda Díaz sigue permitiendo que las empresas despidan a sus plantillas aun teniendo beneficios, -con 33 días o 20 días por año trabajado según el tipo de despido-, fomenta el fraude en los contratos temporales y en los fijos discontinuos y, además, no se recuperan los salarios de tramitación, ni la intervención de la administración en los ERE, poniéndole al empresario más fácil la decisión de despedir a una persona
CGT ha querido transmitir hoy, frente al Congreso de los Diputados y en el día del debate de la Reforma Laboral, su rechazo a esta medida por entender que no mejora notablemente las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de este país, dando por buenos los aspectos más lesivos de las reformas laborales de PSOE (2010) y PP (2012). En este sentido, los anarcosindicalistas consideran que el Gobierno, una vez más, se ha doblegado ante las exigencias de la patronal, asumiendo la postura del empresariado y olvidándose de quienes peor lo están pasando.
CGT vuelve a recalcar que la única herramienta que le queda a la clase trabajadora es la lucha y la recuperación del pulso de las protestas en las calles. Es por ello también que CGT va a exigir igualmente la derogación de la Ley Mordaza, que tanto daño está haciendo a los movimientos sociales y al sindicalismo combativo y de clase.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=wV1H677H3F0
Manifiesto: https://cgt.org.es/manifiesto-concentracion-3f-contra-la-no-reforma-laboral/
Vía: Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
Confederación General del Trabajo – CGT
No aceptamos el maquillaje de Reforma Laboral y exigimos la derogación integra de las Reformas Laborales de 2010 Y 2012
26 de enero de 2021
Confederación Intersindical, Confederación General del Trabajo (CGT), Intersindical Canaria, Central Unitaria de Traballadoras (CUT-Galiza), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK), Euskalherriko Irakaskuntzako Langileen Sindikatua (STEILAS), Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC), Intersindical de Aragón (IA/cobas), Colectivo Asambleario de Trabajadores y Trabajadoras de Aragón (CATA), Plataforma Sindical Plural (CCP, FETICO, USO, CSL y GESTHA), Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA-Andalucía), Federación Sindical Mundial (FSM), Alternativa Sindical de Clase (ASC), Solidaridad Obrera (SO), Intersindical Cántabra (I.C.), Consejo Sindical Obrero (CSO), Comisiones de Base (COBAS), Sindicato de Trabajadores (STR), Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT-Aragón), Sindicato Asambleario de Sanidad (SAS), Sindicato Cántabro de Asalariados del Transporte (SCAT), Intersindical Valenciana (I.V.), Movimiento Asambleario de Trabajadoras de la Sanidad (MATS), Sindicato de la Elevación (S.E.), Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones (STC), Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs), Sindicato Unitario de Cantabria (SUC), Coordinadora Estatal del Sector del Handling y Aéreo (CESHA),
Nota de prensa:
No aceptamos el maquillaje de Reforma Laboral y exigimos la derogación integra de las Reformas Laborales de 2010 Y 2012
Las organizaciones sindicales firmantes, relacionadas en el encabezamiento, manifestamos nuestra rotunda oposición al acuerdo suscrito por el Gobierno con los autodenominados agentes sociales y que se pretende convalidar en el Congreso.
El acuerdo suscrito no supone la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 ni la recuperación de los derechos perdidos por las personas trabajadoras con esas reformas.
En este sentido, manifestamos nuestro compromiso para mantener viva esa reivindicación de derogación completa de ambas reformas e impedir que se consoliden los derechos perdidos a través de esta NO reforma laboral que se pretende aprobar.
Los que se autoproclaman agentes sociales no representan ni a todas las personas trabajadoras ni a todos los sindicatos existentes en el estado español, por lo que no pueden negociar ni acordar nada que afecte al conjunto de trabajadoras y trabajadores del estado. La afiliación conjunta de esos dos sindicatos supone alrededor del 8,5% de la población activa, por lo que el resto de dicha población, el 91,5%, o está afiliada a otros sindicatos o no está afiliada a ninguno.
