Ley Mordaza y las mordazas de la ley
Desde aquel 1 de Julio de 2015 seguimos expuestas a distintas formas de represión, dependiendo del criterio del policía o guardia civil de turno. En este tiempo ha aumentado la vulneración de los derechos fundamentales.
Aún no se ha cumplido la promesa de derogación por parte de los partidos que forman el gobierno de coalición.
Llevamos años denunciando los retrocesos en las libertades de expresión, manifestación e información frente a quienes en nombre de la libertad especulan con nuestros derechos fundamentales. Mientras tanto somos testigos atónitos de la impunidad de la que disfrutan ciertos sectores de la ultraderecha al no ver reprimido su discurso – y saludo- fascista ni sus vítores al dictador.
Estos actos fundamentan las políticas necropolíticas neoliberales que intentan poner en valor unas vidas sobre otras.
Lxs excluidxs y reprimidxs son lxs que no interesan al poder. Son lxs que no producen ni consumen y que sólo existiendo ponen en evidencia la crueldad del neoliberalismo y sus desigualdades.
Otro aspecto clave es el aumento de poder discrecional que esta ley ha otorgado a los miembros de los cuerpos policiales facilitando comportamientos abusivos y arbitrarios.
Basta con que un/una policía declare en contra de alguien para que se valide su actuación. Basta con que las fuerzas de seguridad responsabilicen a alguien de cualquier hecho para que se le interponga una sanción.
Las fuerzas de seguridad se convierten en juez y parte estando su autoridad desproporcionadamente blindada en detrimento de la presunción de inocencia del denunciadx.
En 2020, en medio de una crisis sanitaria marcada por la pandemia, se impusieron más de 1 millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza.
Se trata, en definitiva, de una herramienta represiva para desincentivar distintas luchas y que a su vez afecta aspectos de nuestra vida cotidiana criminalizando la pobreza y legalizando las devoluciones en caliente, entre otras situaciones.
Es lógico que ningún gobierno quiera derogar por completo una norma de este tipo, ya que es una herramienta más del Estado para imponer el orden.