CGT Confederal
Movilizaciones acordadas en defensa de la derogación de la REFORMA LABORAL
Cuando ha pasado más de un año desde la constitución del actual Gobierno en enero de 2020, solo quedan las promesas, los apretones de manos y el circo mediático. Tenemos sobre la mesa un gobierno central que, salvo determinadas cuestiones de orden cosmético, ha mantenido el statu quo en temas tan fundamentales como las Reformas Laborales o la Ley Mordaza.
Un gobierno que trata de anestesiar la protesta, autoproclamándose de izquierdas por enésima vez y utilizando la pandemia como justificación de su falta de acción.
Por otra parte, en muchos Ayuntamientos, así como en Comunidades
Autónomas, la entrada de la extrema derecha supone un retroceso hacia
postulados que ya considerábamos superados. Nada que no supiéramos, la
derecha española nada tiene de moderada. Ha sido siempre nostálgica e
intolerante.
Preocupa y mucho el clima de desmovilización que hay en este país, que ha preferido fiarlo todo a lo electoral y a las pretendidas bondades de los Fondos de Recuperación Europeos, que parece serán la panacea que resuelva todos nuestros males, cuando en realidad esconden de nuevo la perversión del sistema capitalista: dinero y beneficios para las grandes corporaciones y entramados financieros, pobreza y sufrimiento para la clase trabajadora.
Sin embargo, en medio de este panorama, la CGT es la única alternativa, con vertebración en todo el país, que puede defender con garantías una lógica distinta a la de los políticos, fundamentada en la movilización colectiva, en las calles y en los barrios, sin hipotecas y sin mochilas.
Respecto a la precariedad laboral, de nada servirán modificaciones puntuales a las Reformas Laborales de las eras Zapatero-Rajoy. Es necesario derogarlas al completo para evitar abusos como los despidos masivos una vez finalizados los ERTE de la pandemia, las indemnizaciones de miseria en caso de despido, el incremento galopante de la temporalidad, el desmantelamiento de la negociación colectiva, la falta de supervisión por parte de la autoridad laboral en caso de Expedientes de Regulación de Empleo, así como la rebaja en cuanto a sus requisitos.
Cuestiones que han propiciado un mercado laboral basado en la subcontratación y la temporalidad, que han creado millones de personas trabajadoras pobres y que, más allá de acabar con el problema del paro, han añadido una terrible realidad al panorama: la del paro intermitente y continuado. Condenando a las mujeres a esos trabajos invisibles de los cuidados, que repercuten negativamente en su situación de precariedad y pobreza, acentuando la brecha salarial y la de las pensiones.
Por eso es más necesario que nunca salir a la calle. Y tenemos que hacerlo ya, ahora que los mal llamados Agentes Sociales están negociando sobre la derogación de algunas de las cuestiones que afectan a las reformas laborales. Solo pretenden un cambio cosmético que no va a mejorar la vida de la clase trabajadora. Si queremos impedirlo tenemos que empezar a movilizarnos, ahora, antes de que sea demasiado tarde y solo nos quede
tiempo para lamentarlo.
Por eso en la última Plenaria Extraordinaria se ha acordado realizar
Concentraciones ante las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de todas Localidades y Provincias dónde esté la CGT los próximos días 22 de abril de 2021 y los días 13 y 27 de mayo.
Se trata de que se visualice nuestra protesta en todos los lugares posibles a lo largo de todo el estado, de forma continuada, antes de que tomen resoluciones irreversibles.
AHORA MÁS QUE NUNCA, POR LA DEROGACIÓN DE LAS REFORMAS
LABORALES.
´Vía: Secretaría de Acción Sindical de la Confederal
CGT FESIM considera insuficiente la partida presupuestaria de los Fondos Europeos destinada a las víctimas del amianto y exige al Gobierno la aplicación de los coeficientes reductores
CGT recuerda que hay miles de personas expuestas en sus lugares de trabajo a un producto potencialmente cancerígeno
La Confederación General del Trabajo (CGT) vuelve a remitir al Ejecutivo de PSOE-UP un documento en el que exige la aplicación del Real Decreto 1698/2011 de coeficientes reductores para aquellos trabajos que sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad para quienes tengan que realizarlos.