Por todo ello, exigimos al Gobierno la retirada de la NO reforma que se pretende y la derogación total de las reformas laborales de 2010 y 2012.
Para ello, convocamos a todas las trabajadoras y los trabajadores del estado a una concentración el día 3 DE febrero a las 11 h., en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, para manifestar nuestra rotunda oposición a que se convalide el infame acuerdo y se convierta en Ley. En cualquier caso, seguiremos exigiendo que se deroguen las reformas laborales de 2010 y 2012 y no permitiremos que con este acuerdo se dé por solucionado un conflicto sin que las personas trabajadoras hayan recuperado los derechos perdidos con dichas reformas laborales.–
Secretaría de Comunicación
Confederación General del Trabajo – CGT
18 Diciembre: Manifestación por la Justicia Social: Las personas antes que el capital
Mañana Sábado 18 de Diciembre de 2021 a las 12 hs.
De: Plaza Beata María Ana de Jesús
A: Congreso de los diputados
El pasado 2 de noviembre se anunció finalmente por parte del gobierno el inicio de la negociación para la reforma laboral, la denominada «reforma laboral para el siglo XXI». Desde la Confederación General del Trabajo hemos analizado todas las noticias y declaraciones públicas con creciente preocupación. Se confirma que el gobierno no derogará las dos reformas laborales (2010, del gobierno Zapatero, y 2012, del gobierno Rajoy) que han sumido a nuestro país en la mayor precariedad laboral que se recuerda. Ahí están los datos de la última EPA, donde las cifras relativas a la destrucción de empleo, temporalidad o la inmensa brecha salarial, así como el crecimiento galopante de los denominados “trabajadores pobres”, demuestran que la hemorragia no puede frenarse únicamente con un puñado de tiritas.
Hay cuestiones que, de partida, el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han afirmado que estarán fuera de la negociación. Cabe recordar que venimos de un escenario en el que se eliminó la necesaria autorización administrativa para la presentación de los ERE, lo que ha provocado despidos masivos, y que se vieron menguadas la cuantía de las indemnizaciones que llevó a cabo el PP también para aquellas empresas que se ampararon en previsiones económicas. Además, se prescindió de los salarios de tramitación, que son aquellos jornales que la empresa estaba obligada a abonar al trabajador que hubiera denunciado su despido si un juez decretaba su readmisión. La indemnización por despido improcedente, además, fue rebajada de 45 días por año a 33 días por año. Pues bien, este será otro de los asuntos “inamovibles” de la futura reforma del autodenominado Gobierno más progresista de la historia.
Es decir, si tenemos en cuenta todas las cuestiones anteriormente citadas, con la nueva reforma laboral la destrucción de empleo seguirá encontrando en nuestro ordenamiento jurídico la misma falta de resistencia que hasta ahora.
El gobierno de Rajoy, en 2012 declaraba que su objetivo era “crecer y crear empleo”. Se acuñó incluso un término que se repitió hasta el hartazgo. La denominada flexiseguridad: supuestamente, reduciendo las trabas al despido se incentivaba, al mismo tiempo, la contratación, cuando en realidad, todas aquellas medidas estaban encaminadas, no a la creación de puestos de trabajo, sino a la eliminación abaratada de aquellos con mejores condiciones laborales para sustituirlos, a su vez, por puestos más precarios que han dado lugar a millones de trabajadores pobres.
El avance de lo que ya sabemos de la negociación de la reforma laboral de este Gobierno, nos indica que, en un sentido profundo, se va a seguir comulgando con las tesis del gobierno del PP, ya que no se prevé ni una sola medida para encarecer el despido o para penalizar a aquellas empresas que hagan un uso abusivo de la norma, trasladando la temporalidad de las empresas a las ETT en un nuevo giro que perpetúa la precariedad laboral y abre vías de negocio para los explotadores de siempre. Además de ello, en el horizonte queda la implantación de los ERTE estructurales, prevista en el punto 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sumada a las demás contrapartidas que están en el horizonte en torno a los fondos de recuperación de la Unión Europea.
