CGT fuentes
Postura de la CGT sobre el Ingreso Mínimo Vital promulgado el pasado 1 de junio
Comunicado del Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Desde el estallido de la crisis-estafa en 2008, la clase trabajadora no ha hecho más que soportar el coste de la misma y esto ha derivado en un terrible problema de pobreza y desigualdad hasta convertir al estado español en una de las economías con mayores índices de pobreza y desigualdad de toda Europa. Trabajadores y trabajadoras pobres, malnutrición infantil, desahucios y pobreza energética han sido algunas de los síntomas de una situación estructural y permanente, que se ha caracterizado por una constante desregulación del mercado de trabajo, impulsada por dos reformas laborales que han dejado muchos derechos en la cuneta, y que han dado lugar a un proceso de ajuste estructural continuo y a la institucionalización de la precariedad de nuestros empleos y nuestra vida personal.
La crisis del Covid-19, a su vez, ha supuesto una vuelta de tuerca a la anterior situación. Los datos de junio ponen sobre la mesa una realidad alarmante: 3.748.009 prestaciones por ERTE (98,5% de las solicitudes recibidas), de los cuales no sabemos qué parte pueden traducirse posteriormente en más despidos una vez finalizado el plazo estipulado.
Es en este contexto donde se encuadra la promulgación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Si bien es una medida que, según se ha indicado desde el gobierno, pretende que “esta crisis no la paguen los de siempre”, llama la atención el complejo entramado de requisitos, en algunos casos difícilmente acreditables, para acceder a las ayudas.
A modo de ejemplo, se establece que no podrán beneficiarse aquellas personas usuarias de otras prestaciones residenciales, sociales, sanitarias o sociosanitarias con carácter permanente o financiada con fondos públicos. Sin embargo, a la vez se exige a las personas demandantes para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV): “haber solicitado obligatoriamente todas las pensiones y prestaciones vigentes a las que tengan derecho, incluidas las del derecho alimentario”. O con respecto al grave problema del paro juvenil, por citar otro ejemplo, se establece como requisito indispensable vivir de forma independiente como mínimo con tres años antes de solicitar la ayuda. Los parados y paradas de larga duración, asimismo, encontrarán serias dificultades para acceder a dicho IMV, así como las personas migrantes en situación irregular, las solicitantes de asilo o las personas sin hogar, sin techo, para quienes resultará imposible justificar esa unidad de convivencia de, al menos, tres años de antigüedad.
Es decir, el número de personas destinatarias finales de este Ingreso Mínimo Vital (IMV) será muy inferior al de las personas que realmente lo necesitan, y aunque se estima que el número final de receptores potenciales será de 2,3 millones de personas, un análisis pormenorizado de los requisitos de obligado cumplimiento apuntan a que dicho número será sustancialmente inferior.
Desde la CGT estimamos que este Ingreso Mínimo Vital tiene mayor voluntad cosmética que real, y no cumple uno de los objetivos fundamentales que ha de perseguir cualquier renta mínima: dar capacidad real de negociación a la clase trabajadora frente a un mercado laboral cada vez más precarizado. Más bien al contrario, este Ingreso Mínimo Vital tiene el peligro de atornillar aún más la institucionalización de la precariedad, sufragando con medios públicos unos recursos que ya no aportarán las empresas por la vía de un salario digno y de unos impuestos que, a su vez, continuarán recayendo sobre las rentas más bajas.
Se ha estimado que el coste anual de este ingreso ascienda a 3.000 millones de euros, lo que supone el 2% del presupuesto de la Seguridad Social 2019, un 0,81% del total de los Presupuestos Consolidados de 2019, o si lo ponemos en relación al pago de la deuda pública, representa el 10% del pago de intereses de la deuda. Son números que se asemejan más a una medida caritativa y paternalista –teniendo en cuenta la gravedad del problema de pobreza estructural que venimos arrastrando– que a una medida que verdaderamente suponga un cambio de paradigma.
Por todo ello, desde la CGT seguimos apostando por una Renta Básica de las Iguales (REBis): es el derecho que tiene cada ciudadano y cada ciudadana, por el hecho de nacer, a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales y, por tanto, un verdadero instrumento de transformación social, así como en un mecanismo que garantiza la redistribución de la renta. Al contrario que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la REBis ha de ser individual (no familiar); universal (no contributiva y para todos); incondicional (independiente del nivel de ingresos y del mercado de trabajo), y su cuantía ha de ser por lo menos igual al umbral de pobreza y recibir cada persona la misma cantidad. Además, la REBis es compatible con otro tipo de ingresos.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
15 junio: Día Mundial para la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Las personas mayores no pueden ser un negocio
La asamblea de pensionistas de CGT-Úbeda manifiesta su apoyo a la convocatoria de la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) el lunes 15 de junio para:
– La Defensa de un sistema público de pensiones suficientes
– La Defensa de los servicios públicos como sanidad, educación, dependencia y residencias para la tercera edad.
– El Reparto del trabajo y la riqueza
La retirada de las últimas reformas laborales y de las pensiones «que han contribuido a precarizar más el empleo y disminuir las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social».
