CCOO y UGT, ordeñando el Covid-19
<<Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen>>
(Honoré de Balzac)
Dicen que un panal de rica miel… Los hoy todopoderosos Kennedy se hicieron ricos y honorables saltándose las restricciones de la ley seca. El último pirata del mediterráneo, el mallorquín Juan March, creó un imperio bancario conspirando durante la guerra civil a favor de Franco, y hoy da nombre a una fundación filantrópica que luce con luz propia en el campo de la cultura humanística y científica. La química alemana Bayer se hizo una potencia en el sector vendiendo el gas zyklon con que los nazis asfixiaban a los judíos durante el holocausto, y hoy encarna a uno de los equipos de fútbol más famosos del mundo, el Bayer Leverkusen. A los triunfadores no se les mira el diente, solo el talonario.
La crisis desatada por el Covid-19 también tiene sus depredadores. Y no solo entre los oportunistas y mercenarios que aprovechan las circunstancias para lucrarse traficando con los EPIs (Equipos de Protección Individual: mascarillas, test, respiradores, batas, guantes) o cualquier otro de material sanitario necesario para combatir la pandemia. Hay otros aprovechados que están entre nosotros, asimilados, al margen de los circuitos opacos en que se mueve la criminalidad organizada con licencia para especular. Son aquellas instituciones dignas de ninguna sospecha que usan la legalidad para sus impresentables fines. A menudo con el visto bueno de las propias autoridades, cuando no precisamente gracias a su dilecta complicidad, por acción u omisión. Altruistas de reconocido prestigio que brillan como agentes sociales <<representativos>>. Es el caso de la actuación de los sindicatos pretendidamente mayoritarios (la afiliación en España es del 13,7% de la población activa, el mínimo histórico) en el caso de las medidas laborales aprobadas por el gobierno de coalición de izquierdas para paliar la crisis social desatada por el coronavirus. Veamos.
Para empezar tenemos dos sindicatos, autodenominados de clase, que en 2010 y 2012 llamaron a la huelga general para revertir las contrarreformas labores perpetradas por el gobierno del PSOE, primero, y por el del Partido Popular, a continuación, para reasignar el impacto de la crisis financiera desatada en 2008. Luego contamos con una ministra en el gobierno de coalición de izquierda PSOE-Unidas Podemos que al tomar posesión de su cargo prometió solemnemente derogar la contrarreforma hecha en la etapa de Mariano Rajoy (la confluencia con Pedro Sánchez en el poder dejó sin respuesta acometer otro tanto con la realizada por José Luis Rodríguez Zapatero). Pasados pocos días de aquella triunfal presentación, la titular de dicha cartera en el Ejecutivo <<rotundamente progresista>>, la dirigente comunista Yolanda Díaz, anuló al punto del artículo 52 del Estatuto de los Trabajados (ET) referido al despido por bajas médicas justificadas, dejando para más hacer otro tanto con las partes <<más lesivas>> de las normas introducidas por el PP.
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