Las enseñanzas de la crisis de las residencias
El COVID-19 ha mostrado la cara más terrible del sistema asistencial a las personas dependientes.
Más allá de las responsabilidades públicas o privadas, el fracaso del modelo actual hace necesario un modelo alternativo público y autogestionado.
La consecuencia más dolorosa y cruel de la pandemia del COVID-19 ha sido su elevada letalidad entre la población mayor de 70 años: cerca del 87% de las víctimas mortales.
Las residencias de personas mayores, son concebidas como lugares donde esperar la muerte con unos niveles mínimos de asistencia. Está concepción no garantiza el derecho al cuidado y no respeta la autonomía ni los derechos de estas personas.
Las Naciones Unidas designó el 15 de junio como día mundial para la toma de conciencia del abuso y maltrato de la vejez. Lo ocurrido en España durante esta pandemia, con cerca de 20.000 fallecidos en las residencias pone en evidencia esta vulnerabilidad.
Nuestro sistema asistencial se basa en un modelo de gestión privada y externalización de servicios, que prioriza y prima el beneficio económico sobre la atención y el cuidado de las personas. Como consecuencia tenemos la falta de recursos y de medios materiales y humanos para afrontar la crisis sanitaria en las residencias. Además las personas que habían optado por vivir solas y que han sufrido en soledad, sin ayudas las muertes y la desatención en su casa.
Estas carencias sumadas a la escasez control, cuando no negligencia (decidiendo quienes podían ser atendidos en los hospitales y quienes no), por parte de la administración está detrás del trágico balance como hemos denunciado la COESPE y la CGT y ha reconocido el Defensor del Pueblo.
El modelo de la gestión privada (que gestiona el 85% de las plazas) solo ha servido para aumentar los beneficios de los fondos buitres y empresas como CLECE. Es el fracaso de un modelo de “liberalización” de los Servicios Públicos para que utilizando recursos públicos (infraestructuras y dinero transferidos desde las instituciones públicas) los gestionen estas empresas como su negocio, precarizando a las plantillas y cercenando los derechos de los usuarios.
El perfil de las personas mayores y la crisis de las residencias nos muestran la necesidad de un modelo centrado en las personas y en sus necesidades, en el desarrollo de programas de atención domiciliaria y de ayuda en la dependencia que favorezcan la inclusión y el envejecimiento activo. La financiación pública debe garantizar los cuidados a las personas dependientes en la tercera edad y permitir la autogestión por los propios usuarios