Reflexionar y denunciar lo ocurrido con las personas mayores durante esta pandemia recordando que cerca del 87% de las víctimas mortales tenían más de 70 años.
Algo más de 18.000 mayores han muerto en residencias que carecían de medios humanos (trabajos precarizados) y técnicos (medicalización) para hacer frente a la pandemia.
Cambiar el modelo actual de residencias como «aparcamientos de viejos y viejas en los que esperar la muerte» gestionadas con criterios economicistas, de rentabilidad y niveles mínimos de asistencia y corresponsabilidad del resto de la sociedad.
Por un modelo de prestación de cuidados integrales a las personas que viven en las residencias o viven en soledad en sus domicilios; todas esas personas mayores muy diversas en niveles de dependencia que dieron lo mejor de sí mismas por nuestro país.
Exigir que las personas mayores sean tratadas como sujetos con derechos y no como objetos a los que atender.
Cambiar el actual modelo puramente asistencial por un nuevo modelo que contemple el derecho a la salud, a ser cuidados y respete los derechos y autonomía personal.
No cuidar a quienes nos cuidaron, someter a las personas mayores a una selección de «las más fuertes y más rentables», nos convierte en una sociedad sin moral y sin dignidad.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO PÚBLICO SE DEFIENDE
Sindicato de OO.VV. de Úbeda -CG
CGT considera que se da una situación “idónea” para denunciar los contratos temporales
Si un contrato temporal afectado durante estos meses por un ERTE, es denunciado y declarado en fraude de ley, además de pagar mayor indemnización por el despido, la empresa deberá devolver las cotizaciones “perdonadas”. Nueve de cada diez nuevas contrataciones son temporales, y casi todas están hechas en fraude de ley.
El gobierno decretó que no se pueden efectuar despidos justificados en la situación creada por el COVID-19, pero no prohibió las finalizaciones de contratos. “Lo único que dijo es que si una empresa manda a un eventual a un ERTE, se le retrasa la finalización del contrato” señalan desde CGT.
Con la regulación específica aprobada durante el estado de alarma, las empresas no han tenido que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas afectadas por un ERTE. Estas cotizaciones suponen algo más del 30% del salario. Ahora bien, el gobierno ha puesto requisitos a las empresas y deben mantener el empleo durante 6 meses, ya que si despiden de forma objetiva o improcedente a esta persona, tendrán que devolver esas cotizaciones “perdonadas”.
Este mantenimiento de empleo no afecta a las finalizaciones de contratos temporales, y pueden mandar al ERTE a una persona con contrato temporal, y una vez terminado el ERTE, cuando llegue la fecha fin del contrato, extinguir la relación laboral sin tener que devolver estas cotizaciones.
Desde CGT defienden que el 80% de los contratos temporales están realizados en fraude de ley y deberían haberse realizado como indefinidos y no como temporales. Por tanto, “si el trabajador o trabajadora denuncia y la contratación se declara en fraude de ley, el efecto es el reconocimiento de despido improcedente, lo cual lleva aparejado una mayor indemnización y la obligatoriedad para la empresa de devolver esas cotizaciones”.
El sindicato anarcosindicalista anima a los y las trabajadoras a salvar el miedo a la denuncia y, como primer paso, a informarse de la situación de su contrato, para en un segundo paso interponer la correspondiente demanda. “En primer lugar, porque hay unos derechos que se han visto vulnerados. Y en segundo lugar, porque no podemos consentir que empresas que incumplen la normativa se aprovechen de bonificaciones y subvenciones que, al final, pagamos todos y todas”.
Secretaria de Comunicación CGT Aragón-La Rioja
FESIM-CGT anuncia movilizaciones en todo el Estado contra el cierre de Nissan y en apoyo a todas las plantillas
La organización anarcosindicalista señala que la sociedad debe implicarse en esta lucha, dando una respuesta unitaria y contundente
La Federación Metalúrgica de CGT (FESIM) ha emitido un comunicado para anunciar un ciclo de movilizaciones en los próximos días en apoyo a todas las personas afectadas, directa o indirectamente, por el cierre de Nissan.
CGT explica que esta campaña de movilizaciones busca el apoyo de todos los Comités de Empresa del sector de la automoción, y la realización de acciones y/o asambleas en los centros de trabajo. CGT indica que una de estas acciones es la colaboración económica con la caja de resistencia creada para colaborar con la plantilla de la factoría de Nissan Montcada que lleva en huelga indefinida más de un mes.
La organización anarcosindicalista ha anunciado también acciones puntuales en varias localidades y ciudades del Estado español para los días 22 y 25 de junio, frente a concesionarios de la marca, para denunciar la situación en la que pueden quedarse más de 25.000 familias afectadas por la decisión de cierre de la empresa.
La CGT ha realizado también un llamamiento a toda la clase trabajadora y al resto de la sociedad para que secunde estas movilizaciones por considerar esta situación la punta del iceberg de lo que puede producirse en el sector de la industria. CGT recuerda que es la clase obrera la que tiene y debe dar una respuesta unitaria y contundente ante estos ataques.
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT