La jornada irregular aumenta los riesgos psicosociales
El trabajo se puede pensar como la relación laboral establecida por contrato donde se acuerda tiempo de trabajo a cambio de salario.
El tiempo o jornada tiene dos perspectivas. La perspectiva del empresario es la jornada efectiva, el tiempo que el trabajador dedica a su cometido laboral propio, el tiempo que el trabajador se encuentra en su puesto de trabajo. La perspectiva del trabajador es la de la jornada real, el tiempo que el trabajo le resta de hacer otras cosas, donde se podrían incluir el tiempo de transporte, el de cambiarse en el vestuario, el de los descansos. La jornada de 8 horas ha sido un logro, como lo fue la jornada regular.
La reforma laboral del PP socavó este derecho permitiendo que la empresa disponga de un 10% del tiempo de la vida del trabajador a su capricho para ajustarse a la demanda, para eliminar el pago de las horas extras, y en definitiva, para incrementar, todavía más, sus plusvalías y beneficios mediante la flexibilización de la jornada. Esto supone otra merma en la libertad personal del trabajador y otro empujón, por parte del Estado, al incremento de la desigualdad de poder en esta relación laboral.
La ventaja que obtiene la empresa es evidente, pero el trabajador se ve sometido a una situación en la que, avisándole con 5 días de antelación, le pueden programar su trabajo y su tiempo desde el punto de no tener que trabajar durante una semana, hasta el de tener que trabajar 10 horas al día durante un mes entero. Esta situación de incertidumbre por la jornada irregular ocasiona en el trabajador un daño incuestionable en su vida social y familiar. Lo podemos considerar como un factor de riesgo psicosocial grave ocasionado por la organización del trabajo y amparada por la ley.
Los problemas de conciliación con la familia, los problemas para hacer una vida social satisfactoria, la fatiga ocasionados por jornadas de 10 horas al día, los problemas de estrés por la falta de tiempo para la vida personal… son problemas que ignoran las empresas, pero que la acción sindical, la negociación del convenio y los delegados de PRL deben afrontar. Aunque la ley, de momento, esté de su parte, las inspecciones de trabajo suelen obligar a las empresas a realizar una evaluación de riesgos psicosociales y a adoptar las medidas que exijan el análisis de sus resultados. Cuando perdemos el control de nuestro tiempo alguien lo gana. Cuando perdemos parte de nuestra libertad, alguien aumenta su capacidad de dominar. Hay que pararlo.