La organización anarcosindicalista ha expuesto en este nuevo escrito, dirigido también a la mayoría de los grupos parlamentarios, que la aprobación de estos fondos económicos, para un tema tan grave, es insuficiente porque no elimina el verdadero problema que es la existencia de miles de toneladas de material de amianto en todo el Estado y la falta de un protocolo para su retirada total a corto plazo.
En este sentido, desde CGT reprochan a todos estos grupos políticos que desde ningún Gobierno se haya puesto en marcha ningún paquete de medidas o acciones para eliminar de numerosos centros de trabajo a lo largo y ancho del Estado español este material altamente cancerígeno.
CGT manifiesta que estos fondos o partidas presupuestarias solo pretenden tapar la negligencia que ha existido y sigue existiendo con este asunto en el Estado español. Es por ello, que desde esta organización han querido dejar claro que no darán por resuelto este tema con la simple recepción de cantidades económicas y ocultar un problema de salud como el que causa el amianto a miles de personas trabajadoras cada día.
Desde CGT anuncian su disposición a continuar tratando esta cuestión con el objetivo de encontrar soluciones reales en defensa de la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras.
Vía: Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
CGT exige al Gobierno de PSOE-UP la aplicación del artículo 35.2 del E.T. sobre supresión de las horas extras
La organización anarcosindicalista considera que la realización de horas extras es un atentado contra el empleo y la salud laboral de las personas trabajadoras
La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha dirigido al Gobierno de Sánchez e Iglesias para volver a exigir la aplicación inmediata del artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, en relación a la supresión de las horas extras.
Según CGT en este escrito, en los últimos meses se ha desatado una grave crisis económica, social y laboral, a raíz de la expansión de la pandemia de Covid-19, que está siendo aprovechada por las grandes multinacionales para aplicar recortes en sus plantillas, que inciden a su vez en los derechos laborales y sociales de miles de personas ante un futuro muy incierto.
Desde CGT recuerdan que llevan muchísimos años denunciando que la realización de horas extras es un atentado contra el empleo, precisamente porque esas bolsas de horas, las jornadas en festivos o los calendarios hiperflexibilizados que han sido firmados por los sindicatos mayoritarios, destruyen el empleo, precarizan el existente y fomentan el sobreesfuerzo para las personas trabajadoras. En concreto, desde FESIM CGT indican que, durante la pandemia de Covid-19, con casi un millón de personas acogidas a ERTE y el aumento del paro, las horas extras se han multiplicado alarmantemente porque se ha obligado a muchas personas a hacerlas como práctica habitual.
CGT considera que esta realidad supone que miles de personas no puedan acceder al mercado laboral, y por lo tanto la riqueza no se pueda redistribuir de una manera más justa entre quienes peor lo están pasando y soportan siempre el peso de cada “crisis” económica.
Vía: Gabinete de Prensa del Comité Confederal de la CGT.
CGT anuncia acciones frente a las medidas “anticovid” contra las clases populares impuestas por la derecha en Madrid
La organización anarcosindicalista rechaza las medidas impuestas por el Gobierno de Díaz Ayuso y asegura que no lograrán encerrar ni callar a la clase trabajadora
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que deja claro que ante las nuevas medidas impuestas, para hacer frente a la pandemia de coronavirus por la clase política de la Comunidad de Madrid, llevarán a cabo acciones contra el encierro selectivo y el silencio que pretenden imponer a la población más vulnerable.
En este sentido, desde CGT se ha señalado directamente a la derecha, la que lleva años gobernando la Comunidad de Madrid, como causante y responsable de la situación de caos que vive la capital, con los servicios públicos colapsados en unos momentos tan complicados donde miles de personas se juegan la salud.
