CGT fuentes
COMIC – COEFICIENTES REDUCTORES
El Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, lleva más de una década criando polvo en los anaqueles. Un Real Decreto que debía dar solución a miles y miles de personas en nuestro país que han trabajado –y siguen trabajando– expuestas a riesgos que acortarán drásticamente sus años de vida. Trabajadores y trabajadoras que están en contacto con amianto, o del sector del hierro colado, o del transporte de viajeros y mercancías, o de limpieza de centrales térmicas, por citar sólo algunos ejemplos, siguen a la espera de que aquel Real Decreto, aprobado hace ya once años, no quede en papel mojado.
Entretanto, las únicas personas que han obtenido una reducción por esta vía de los coeficientes reductores y que han visto cómo se anticipaba su edad de jubilación, eran las pertenecientes a la Policía. Un claro indicio de que, detrás de la aplicación de esta norma, hay una clara intencionalidad política y un claro sesgo ideológico. Mientras tanto, a las personas que pueden contraer un cáncer por culpa de un riesgo como el contacto con el amianto, se las manda a la sala de espera de la aplicación de esta norma; una sala de espera que lleva ya una década sin correr número.
Desde la CGT hemos tenido que denunciar a la propia administración, que ha hecho una lectura retorcida de la ley sin justificación de ningún tipo. Al contrario de lo establecido en el RD 1698/2011, la administración interpretaba que las solicitudes para el inicio de los expedientes debía ser conjunta entre sindicatos y patronal. Esto suponía, de facto, dar un cerrojazo para que no se iniciara ningún expediente más. Sin embargo, la ley no indica en ningún apartado que dicha solicitud deba ser conjunta entre empresarios y sindicatos, y así lo ha hecho prevalecer la CGT en los juzgados. Desde la reciente sentencia ganada por parte del Gabinete Jurídico Confederal, podremos iniciar la petición administrativa y dar los pasos adecuados para forzar el cumplimiento de esta norma sin tener que contar con el acuerdo con los empresarios.
El presente comic es nuestro particular modo de dar a conocer ante la sociedad una realidad apenas abordada, pero de la que depende la seguridad y salud tanto de las personas que están trabajando en estas condiciones como la de las personas usuarias que reciben estos servicios. La CGT tiene que seguir dando pasos adelante por más trabas que nos pongan en el camino.
Descargar cómic:
Vía: FESIM (CGT-Metal)
Llamamiento a movilización pensionista del 12 de febrero
Desde CGT llamamos a tparticipar, junto a las organizaciones convocantes de pensionistas de diferentes Pueblos y Comunidades, a esta movilización conjunta y descentralizada en defensa del sistema público de pensiones y contra la nueva reforma que pretende aplicar el IPC medio anual en la revalorización de las pensiones, y no el IPC real, reduciendo así el poder adquisitivo y precarizando aún mas a todas las personas pensionistas en situación de vulneración social, y avanzando hacia la privatización de las pensiones, cuando las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado. A continuación reproducimos el manifiesto:
En 2015 bajo la presidencia de Rajoy se pretendió reducir la revalorización anual de las pensiones a solo un 0,25%, contraviniendo el artículo 50 de la Constitución. La movilización social de los pensionistas durante tres años fue determinante para bloquear la aplicación del decreto que establecía esa mísera subida y, también, acelerar la caída del gobierno Rajoy. Se reestableció el “Índice de Precios al Consumo Anual Acumulado” (“IPC Acumulado”, o “IPC Real”) como índice para la revaloración anual de las pensiones. Este es el mejor sistema para medir el coste de la vida y el que siempre se usó en pensiones y salarios para garantizar su poder adquisitivo.
Pero la Ley 21/21 que el actual gobierno de coalición presentó al Parlamento, y este aprobó por amplia mayoría, establece ahora como referencia de revalorización anual de las pensiones, el llamado “IPC Medio”, el promedio de los IPC de los 12 meses del año. Usar el “IPC Medio” en lugar del “IPC Real” supone hacer trampa. Es rebajar las pensiones y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas. Este año el “IPC Real” desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021 (año contable 2021 a efectos de revalorización) ha sido del 5,5%; sin embargo, el “IPC Medio” fue solo el 2,5%. El resultado de aplicar este nuevo indicador será perder un 3% de poder adquisitivo en las pensiones contributivas. Por cierto, un 3% en 2021 y otro 3% en 2022 ya que no habrá más paguillas. Todo ello cuando más de la mitad de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Más de dos millones y medio de personas reciben una renta que no supera los 650 euros, entre ellas figuran la viudedad, capacidad permanente u orfandad. Son las prestaciones más precarizadas.
Entre los dos millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, ocupando el vagón de cola están las personas que cobran pensiones no contributivas. Su precariedad tiene mayoritariamente rostro de mujer: dos terceras partes de los pensionistas con complementos a mínimo son mujeres, titulares de pensiones de viudedad o de jubilación miserables, consecuencia de las particulares condiciones salariales, de empleabilidad, de cotizaciones más cortas y bases reguladoras más bajas. Es escandaloso que en plena campaña electoral en Castilla y León el presidente del gobierno proclame que a ellos se les va a realizar la mayor subida de la historia, al prometer aumentarles un 3% salidos de los presupuestos del Estado. En realidad, también para ellos será la mayor bajada que ha hecho cualquier gobierno, ya que la subida del IPC es un 5,5% y por tanto van a perder el 2,5% de poder adquisitivo.
Finalmente denunciamos que a pesar de que se reconoce que el Sistema Público de Pensiones (SPP) es sólido y viable, con el RD se avanza hacia la privatización de las pensiones convirtiendo a la Seguridad Social en una Agencia y abriendo paso a una segunda etapa de la reforma que regule su privatización. Las pensiones públicas son un derecho, no un negocio privado. Hay que defender el carácter público y de reparto del SPP e impedir los intentos de privatización. Hay que reclamar la mejora inmediata de las condiciones laborales, derogando de una vez la Reforma Laboral y subiendo el salario mínimo, ya que la precariedad laboral, genera la precariedad de las pensiones. Por ello llamamos a pensionistas y ciudadanía a movilizarse este 12 de febrero, para exigir a quienes nos gobiernan que cumplan de verdad sus promesas. Las leyes lo mismo que se aprueban se pueden derogar y reformar. El Gobierno tiene la mayoría suficiente para legislar en beneficio de todos y no solo del poder financiero.
Llamamos a la ciudadanía y pensionistas a defender unas pensiones dignas, su carácter público y unas condiciones de trabajo dignas para EXIGIR:
• Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas en función del incremento del “IPC real” (el “IPC Acumulado Anual”) tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el 2021.
• Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.
• Garantizar pensiones públicas dignas justas y suficientes y el carácter público del Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021, y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula.