CGT advierte que la negociación de la “nueva” Reforma Laboral del Gobierno de PSOE-UP es solo un maquillaje que mantendrá las mismas condiciones de las anteriores de 2010 y 2012
CGT realiza un llamamiento a toda la sociedad para secundar las movilizaciones del 18 de diciembre por la derogación íntegra de las Reformas Laborales de PSOE y PP
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado tras valorar las últimas informaciones sobre el anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez de “negociar” una reforma laboral que han denominado “Reforma Laboral para el siglo XXI”.
Según la organización anarcosindicalista, con estos anuncios se confirma que el Gobierno “más progresista de la historia democrática del Estado español” no derogará las dos Reformas Laborales (2010 Zapatero-PSOE y 2012 Rajoy-PP) que han sumido nuestro país en la mayor precariedad laboral que se recuerda, como indican los datos de las últimas Encuestas de Población Activa (EPA), donde las cifras relativas a la destrucción de empleo, temporalidad y pobreza generalizada hablan por sí solas.
CGT indica en este comunicado que se viene de un escenario en el que se eliminó la necesaria autorización administrativa para la presentación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), lo que ha provocado despidos masivos, además de facilitar que las indemnizaciones menguaran. Además, CGT explica que se prescindió también de los “salarios de tramitación”, que son jornales que la empresa estaba obligada a abonar a una persona trabajadora que hubiera denunciado su despido si un juez decretaba su readmisión. En este sentido, la indemnización por despido improcedente también fue rebajada de 45 a 33 días por año, siendo esta una de las condiciones “inamovibles” de la futura reforma que el Gobierno de Sánchez y Díaz están negociando.
CGT asegura que con esta nueva reforma la destrucción de empleo seguirá encontrando en nuestro ordenamiento jurídico la misma falta de resistencia que hasta ahora. La “flexiseguridad” que nos trajo la norma del Partido Popular en 2012 significó que todas aquellas medidas que estaban encaminadas, no ya a la creación de empleo sino a la eliminación abaratada de aquellos con mejores condiciones laborales para ser sustituidos por puestos más precarios, han dado lugar a millones de trabajadores pobres.
CGT considera que esta negociación para una “nueva” norma laboral con el sello del Gobierno “más progresista” lo que en realidad nos traerá será más despidos, más precariedad, más temporalidad y en general peores condiciones para la clase trabajadora. Es por ello, que desde la organización anarcosindicalista, han realizado un primer llamamiento a toda la sociedad para que se participe en todas las actividades y movilizaciones que se están organizando para el 18 de diciembre y que tendrán entre sus reivindicaciones la derogación de las dos Reformas Laborales de PSOE y PP.
Vía: Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
La AN da la razón a CGT ante la exclusión que pretendían UGT y CC.OO. del Consejo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030
Los sindicatos amarillos presionaron para impedir la participación de CGT en este órgano consultivo
La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos interpuestos por UGT y CC.OO. contra la Orden DSA/819/2020 de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, y que presentaron alegando que solo estas dos centrales sindicales podían representar a la clase trabajadora debido a su mayor representatividad.
Cabe recordar que estos dos organizaciones sindicales, en la reunión que se celebró el 24 de septiembre de 2020 para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos de la Agenda 2030, llegaron a presionar a la entonces Sª de Estado, Ione Belarra (Unidas Podemos), para que retirara la inclusión de CGT y otras organizaciones de la misma. Además, al no lograr que Belarra cediera, anunciaron que llevarían este asunto hasta la Audiencia Nacional, donde pedirían que las decisiones que se hubieran tomado o adoptado en este órgano quedasen sin efecto.