Esta situación, según la CGT, ha generado una auténtica alarma social debido al crecimiento de los contagios, los hospitales al límite de su capacidad y las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) a punto de colapsarse nuevamente, sin olvidar la situación de numerosísimas residencias de personas mayores cuyos datos se siguen ocultando deliberadamente por el desgobierno de Días Ayuso y sus colaboradores y enchufados políticos.
Para la CGT, los responsables directos de esta situación son el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la presidenta a la cabeza, el vicepresidente y sus consejeros, y todos aquellos empresarios y asesores que han rodeado al equipo de Gobierno para lograr convertir la desgracia y el sufrimiento de miles de personas en una oportunidad de negocio para sus amigos y allegados.
CGT tampoco pasa por alto el vergonzoso discurso clasista y racista que desde hace meses se viene articulando por parte de la derecha y la extrema derecha, consistente en culpar a la clase trabajadora de las consecuencias de sus propias políticas neoliberales.
CGT manifiesta que no tragará con estas nuevas medidas “anticovid” impuestas solamente para un sector de la población, el más vulnerable y castigado por los Gobiernos de turno, a pesar del incremento de los medios represivos y de coacción.
Vía: GABINETE PRENSA CGT
CGT considera un éxito el seguimiento de los paros convocados en Iveco Valladolid
Desde la Federación Metalúrgica de la Confederación General del Trabajo (FESIM-CGT), aseguran que, pese a las trabas y al boicot impuesto por el resto de organizaciones sindicales, los paros convocados por CGT en solitario han demostrado el hartazgo de la plantilla tanto con el Comité de Empresa como con la dirección de Recursos Humanos de Iveco.
Para la CGT, el éxito en el seguimiento de los paros que este sindicato tenía convocados en la jornada del viernes 24 de julio en Iveco Valladolid ha sido rotundo.
Desde la organización anarcosindicalista consideran que pese a que el seguimiento ha sido de alrededor de un 20% de la plantilla, se ha logrado paralizar la producción de la factoría, y lo más importante, se ha conseguido lanzar un mensaje tanto al Comité de Empresa como a la dirección de Recursos Humanos.
No obstante, CGT cree que el apoyo a los paros hubiera sido mayor si desde el propio Comité de Empresa no se hubiera lanzado un bochornoso comunicado llamando al esquirolaje y sembrando el miedo en la plantilla. Aun así, no han podido frenar la protesta de la plantilla en la jornada de ayer.
Para CGT la respuesta que hoy ha tenido la plantilla de Iveco Valladolid, debe de marcar un antes y un después, tanto en la relación del Comité de Empresa como con la plantilla. También debe marcar un punto de inflexión en las relaciones con Recursos Humanos por la deriva totalitarista que ha cogido, propio de regímenes de otros tiempos.
Los anarcosindicalistas han anunciado que si los cambios exigidos en la mejora de la situación de las trabajadoras y los trabajadores de Iveco no llegan, no dudaran ni un solo segundo en convocar nuevas movilizaciones y llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias en defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora.
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
Organizaciones sindicales y sociales presentan la plataforma “Contra las Desigualdades Sociales. Por la Justicia Social y Ambiental”
Se convoca a medios y periodistas a la presentación en rueda de prensa de la plataforma, en construcción, de organizaciones sindicales alternativas, colectivos y movimientos sociales, con el objetivo de movilizar a la clase trabajadora y a todos los sectores populares.
Este espacio, que se está creando ante el aumento de las desigualdades sociales y el ataque a los derechos y libertades de la población, desarrollará su actividad fundamentalmente en los territorios, pero también en el ámbito estatal. Somos organizaciones y movimientos sociales con una función profundamente política, independientemente de que no dependamos de partido alguno; por ello, no habrá formaciones partidistas dentro de la estructura de este espacio.
Representantes de los colectivos participantes explicarán, con más detalle, durante la rueda de prensa las reivindicaciones de este espacio de lucha social y las próximas acciones a desarrollar a partir de septiembre de 2020.
Fecha: martes, 28 de julio de 2020.
