Residencias e impunidad
Más de 35.000 muertes han acaecido en nuestras residencias durante la pandemia y ningún responsable.
A pesar de las denuncias de los familiares y organizaciones sociales todos los poderes del estado en todos los ámbitos han evitado depurar responsabilidades.
Parece que el negocio de las residencias es mucho más importante que la vida de nuestros mayores.
Hace casi dos años que la pandemia asoló las residencias geriátricas en España, provocando 35.670 muertes entre las personas mayores. Detrás de estas muertes se han denunciado una serie de acciones y omisiones tanto públicas como privadas (que gestionan el 85% de las plazas) y que habrían contribuido a ellas, pero no ha habido ninguna detención.
Además se han reportado graves vulneraciones de derechos fundamentales de los ancianos residentes: el derecho a la vida, el no sometimiento a tratos inhumanos o degradantes, la libre circulación, la intimidad personal y familiar o la igualdad con el resto de la ciudadanía en el acceso a los recursos sanitarios.
Pero parece que solo las familias recuerdan lo sucedido. Ha habido sólo tres comisiones de investigación parlamentaria en Madrid, Cataluña y Castilla y León a las que se ha dado carpetazo. Las denuncias ante los tribunales se archivan o directamente no se admiten a trámite. En la Fiscalía casi el 90% de las diligencias han sido archivadas sin llevar siquiera el caso a los tribunales. Los gestores de las residencias se amparan en la excepcionalidad de la pandemia. Los protocolos oficiales de Madrid y Cataluña que impidieron a miles de mayores recibir el tratamiento hospitalario al que tenían derecho ni siquiera se habían investigado hasta ahora.
El Congreso no ve prioritario crear la «comisión de la verdad» que pide Amnistía Internacional. Ni los partidos que forman la coalición ni sus socios habituales apoyan las investigaciones.Las muertes siguen sucediendo y nadie depura responsabilidades que solo han mostrado algo ya evidente en nuestro sistema asistencial.