Ahora la AN se ha pronunciado, aunque esta sentencia no es firme y cabe recurso de casación, dejando claro que “la mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos, que les confiere una singular posición jurídica, a efectos tanto de participación institucional como de acción sindical, según establecen los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, no impide de forma absoluta que aquellos sindicatos, constituidos al amparo de la referida Ley, que no gocen de aquella consideración, puedan ejercer funciones de participación institucional en aquellos organismos de consulta o de asesoramiento que creen las Administraciones Públicas con el objeto de promover la participación de los grupos y organizaciones afectados por la acción pública, porque esta interpretación reduccionista que propugna el sindicato (…) resultaría contraria al derecho de libertad sindical y al pluralismo sindical que garantiza el artículo 28 de la Constitución, en cuanto no se justifica con razones objetivas, en este supuesto, la limitación excluyente de las actividad institucional de aquellos sindicatos que ostenten una menor representatividad”.
CGT ya manifestó hace un año que la constitución de este Consejo era integradora de toda la sociedad civil, desde oenegés, sindicatos, organizaciones agrarias, colectivos de migrantes, mujeres, personas refugiadas, patronales, colectivos de cuidados, etc. Y es precisamente por esto que desde la organización anarcosindicalista declararon que continuarían participando desde sus convicciones y en defensa de la libertad sindical, la autonomía obrera y el apoyo mutuo.
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
Confederación General del Trabajo – CGT
Posición de la Coordinadora de Pensionistas de CGT acerca de la auditoría de la Seguridad Social, el supuesto déficit contable y la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones de reparto y solidario
Las cuentas de la Seguridad Social y del Estado fueron las mismas hasta 1995, que el Pacto de Toledo decide en una de sus recomendaciones separar las fuentes de financiación, las pensiones a través de las cotizaciones y los otros gastos a través de los PGE.
Es un mero artificio contable y un cambio de “asiento, pues los recursos salen del mismo sitio (la riqueza que generamos), para a través de este artificio “político contable” generar déficit en la Seguridad Social una vez que el mercado de trabajo decae, se empobrecen los salarios, se bajan cotizaciones empresariales y se crean las condiciones políticas y jurídicas para bajar pensiones y endurecer el acceso a la jubilación.
La deuda o déficit es UNA MENTIRA, pues los impuestos, todos, tienen la obligación política y jurídica de hacer frente al pago de pensiones. Es antisocial pretender que sea responsabilidad de las personas trabajadoras solamente el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones, máxime cuando existe cada vez un mayor deterioro del trabajo y los salarios.
Que la “deuda contable” de la Seguridad Social con las personas trabajadoras desde 1974 hasta 2017, sean 800.000 millones, como sostienen “economistas contra la crisis”, que sean unos 123.000 millones como dice el Tribunal de Cuentas…a nosotras nos da lo mismo, y lo que CGT DEFIENDE es sencillo de entender: LAS PENSIONES SE PAGAN y punto.
El déficit es MENTIRA y solo es un artificio para deteriorar el sistema público de reparto y un intento más de privatizar parte del mismo. Préstamos, transferencias o como quieran hacer el asiento, solo son conceptos contables y maneras de liarnos para rebajar las pensiones.
Por eso la Coordinadora de Pensionistas de CGT no va a instar a los grupos parlamentarios del Congreso a ninguna auditoría. No se puede pretender que los mismos que aprobaron el revisado Pacto de Toledo y que pretende la privatización de parte del SPP a través de los Planes de Pensiones Privados revisen la “deuda histórica que la Seguridad Social tiene con todas las generaciones de trabajadores y trabajadoras”, sencillamente porque no reconocemos que exista ningún déficit en el SPP, es mentira. La auditoría en todo caso debe ser absolutamente independiente de los poderes políticos y resto de agentes sociales responsables de la situación actual.
Desde la Coordinadora de Pensionistas de CGT nos posicionamos clara y nítidamente porque nuestro SPP de reparto y solidario es absolutamente sostenible porque existen recursos y riqueza suficiente para pagar las pensiones, las de ahora y las de las futuras generaciones.