Hora: 11:00 a.m.
Intervienen: Pepe Aranda (Secretario de Organización CGT), Carmen Esbrí, (Coordinadora Estatal de Mareas Blancas) y una persona en representación de Ecologistas en Acción.
Lugar: Calle Sagunto, nº15-1º (Madrid). Metro: Iglesia. Debido a la “nueva normalidad”, esta rueda de prensa también se realizará a través de videoconferencia (zoom), a través del siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jXAYBr5mQaKRl7X_OK8c8Q
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
Las personas mayores no pueden ser un negocio
La consecuencia más dolorosa y cruel de la pandemia del COVID-19 ha sido su elevada letalidad entre la población mayor de 70 años: cerca del 87% de las víctimas mortales de la enfermedad tenían más de esa edad.
Dolorosa porque de los más de 27.000 fallecidos y fallecidas por el coronavirus, se cebó y se instaló en las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, donde algo más de 18.000 han muerto en esos centros, que carecían de medios humanos y técnicos (medicalización), para hacer frente a la pandemia.
Centros considerados como “aparcamiento de viejos y viejas” y gestionados con criterios de rentabilidad, pues una gran parte de las residencias se encuentran en manos privadas, donde la obligación de prestar unos cuidados integrales a las personas que residen en las mismas, es sustituida por el criterio de la eficacia económica y el beneficio privado.
Las Residencias de Personas Mayores, son concebidas por los distintos gobiernos -desde los antiguos asilos al actual modelo-, como lugares donde esperar la muerte con unos niveles mínimos de asistencia. Y con corresponsabilidad del resto de la sociedad, al no poder cuidar y atender a quienes nos cuidaron y atendieron.
Los poderes públicos, las instituciones, las CCAA, ponen en marcha el modelo de Residencias, para dar respuesta al problema de muchas familias que, o bien no residen donde sus mayores, o no pueden, o simplemente no se les quiere atender, a la vez, dar respuesta a miles de personas mayores que están solas.
El concepto es puramente asistencial, muy alejado de garantizar el derecho a ser cuidados y cuidadas, mantener y respetar la autonomía de estas personas y respetar que son sujetos de derecho. Desde esta perspectiva de la “gestión pura y simplemente asistencial”, los fondos buitres y determinadas empresas multinacionales, se han lucrado a costa de los derechos de las personas mayores y de los derechos laborales de las trabajadoras y profesionales de las Residencias.
Este modelo de gestión privada, se constituye con la “liberalización” de los Servicios Públicos, todos, desde la Educación, la Salud, las Pensiones y la Dependencia, los cuales son gestionados desde la perspectiva del negocio, utilizando recursos públicos (infraestructuras, dineros transferidos directamente desde las instituciones públicas, etc.), a la vez que las condiciones de las personas trabajadoras son precarizadas (plantillas absolutamente insuficientes, carencia de medios, salarios muy precarios), con los resultados dramáticos y crueles que conocemos en estos tiempos de pandemia.
Estos datos tan aterradores, tienen un añadido de responsabilidad política por todas las instituciones del Estado: se les ha violado su derecho a la Salud, -y en consecuencia, a la vida- al decidir quienes podían ser atendidos en los hospitales y quienes no, discriminando a estas personas por el hecho de ser mayores.
Grave, muy grave, pues nos encontramos ante una “selección de los más fuertes y de los rentables”, no el derecho a una vida digna. Por eso “empresarios despreciables” que tienen en las Residencias un buen negocio, han pedido a las instituciones públicas “compensaciones dinerarias (más de 7 millones de euros) por lucro cesante, es decir, porque considera que no han ganado lo que pensaban ganar, debido a la pandemia del COVID-19. Tenemos precedentes, con el caso Castor donde el Estado, con recursos públicos, les “embolsó” cerca de 3.000 millones de euros, en vez de llevarles ante la justicia, por estar atentando contra la Salud y la Vida de la población.
CGT reivindicamos, defendemos y luchamos por el derecho a la Sanidad Pública y la atención, con los Cuidados necesarios, a las personas Dependientes, tanto de las personas que ejercen esos derechos como de las trabajadoras que les atienden.
Las personas que se encuentran en las Residencias, no son “objetos a los que atender”, sino sujetos de derechos que deben ser cuidadas y cubiertas sus necesidades, desde su autonomía personal y con la ayuda de las profesionales trabajadoras.
Desde CGT, hacemos un llamamiento a potenciar y participar en las movilizaciones anunciadas para este mes de junio.
“El no cuidar a quienes nos cuidaron -nuestras personas mayores-, nos convierte en una sociedad sin moral y sin dignidad”
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Vía: http://rojoynegro.info/articulo/ideas/las-personas-mayores-no-pueden-ser-un-negocio
El Tribunal Supremo obliga a pagar también en vacaciones el salario real a las personas con contrato a tiempo parcial
La Sentencia conocida hoy, de fecha 22 de mayo de 2020, es un gran avance frente a la discriminación a las personas con contrato temporal que veían mermada su retribución en vacaciones
a Confederación General del Trabajo (CGT) ha ganado el pulso en materia de no discriminación entre personas trabajadoras a tiempo completo y personas trabajadoras a tiempo parcial obligando a que la retribución de las vacaciones no esté condicionada por la jornada que realicen en el momento del disfrute de las mismas, garantizando en todo caso la retribución ordinaria o habitual percibida a lo largo del año.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional había desestimado la demanda interpuesta en solitario por CGT que solicitaba el derecho de los trabajadores/as percibir la retribución de las vacaciones computando las ampliaciones de jornada realizadas durante todo el año. CGT, que interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo fundamentándose en la vulneración del artículo 7.1 del Convenio 132 OIT, de la Directiva 2003/88 y de la STJUE de 22 de julio de 2014, finalmente ha ganado la batalla, pese a que la Fiscalía del Tribunal Supremo había informado en contra de nuestras pretensiones. Tras dos años de litigio, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2020 declara el derecho de los trabajadores/as a que se retribuyan las vacaciones teniendo en cuenta las ampliaciones de jornada que se realicen a lo largo del año, aunque no subsistan en la fecha del disfrute vacacional, de forma que se promedie el salario percibido en los once meses correspondientes a la anualidad de cada período vacacional retribuido.
Esta sentencia de Conflicto Colectivo, frente a la empresa de Telemarketing Transcom Worldwide Spain, empresa con más de 40.000 personas dadas de alta, la mayoría mujeres a tiempo parcial con salarios que no llegan al SMI, es un paso también en materia de igualdad, dado que en un sector tan precario y feminizado como este quien más sufre estas injusticas son las mujeres.
A partir de ahora, en todos aquellos supuestos similares, la CGT será inflexible y denunciará o por discriminación a las personas contratadas a tiempo parcial y por discriminación indirecta por razón de sexo. Además, esta sentencia, pese a analizar la situación de una empresa con concreta, abre un camino importantísimo para un campo de aplicación mucho mayor, ya que los fundamentos de derecho de que se sirve son comunes a otras actividades productivas. Desde hoy mismo las secciones sindicales de esta organización anarcosindicalista exigiremos que se aplique esta sentencia en el resto de las empresas y sectores.
La CGT ha mostrado su satisfacción por este nueve avance y recalca que continuará peleando por los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores.
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
Postura de la CGT sobre el Ingreso Mínimo Vital promulgado el pasado 1 de junio
Comunicado del Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Desde el estallido de la crisis-estafa en 2008, la clase trabajadora no ha hecho más que soportar el coste de la misma y esto ha derivado en un terrible problema de pobreza y desigualdad hasta convertir al estado español en una de las economías con mayores índices de pobreza y desigualdad de toda Europa. Trabajadores y trabajadoras pobres, malnutrición infantil, desahucios y pobreza energética han sido algunas de los síntomas de una situación estructural y permanente, que se ha caracterizado por una constante desregulación del mercado de trabajo, impulsada por dos reformas laborales que han dejado muchos derechos en la cuneta, y que han dado lugar a un proceso de ajuste estructural continuo y a la institucionalización de la precariedad de nuestros empleos y nuestra vida personal.
La crisis del Covid-19, a su vez, ha supuesto una vuelta de tuerca a la anterior situación. Los datos de junio ponen sobre la mesa una realidad alarmante: 3.748.009 prestaciones por ERTE (98,5% de las solicitudes recibidas), de los cuales no sabemos qué parte pueden traducirse posteriormente en más despidos una vez finalizado el plazo estipulado.
Es en este contexto donde se encuadra la promulgación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Si bien es una medida que, según se ha indicado desde el gobierno, pretende que “esta crisis no la paguen los de siempre”, llama la atención el complejo entramado de requisitos, en algunos casos difícilmente acreditables, para acceder a las ayudas.
A modo de ejemplo, se establece que no podrán beneficiarse aquellas personas usuarias de otras prestaciones residenciales, sociales, sanitarias o sociosanitarias con carácter permanente o financiada con fondos públicos. Sin embargo, a la vez se exige a las personas demandantes para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV): “haber solicitado obligatoriamente todas las pensiones y prestaciones vigentes a las que tengan derecho, incluidas las del derecho alimentario”. O con respecto al grave problema del paro juvenil, por citar otro ejemplo, se establece como requisito indispensable vivir de forma independiente como mínimo con tres años antes de solicitar la ayuda. Los parados y paradas de larga duración, asimismo, encontrarán serias dificultades para acceder a dicho IMV, así como las personas migrantes en situación irregular, las solicitantes de asilo o las personas sin hogar, sin techo, para quienes resultará imposible justificar esa unidad de convivencia de, al menos, tres años de antigüedad.
Es decir, el número de personas destinatarias finales de este Ingreso Mínimo Vital (IMV) será muy inferior al de las personas que realmente lo necesitan, y aunque se estima que el número final de receptores potenciales será de 2,3 millones de personas, un análisis pormenorizado de los requisitos de obligado cumplimiento apuntan a que dicho número será sustancialmente inferior.
Desde la CGT estimamos que este Ingreso Mínimo Vital tiene mayor voluntad cosmética que real, y no cumple uno de los objetivos fundamentales que ha de perseguir cualquier renta mínima: dar capacidad real de negociación a la clase trabajadora frente a un mercado laboral cada vez más precarizado. Más bien al contrario, este Ingreso Mínimo Vital tiene el peligro de atornillar aún más la institucionalización de la precariedad, sufragando con medios públicos unos recursos que ya no aportarán las empresas por la vía de un salario digno y de unos impuestos que, a su vez, continuarán recayendo sobre las rentas más bajas.
Se ha estimado que el coste anual de este ingreso ascienda a 3.000 millones de euros, lo que supone el 2% del presupuesto de la Seguridad Social 2019, un 0,81% del total de los Presupuestos Consolidados de 2019, o si lo ponemos en relación al pago de la deuda pública, representa el 10% del pago de intereses de la deuda. Son números que se asemejan más a una medida caritativa y paternalista –teniendo en cuenta la gravedad del problema de pobreza estructural que venimos arrastrando– que a una medida que verdaderamente suponga un cambio de paradigma.
Por todo ello, desde la CGT seguimos apostando por una Renta Básica de las Iguales (REBis): es el derecho que tiene cada ciudadano y cada ciudadana, por el hecho de nacer, a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades materiales y, por tanto, un verdadero instrumento de transformación social, así como en un mecanismo que garantiza la redistribución de la renta. Al contrario que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la REBis ha de ser individual (no familiar); universal (no contributiva y para todos); incondicional (independiente del nivel de ingresos y del mercado de trabajo), y su cuantía ha de ser por lo menos igual al umbral de pobreza y recibir cada persona la misma cantidad. Además, la REBis es compatible con otro tipo de ingresos.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT